Por Gabriel C. Salvia (*)

Tras haber avanzado sobre las AFJP, YPF y recientemente sobre los terrenos de La Rural en Palermo, ahora cobra cuerpo el trascendido que el gobierno nacional considera estatizar los servicios eléctricos, especialmente los de distribución.

Por lo tanto, cobra actualidad y relevancia el debate legislativo que tuvo lugar en 1991, cuando en el segundo semestre de aquel año legislativo, el Congreso Nacional adjudicó mediante una ley concesiones al sector privado para que se ocupe de la generación, el transporte y la distribución de electricidad.

Por ejemplo, el diputado Oscar Parrilli, el mismo que viene desempeñándose como secretario general de la Presidencia desde la asunción en 2003 de Néstor Kirchner, culminaba su exposición en la Cámara baja expresando de manera enfática: "Podemos decir con orgullo que la Argentina es el país más adelantado en lo que atañe a la transformación del sector eléctrico", afirmaba.

El legislador recordaba que Brasil había sancionado "hace muy poco tiempo una Constitución que deja a cargo del Estado todo el manejo del sector eléctrico y petrolero. Hoy ya están revisando esa cláusula constitucional".

Y remataba, entonces: "Lo que el gobierno nacional pretende implementar a través de este marco regulatorio, seguramente va a ser tomado como ejemplo por otros países que desean integrarse con nosotros y con el resto de Latinoamérica".

Protagonista cercano al poder de esta última década de los gobiernos "nacionales y populares" de Néstor y Cristina Kirchner, el pragmático Parrilli consideraba favorablemente en sus tiempos menemistas la necesidad de "incorporar nuevas actividades económicas, un mercado de capitales, un sistema que atraiga la inversión del exterior para generar riqueza, nuevas fuentes de trabajo y bienestar para los argentinos".

Seguramente, por eso mismo, destacaba la importancia de ofrecer garantías a los inversores en cuanto a que "habrá reglas de juego estables, claras y transparentes durante muchos años".

De manera muy convincente, Parrilli afirmaba a fines del año 1991 que "en el entendimiento de que la energía es un bien comercial, concluimos que debe tener reglas de lógica económica que lo rijan y no hay ninguna razón que impida que esto funcione así".

El neuquino también marcaba que el sector eléctrico se encontraba totalmente endeudado, sin posibilidades de invertir ni de acceder a créditos, que las empresas eran deficitarias y el Estado debía anualmente destinar fondos del presupuesto nacional para que se pueda seguir prestando en cierta medida el servicio eléctrico.

De allí, que justificaba la política noventista de transferir a la actividad privada todo lo que tenga que ver con el manejo de ese sector, abandonando "el carácter de Estado empresario en materia de energía eléctrica para dedicarse a cumplir otras funciones: la de organismo regulador, fiscalizador, controlador, que laude y, fundamentalmente, defienda los intereses del usuario, que son los consumidores finales".

A pesar del actual relato oficial que repica como pensamiento único, que intenta negar el apoyo que tuvieron las reformas de los años 90, incluyendo el del propio matrimonio Kirchner y el de varios de sus conspicuos funcionarios, fue un hecho de la realidad lo que señaló el entonces senador porteño Eduardo Vaca, durante el debate en la Cámara alta: "Toda la sociedad argentina sabe que el sistema eléctrico argentino se encuentra en una severa crisis".

Por eso, afirmaba que "no es un caso menor seguramente la incapacidad que tiene hoy el Estado nacional para afrontar no sólo el mantenimiento del sistema, sino mucho menos aún: su expansión y modernización".

La primera década posterior al cambio de sistema permitió remontar el cuello de botella eléctrico que vivía la Argentina, con inversiones del sector privado que mejoraron claramente la prestación de servicios y que fueron la capacidad de infraestructura, como sucedió en otros rubros (caminos, telefonía, gas, etc.), que sustentó la recuperación productiva posterior a la crisis de 2001.

Hay mucho para criticar de aquellos años, en especial en materia de corrupción, independencia de poderes, manejo fiscal y aspiraciones de perpetuación en el poder. Pero, la alternativa progresista no es seguramente este "modelo retro" y cuasiestatal que inició Néstor y que viene profundizando Cristina Kirchner, que dejó sin retribución tarifaria a las empresas y condenó al sistema al retroceso.

Sobre este caso puntual, a juzgar por los antecedentes de sectores productivos en los cuáles el kirchnerismo ya metió su torpe mano, resulta muy obvio adelantar las negativas consecuencias que tendría la estatización del sector eléctrico en la Argentina.

(*) Gabriel C. Salvia es director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)

El Popular (Olavarría, Pcia. de Buenos Aires, Argentina)

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