Representación de las provincias en la Cámara de Diputados de la Nación. Política Exterior respecto a la situación de los Derechos Humanos en China. El Programa Fútbol para Todos y las prioridades del gasto público. Política Energética: el destino fiscal de la renta petrolera que obtenga el estado nacional por los recursos de Vaca Muerta. Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana.

Los principales problemas que enfrenta la economía argentina son la inflación, la falta de seguridad jurídica y el escaso nivel de inversiones. El impuesto al cheque es el primero que correspondería eliminar. Los titulares de los organismos estatales de carácter técnico, como los entes reguladores, los medios públicos, el PAMI, el INDEC, la AFSCA o la AFIP, deberían ser elegidos por medio de un concurso de antecedentes y oposición, y no a través de criterios políticos como ocurre ahora. Tales son los principales puntos de consenso que surgen del Barómetro Legislativo, una encuesta de opinión a legisladores nacionales llevada acabo por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) entre 2012 y 2013.

Visión sobre la economía argentina · Valoración de la estabilidad económica Aumentos de precios · Tarifas de servicios públicos · Desempleo · Finanzas públicas Prioridades del gasto · Impuestos Política ante el sector agropecuario · Excedentes de recaudación Reformas de los años ’90 · Empresas estatales · Organismos estatales Transporte aerocomercial · Comercio internacional · Productos electrónicos Regulaciones al comercio · Burocracia · País de referencia en América latina

¿Cuáles son las ideas de los legisladores encuestados sobre la forma en que se debe administrar el dinero de los contribuyentes?
¿Qué piensan los legisladores sobre las cuestiones impositivas en general, y los impuestos existentes en Argentina en particular?
¿Qué piensan los legisladores sobre el rol que le compete al Congreso en la formulación del presupuesto?

¿Qué opinan los legisladores sobre el Código del Proceso Penal? ¿Debería reemplazarse por un sistema acusatorio? En tal caso, ¿Cómo debería financiarse? ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora instaurar en Uruguay un sistema acusatorio?
¿Qué piensan los legisladores sobre el aumento de las penas y la creación de nuevos delitos para disminuir la delincuencia? ¿Debería modificarse la prisión preventiva? ¿Qué opinan sobre la aplicación de penas alternativas a la reclusión?