Derechos Humanos
Preparan informes sobre violaciones sindicales y laborales en Cuba para el Examen Periódico Universal en la ONU
Organizaciones de la sociedad civil de Cuba y otros países denunciaron las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la Isla, para que sean consideradas durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Cuba tendrá que presentarse en noviembre de 2023 para el EPU, o sea la evaluación sobre el cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos, al cual son sometidos los países miembros de la ONU.
Los informes fueron presentados por dos coaliciones de la sociedad civil: una que aborda los derechos laborales y está integrada por 29 organizaciones encabezadas por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires), y una que versa sobre derechos sindicales y está dirigida por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
“Hemos presentado desde CADAL, un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo en Cuba”, indicó, en conversación con Radio Televisión Martí, el abogado Brian Schapira, ex subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
“Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas. En cada caso hemos puntualizado las graves violaciones que, tanto desde la legislación como desde la propia acción del Gobierno, se producen, cercenando estos derechos”, puntualizó el especialista.
En el EPU hecho a Cuba en el 2018 se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones, y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución.
Uno de los temas principales del documento preparado por las 29 organizaciones es "el caso de los trabajadores por cuenta propia y las grandes limitaciones que hay para poder desarrollar la actividad”, detalló Schapira.
“En el sector turístico, los abusos que se producen, sobre todo en las grandes cadenas hoteleras que contratan trabajadores a través de empresas estatales que se quedan con aproximadamente el 70% del sueldo de los trabajadores. Esas empresas estatales, además, generalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y respecto a los académicos, cómo se afecta el derecho al trabajo y los derechos laborales por vía de persecución política para los académicos que no están de acuerdo con el régimen”, agregó.
“En cuanto a los periodistas, todas las limitaciones legales que hay para abrir un medio y las persecuciones y las legislaciones penales que hay; y otro tipo de normas que impiden a los periodistas ejercer libremente su trabajo, similar con los artistas”.
Entretanto, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones, tanto jurídicas como fácticas, para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la CTC [Central de Trabajadores de Cuba].
“Que incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble, y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba”, precisó el experto.
El centro de asesoramiento legal Cubalex y el grupo Justicia 11J también entregaron para el EPU sus valoraciones sobre el comportamiento de los derechos humanos en la Isla.
“Las recomendaciones (planteadas durante los EPU) no son cumplidas en todo el sentido en que le son formuladas al Estado, pero al menos se asienta el precedente de dónde están y cuáles son las preocupaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos”, señaló, en entrevista con ADNCuba, Camila Rodríguez, de Justicia 11J, quien presentó un reporte acerca de los presos políticos.
El desarrollo del Examen Periódico Universal se extenderá por varios meses, y los Estados inspeccionados deberán rendir cuentas sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años.
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Detenciones y multas en aniversario del Movimiento Opositores por una Nueva República
Este sábado, las autoridades arrestaron y mantuvieron bajo vigilancia a varios integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), en Guanabacoa, La Habana, en el 22 aniversario de la organización.
Dieciocho activistas estuvieron bajo vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado, denunció la organización no gubernamental, Cubalex.
Ramón Rodríguez Gamboa, Jorge Luis López Cabrera y Luis Jesús Gutiérrez Campos fueron detenidos al salir de la sede del Movimiento, y amenazados y llevados a la cuarta unidad de la PNR en Guanabacoa, donde fueron multados con 150 pesos por supuestamente violar un dispositivo de seguridad.
Cubalex también dio a conocer este domingo que Gutiérrez Campos, de 71 años de edad, seguía detenido.
Otro activista, Lázaro Antonio Pérez González, fue detenido por varias horas en la unidad de la PNR en Aguilera.
Noel Díaz Matos, Julio Ortiz Matos, Elizabeth León Martínez e Idalmi Salazar también fueron detenidos en Guanabacoa y puestos en libertad poco después, denunció Cubalex.
Entretanto, otros integrantes del Movimiento están bajo vigilancia en la sede de la organización. Entre ellos, Maritza Concepción Sarmiento, el vicepresidente del grupo Mario Alberto Hernández Leyva, Lázaro Cárdenas Hernández, Arquímides Torres López, Alfredo Sabate Alcalde, Yusleidy Valero Concepción y Evelin Pineda Concepción.
El pasado día 13, Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido y multado. Posteriormente las autoridades lo dejaron en libertad en un lugar remoto de Artemisa.
Hernández dijo a Radio Martí al día siguiente que le impusieron una multa de 100 pesos por "violar el dispositivo de seguridad".
“Fundada el 25 de mayo de 2002, con el objetivo de promover el activismo en las calles, MONR se enfoca en ofrecer programas educativos en los que se les informa a las personas sobre los derechos que tienen y no reclaman”, ha señalado la organización en redes sociales.
La coalición opositora cubana D Frente anuncia su primera convención
La coalición opositora cubana D Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes individuales, anunció la celebración de su primera convención “Sociedad civil e Institucionalidad Democrática”.
