Recientemente leí un libro que les produciría un shock a los lectores amantes de la libertad, quienes gracias al Dr. Thomas Szasz se volvieron escépticos y hasta críticos de la psiquiatría, particularmente en la sala del tribunal.
The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba ("La política de la psiquiatría en la Cuba revolucionaria") por Charles J. Brown y Armando M. Lago (Transaction, 1992) provee una evidencia irrefutable y documentos gráficos que demuestran que el gobierno totalitario de Cuba ha utilizado (y continúa utilizando) la psiquiatría para propósitos políticos - en este caso, la represión política, el aplastamiento del disenso y el establecimiento de la conformidad dentro de la estructura política de la prisión en la Cuba comunista-.
Los autores han investigado cuidadosamente las historias de 27 disidentes cubanos que fueron culpados de crímenes políticos (oposición no-violenta al régimen), arrestados, interrogados por el aparato de Seguridad del Estado, y luego tratados cruelmente como casos psiquiátricos. En Cuba, los psiquiatras deben cooperar con la Seguridad del Estado o afrontar represalias, arrestos y castigo por parte del gobierno comunista; por lo tanto no se puede hablar de oposición.
Un claro patrón emerge de los casos. Después del arresto, los individuos son llevados usualmente a la Sede de Seguridad del Estado de Villa Marista para ser sometidos a un duro interrogatorio, luego al hospital de psiquiatría de La Habana (también conocido por su viejo nombre, Mazorra) dónde ellos padecieron un terror inexplicable. No fueron llevados a los pisos limpios y a los pasillos del pabellón Paredes, dónde los dignatarios extranjeros van a ver los maravillosos avances en psiquiatría en el sistema cubano para el cuidado de la salud, sino que fueron a los horribles pabellones Salas Carbó-Serviá y Castellanos, los cuales están bajo el control de la Seguridad del Estado.
En esos patéticos pabellones era obvio que los "pacientes" no eran confinados para ser tratados por "enfermedad mental", sino para ser aterrorizados. Algunos permanecían días, semanas o meses entre los juzgados criminalmente como insanos, para forzarlos a remitirse y a actuar conforme a los dictados de la Seguridad del Estado. Otros fueron forzados a ingerir grandes cantidades de drogas psicóticas (incluyendo Thorazine y otras fenotiazinas) o a someterse a otro "tratamiento" más drástico con terapia electroconvulsiva (ECT), usualmente sin anestesia o relajantes musculares, bajo la supervisión de un sádico enfermero llamado Heriberto Mederos, quién era realmente un agente de la Seguridad del Estado apodado "El Enfermero".
Cada mañana a las cinco en punto, Mederos y sus sádicos asistentes, uno de los cuales tenía el apodo de "El Capitán", seleccionaría a los infortunados destinados a experimentar la terapia electroconvulsiva (ECT), después de haber sido rociados con agua fría (¡para una mejor conducción eléctrica!) y arrojados al piso de cemento duro, en dónde el procedimiento era llevado a cabo. Luego, El Capitán sodomizaría a los prisioneros jóvenes. Otros serían brutalmente golpeados. Uno de ellos fue encontrado ahorcado e incinerado con gasolina.
Los psiquiatras algunas veces estaban presentes. Ellos entrevistarían a los prisioneros, los clasificarían y, a veces, aprobarían "el tratamiento". Otras veces, admitirían en privado a los prisioneros que ellos no habían específicamente ordenado su medicación, tortura o rehabilitación. Luego de su detención y confinamiento, los pacientes, de repente, serían "despedidos" y transferidos a prisiones con o sin un diagnóstico. A ellos les dirían que habían sido "torturados in absentia" y sentenciados a permanecer durante largo tiempo en prisiones tan notorias como Combinado del Este, La Cabaña, El Príncipe Castle, El Morro Castle en la provincia de La Habana; otras prisiones u hospitales mentales como el Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín (el viejo Jagua) en Santiago de Cuba; u otras facilidades presentes en la isla.
Los cargos levantados en contra de los disidentes, incluían la actividad en contra del régimen o el intento de abandonar el país de manera ilegal. El caso de Nicolás Guillén, el sobrino del poeta laureado cubano del mismo nombre, es notable. Él fue acusado de "desviación ideológica" por hacer un corto cinematográfico sobre agricultura, Café Arábigo, el cual contenía una escena de Fidel Castro subiendo a una montaña mientras de fondo sonaba la canción de Los Beatles "Fool on the Hill" ("Un tonto en la montaña"). Guillén fue capturado por la Seguridad del Estado y fue llevado a Villa Marista, donde permaneció sin juicio, y fue interrogado por seis meses. Él recibió, al menos, ocho sesiones de terapia electroconvulsiva (ECT) sin anestesia. Aunque Guillén había peleado en la Revolución, estuvo dentro y fuera de prisiones y hospitales psiquiátricos cerca de 20 años, desde 1970 hasta 1989, hasta que finalmente le permitieron emigrar a Miami. Hoy vive allí como un artista.
Languidecer en prisión
Lo más sorprendente de todo es que, aunque estos casos fueron verificados por - al menos - dos fuentes, en algunos casos por organizaciones de derechos civiles en los Estados Unidos como Freedom House, Of Human Rights, y Americas Watch, e incluso grupos internacionales como Amnesty International (Amnistía Internacional) y United Nations Human Rights Commission (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), estos casos no recibieron la atención que se merecen. Representan tan sólo un pequeño número entre los miles de conocidos prisioneros políticos cubanos que están languideciendo en cárceles cubanas.
La evidencia de que la psiquiatría cubana está totalmente subordinada a los corruptos propósitos del gobierno comunista de Castro es abrumadora. En el pasado, la Asociación Mundial de Psiquiatría, (WPA), ha rehusado investigar estos cargos porque "las querellas son examinadas en asociación con la WPA Sociedad Miembro (WPA Member Society) en el país en cuestión. Como la WPA no tiene una Sociedad Miembro en Cuba, no podemos examinar apropiadamente la querella." Quizás sea hora de que esta información sea de amplia disponibilidad para el público y que se haga justicia.
Miguel A. Faria, Jr. es Jefe Editorial del "Medical Sentinel", publicado por Association of American Physicians and Surgeons (Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos), y autor de "Medical Warrior: Fighting Corporate Socialized Medicine".
Este artículo fue originalmente publicado en Ideas on Liberty. Permiso para traducir y publicar otorgado por The Foundation for Economic Education al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
Traducción de Marina L. Espósito.
