La ministra Frederic no duda en arrasar con el derecho de propiedad, si ese es el precio para “combatir el déficit habitacional”. Este, según ella, es la causa de que haya una ola de toma de terrenos, privados y públicos, en zonas tan distintas como el conurbano bonaerense y los bosques cordilleranos de Río Negro. Si mañana se produjera una ola de entraderas seguramente la explicará por un déficit de efectivo.
El argumento va de la mano de un principio muy caro al kirchnerismo: los delincuentes son más víctimas que sus víctimas, porque carecen de algo o mucho de lo que éstas tienen y la sociedad y el Estado les desconocen sus derechos desde tiempos inmemoriales. Así que los que son víctimas solo desde hace un rato, o un par de meses, y por mano de una sola persona o un grupito, mejor que se la banquen y se pongan al final de la cola, las autoridades no los van a considerar una prioridad, porque sería ahondar la injusticia.
Dijo también la Frederic que su objetivo es “evitar la violencia”. Como si las tomas no fueran actos violentos: van acompañadas de amedrentamientos y agresiones a los propietarios o vecinos protestones; las realiza gente armada y bien organizada para ejercer la violencia, con el argumento de que están en su derecho de “resistir cualquier intento de desalojo”; y más de una vez pasan del dicho al hecho, a los balazos o piedrazos según convenga.
Pero desde su visión de las cosas, esta contradicción no sería sino una conclusión inevitable: la violencia “de abajo” también para la ministra sería “resistencia” contra la violencia “de arriba”, que viene de largo y es injusta siempre. Con lo cual se entiende que haya ordenado detener la marcha de protesta contra las tomas en Río Negro, e incluso iniciar una causa a los involucrados: la excusa es sanitaria (igual que se dice desde el gobierno de las protestas ciudadanas en las grandes ciudades, los que circulan por rutas y calles serían una amenaza, porque contagian), pero el fondo del asunto es una definición moral sobre quién agrede a quién, quién tiene derecho a actuar contra los demás y quién se la tiene que bancar.
Lo más llamativo del caso es que por la vía que van, Frederic y el resto del gobierno nacional terminan criminalizando la pobreza, no disculpando a los pobres: si violar la propiedad se justifica por, y es consecuencia de la necesidad, entonces todos los necesitados son efectiva o potencialmente chorros.
Y se pasa por alto o disculpa la organización y el negocio que están detrás, de los que se nutren diversas mafias, para nada menesterosas. Las tomas del conurbano son en general organizadas por grupos violentos, con vínculos estrechos con la política territorial, que hacen pingües negocios, acarreando familias, con niños y discapacitados si es posible, para cortar alambrados y crear una situación de hecho.
Que una vez consolidada la ocupación, con el aval de algún juez que disponga no innovar y “evitar la violencia”, cuando las protestas de los afectados y la atención de los medios se hayan disipado, son de nuevo trasladados, a hacer de grupo de choque en otro terreno, reemplazándolos por otras familias, a las que se les cobrará un buen dinero por ocupar cada “lote”.
Si mañana se produjera una ola de entraderas seguramente la ministra la explicará por un déficit de efectivo.
Frederic de eso no quiere hablar. Porque ofendería seguramente a algunas organizaciones territoriales del Frente de Todos. Y tendría que cuestionar el modo bien concreto y efectivo por el que se va “resolviendo” el déficit habitacional, un modo que permite procesar nuestro empobrecimiento general como sociedad, incluidos los propietarios y los excluidos, los mapuches y los huincas. Que se sabe, es el objetivo que se ha propuesto cumplir la fuerza gobernante ya desde hace tiempo, y es la única promesa que no piensa incumplir.