“Hemos preparado una fase de profundización del trabajo para avanzar con mucha más cohesión, consistencia, sobre todo institucional y coherencia hacia el desafío mayor que es el de la democratización de Cuba”, indicó a Martí Noticias el politólogo habanero Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la plataforma cívica.
“Creemos que debemos afinar, ajustar y al mismo tiempo preparar, en mejores circunstancias, las ideas fundamentales que deben impulsar el trabajo en un momento en que la sociedad cubana está abierta profundamente al cambio”, agregó.
Cuesta Morúa subrayó que el desafío para la coalición no es solo el cambio democrático, “sino cómo facilitar que ese cambio sea inclusivo, pacífico, contenga todas las demandas básicas que tiene la sociedad cubana y que al mismo tiempo fortalezca la democracia al interior de la sociedad civil”.
El encuentro se celebrará en forma presencial y virtual, y podrán asistir medios de prensa, instituciones y público en general.
“D Frente nació con el objetivo de crear una plataforma ciudadana con voluntad de diálogo, que tuviera además la capacidad de cohesionar a distintos actores de la sociedad civil en aras de trabajar juntos para lograr un camino cívico hacia la democracia en Cuba. Su fortaleza deriva de la pluralidad y su capacidad de consenso en esta fase actual, fase clara de crecimiento”, señaló desde Madrid, Elena Larrinaga, presidenta de la alianza de organizaciones cubanas.
“Estamos profundizando en la institucionalidad para proyectar la importancia de esta para construir y consolidar el futuro democrático para Cuba”, apuntó.
En un comunicado, la concertación informó sobre una reforma de su organigrama y la creación de ocho equipos de trabajo formados por opositores que residen dentro y fuera del país, Marthadela Tamayo, Elsa Litsy Reyes, Mauricio de Miranda y Julio Antonio Fernández Estrada, entre otros.
En este sentido, Larrinaga resaltó que se están impulsando grupos en distintas áreas y temas políticos internacionales, sociales, económicos, legales y constitucionales.
De igual modo la plataforma pretende integrar temas de género e identidad, de comunidad, de derechos humanos y ciudadanía, además de la reconciliación nacional y la memoria histórica.
“Todo ello está a cargo de académicos y profesionales que conocen la temática y son personas de reconocido prestigio”, precisó la directiva.
D Frente nació en 2022 para aglutinar grupos e individuos del espectro político opositor.
CIDH adopta medidas cautelares a favor del preso político Daniel Moreno de la Peña y de la abogada Marienys Pavó
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, quien atraviesa “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Moreno de la Peña, encarcelado sin juicio desde enero de 2023, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre y denunciado las continuas transgresiones del personal de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, a los derechos de los presos.
En el mes de marzo, “guardias del penal le dieron golpes adentro, y varios presos juntos intentaron ‘encuadrillarlo’ para violarlo”, relató a Martí Noticias Evelyn Suñe, la esposa.
Cuando Moreno trató de defenderse de los reclusos que lo acorralaban con el presunto propósito de violarlo, los guardias del penal le propinaron porrazos y bastonazos que dejaron marcas visibles en su cuerpo.
La CIDH, organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó que los actos de los funcionarios de la prisión y su complicidad con los reclusos que intentaron agredir al preso político “tendrían como objetivo que se auto incriminara o incriminara a otros por delitos contra la seguridad del Estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró “de especial seriedad los alegatos de connivencia entre los agresores del beneficiario y los agentes penitenciarios, sumada a la falta de atención médica adecuada”.
Moreno es diabético y está internado en un destacamento para reos con desnutrición severa. Ha perdido casi la mitad de su peso al entrar a prisión.
El opositor está bajo un proceso penal acusado de "Actos contra la seguridad del Estado" e "Instigación a delinquir", por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado "X Cuba", y también por exhortar a los cubanos en redes sociales a levantarse contra el régimen cubano.
“Daniel va a cumplir 17 meses en prisión y no tiene ni petición fiscal. El abogado dice que no tiene acceso al expediente porque lo tienen ‘bajo secretismo’”, indicó Suñe.
La resolución adoptada por la CIDH alega que la situación de desprotección de Moreno de la Peña “se ve acentuada por las acciones que toman los agentes responsables de su seguridad para ponerlo en riesgo”.
Desde el 25 de diciembre de 2023, Suñe no puede ver a su marido. Los mandos de la cárcel de Boniato prohibieron su entrada al recinto penitenciario valiéndose del pretexto de que no están casados legalmente.
Moreno de la Peña fue detenido el 10 de enero de 2023 en Santiago de Cuba y estuvo casi un mes en el centro de detención Versalles, el cuartel de la Seguridad del Estado de la provincia santiaguera. Luego fue trasladado a Villa Marista, en La Habana, como se conoce la sede nacional del órgano represivo.
En abril lo ubicaron en la cárcel Combinado del Este y posteriormente lo trasladaron a Boniato.
Tras analizar los fundamentos presentados en defensa, la Comisión decidió solicitar al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del preso, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
También este 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a la abogada Marienys Pavó Oñate, esposa del abogado independiente Julio Ferrer, quien vive en Estados Unidos desde hace unos meses.
