Cuidado con los extremos: La crisis europea y las políticas de protección social | Artículos

El penúltimo capítulo de la crisis financiera internacional que comenzó a sacudir al mundo en septiembre de 2008 se está viviendo con gran intensidad en Europa y ha puesto contra las cuerdas al propio euro. La debacle griega, que se está extendiendo a Portugal, España, Italia e Irlanda, ha llevado a poner en entredicho la sostenibilidad del modelo de estado de bienestar que caracteriza a Europa.

Desde América Latina, algunos defensores del modelo de libre mercado han adoptado una actitud que en ciertos casos ha rayado en la satisfacción ante la desgracia ajena: la crisis europea es la confirmación práctica de que a los mercados no se les puede engañar y que los ciudadanos de esos países han estado viviendo por encima de sus posibilidades.

El argumento es en principio correcto. El desorden fiscal de los países más afectados está ahora pasando la cuenta. Es algo que hemos vivido repetidamente en América Latina (y que algunos países, como Argentina o Venezuela, insisten en seguir viviendo).

Lo que resulta incorrecto, en mi opinión, es utilizar la crisis europea como excusa para poner en entredicho las ideas centrales detrás del llamado "estado de bienestar".

La experiencia ha demostrado en las últimas décadas en América Latina que la apertura y la desregulación económica y las políticas fiscales prudentes son las mejores herramientas para generar desarrollo y disminuir la pobreza. Pero también es cierto que el modelo de libre mercado necesita ser complementado con políticas que fomenten la creación de redes de protección social e instancias solidarias.

Esto es especialmente cierto en países como los latinoamericanos, donde la gran mayoría de la población vive en pobreza y donde la igualdad de oportunidades es muchas veces una quimera, dada la falta de acceso a infraestructura y a servicios adecuados de educación y salud que sufren los más pobres.

La combinación de economía de mercado y preocupación social ha sido precisamente uno de los ingredientes claves del éxito de Chile y de la validación social del modelo que marcan la mayor parte de las encuestas. Lo mismo se puede decir de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay y de los distintos presidentes que sucedieron a Alberto Fujimori en Perú.

Como ha señalado en distintas ocasiones en sus columnas en el New York Times el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, los procesos de libre comercio y de apertura económica en general deben ir acompañados de políticas de protección social para los sectores que por distintas razones son afectados por estos cambios.

Así como muchos economistas y políticos estatistas se aprovecharon de las opiniones críticas de Joseph Stiglitz a los excesos de la globalización para defender modelos obsoletos, hoy, desde la otra vereda, muchos se cuelgan de la crisis europea para defender posiciones libertarias extremas. No creo que sea bueno para América Latina caer en este otro extremo.

Es cierto que en casos como Grecia, o, en menor medida, España, Italia e Irlanda, el gasto estatal se expandió más allá de lo razonable y que algunas redes de protección social --como los sistemas de seguros de desempleo-- han estado mal diseñadas, al punto de impedir el desarrollo de un mercado laboral sano y de haber contribuido a la expansión del déficit fiscal debido a su exagerada generosidad. Pero esto no significa que las redes de protección social sean malas per se. Y esto es algo que necesitamos recordar siempre en América Latina, especialmente si queremos el desarrollo de una economía abierta y pujante a partir políticas de libre mercado.

Raúl Ferro es miembro del Consejo Consultivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).