Repasando un poco la historia argentina reciente, la crisis de 2001/2002 hizo que el gobierno de Eduardo Duhalde, con sus ministros José Remes Lenicov y Roberto Lavagna, produzca lo que llamo el “colapso institucional”, que a la larga ha probado ser más grave que la misma crisis económica de esos años. Si bien esta seria alteración institucional pudo haberse justificado para sortear la crisis, es injustificable su permanencia hasta la actualidad. A partir de 2003 y con fuerte crecimiento económico, no se retorna a los marcos regulatorios preexistentes y, por el contrario, se estigmatiza toda la política energética anterior por “neoliberal”. Sin embargo, no se cambian los marcos regulatorios que son derogados de facto ni se define una nueva política energética. En lugar de ello se adoptan medidas puntuales, aisladas, de corto plazo, generalmente ilegales que corrieron siempre detrás de los problemas. Esto generó una incertidumbre regulatoria pocas veces vista que paralizó las inversiones del sector. Ninguna política pública sea estatista/socialista o capitalista/liberal funciona sin reglas explícitas, claras y predecibles y esto fue lo que sucedió en nuestro país durante los últimos 10 años.

Horacio Fernández es Coordinador del Consejo Empresario del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Es abogado y Master Comparative Law. Trabajó en Argentina como director de asuntos legales y públicos para Occidental Petroleum, Shell CAPSA y Total Austral. Integró las comisiones directivas del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, de la Cámara de la Industria del Petróleo, de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos y de la Unión Industrial Argentina. Ha sido durante 10 años profesor titular de Derecho para Ingenieros en el ITBA y actualmente lo es en el posgrado sobre Economía del Petróleo y del Gas de la misma institución