Pavó Oñate cumplió seis años y tres meses de prisión por "tráfico de influencias", delito por el que la condenaron a ocho años en un juicio denunciado como fraudulento por su esposo.
Al salir de la cárcel, declaró que su encarcelamiento fue en represalia contra su esposo por su trabajo en la independiente Asociación Jurídica Cubana (AJC). Ferrer reaccionó por la vía legal ante el proceso contra su esposa hasta llevar a juicio a la ministra de Justicia de entonces, María Ester Reus.
En los últimos meses, Pavó Oñate, residente de La Habana, ha sido víctima de interrogatorios, represión y coacción psicológica y emocional, tras la salida del país de su pareja.
“La situación de la beneficiaria se inserta en el contexto de agudización de la represión de la disidencia en Cuba y que ella sería objeto de seguimientos por parte de agentes estatales, quienes no solo tendrían pleno conocimiento de su centro de labores, sino también de su horario de trabajo y oficina particular”, precisó la CIDH.
“El día 26 de febrero [fecha en que salió de Cuba su esposo] empezaron oficiales de la Seguridad del Estado a visitarme en el trabajo, a llamarme por teléfono, a hacerme esas amenazas que incluso son hasta absurdas o veladas para atemorizar como ¿cuál es la escuela de los niños?”, señaló Pavón Oñate a nuestra redacción.
La entidad de la OEA reseñó que los agentes estatales trataron de obtener información sobre Julio Ferrer, y buscar que no retorne a Cuba.
La CIDH requirió a las autoridades cubanas que adopten las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la abogada.
Asimismo, pidió a La Habana entregar información sobre las personas responsables de amenazar y hostigar a la jurista independiente y sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.
Madre cubana recibe amenazas de la policía por sus publicaciones en redes sociales
Agentes de la Policía amenazaron con llevar a la cárcel a Raiza Velázquez, una madre cubana crítica del régimen que se niega a enviar a su hijo al Servicio Militar, por sus publicaciones en redes sociales.
La mujer fue trasladada a la unidad de Alamar, al este de La Habana, luego de que no asistiera a las citaciones que de manera informal le entregaron los agentes de la Seguridad del Estado días antes.
"Vinieron a mi casa... el jefe de Sector con otro policía y una instructora vestida de civil en una patrulla”, explicó.
Durante el interrogatorio le dijeron que si volvía a negarse a acudir a las citaciones, aunque estas fueran informales, "me iban a poner una multa de 10.000 pesos”.
A Velázquez la amenazaron por cuestionar a las autoridades en redes sociales.
"Me dijeron que me esté tranquila y que no publicara más, que eso es un delito y que me pueden meter presa... y que si sigo, no van a hablar más conmigo".
En julio de 2019 entró en vigor el Decreto-Ley 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", empleado para juzgar a personas que expresen en redes sociales informaciones contrarias al régimen.
Uno de los artículos más polémicos es el 68, inciso i) según el cual está prohibido "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil han sido amenazado y juzgados por ello desde entonces.
Hospitalizan a periodista independiente tras más de dos semanas en huelga de hambre
El periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumpliría este lunes 17 días de huelga de hambre, fue trasladado de urgencia a la sala de penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en la ciudad de Santa Clara.
El comunicador fue detenido el 4 de mayo pasado y conducido a la Unidad de Instrucción Policial Provincial, donde permanecía bajo investigación por los presuntos delitos de “desobediencia” y “desacato”, tras no presentarse a citaciones oficiales y, presuntamente, increpar a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales, dijo a Martí Noticias el periodista Guillermo del Sol.
“Llamé a la Seguridad del Estado, entonces es que dijeron que se encontraba en la sala de penados del Milián Castro, que había sido trasladado hacia allí desde el sábado. Me imagino que allí lo estén hidratando, que no vayan a esperar a que llegue a un estado crítico. Ya son 17 días en huelga de hambre, aunque él estaba tomando agua2, detalló el opositor.
Según Del Sol, las condiciones físicas del periodista independiente no eran óptimas, porque ya había sufrido el impacto de más de dos años de prisión.
"Cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael lo que estuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado, estaba muy demacrado, y me preocupa muchos su situación. Él dice que no regresa a prisión".
Según el reglamente de prisiones, a Morales le corresponde una visita familiar, y se pueden llevar medicamentos porque en el hospital no los hay, dijo Del Sol.
"En este caso, la única persona que podría ir soy yo y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado. Tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño, que esto ya me cogió los dos ojos, y estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro aquí. La hermana está convaleciente de una operación oncológica y no se puede trasladar tampoco. A Dios ruego que tenga un desenlace feliz todo esto”, señaló el activista.
Carlos Michael Morales practica el periodismo independiente y reside en el poblado de Caibarién. Fue condenado a tres años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el territorio, y fue liberado por cumplimiento de condena, el 6 de marzo pasado, en precarias condiciones de salud.
Tras su detención, se presentó un recurso de Habeas Corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara. Sus familiares apelaron al Tribunal Supremo Popular y aún están ea la espera de respuesta.
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