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Artículos
Uruguay: Una timba
17 de noviembre de 2006

El gobierno de Uruguay se propone poner en vigencia a partir del año 2007 una ley que modifica el sistema por el cual el Estado recauda impuestos, con el declarado propósito de “que pague más el que tiene más, para que pague menos el que tiene menos”. Ese eslogan —que no necesariamente encierra un criterio de justicia redistributiva puesto que puede haber quienes “tengan más” simplemente por ser trabajadores y cumplidores y quienes “tengan menos” por ser holgazanes y desaprensivos— suena lindo y puede llegar a ser cautivante para mucha gente que piense poco. Pero lo que cobrará vigor desde el año próximo en Uruguay es otra cosa. Desde el año próximo no pagarán más los que tienen más porque esos ya habrán tomado los recaudos para que el Estado —y, mucho más, este Estado uruguayo— ni siquiera pueda saber a ciencia cierta cuánto ni dónde lo tienen. Tampoco pagarán menos los que tienen menos, porque quedarán igual que antes. Los únicos que sí pagarán más y mucho más son los que, estando en regla con las normas que les impone el Estado, tienen efectivamente algo más que los pobres e indigentes como producto de su contracción al trabajo y de su consiguiente capacidad de ahorro. No son millonarios ni ricos ni nada que se le parezca, pero son los únicos que el Estado estará en condiciones de “cazar”. Pagarán más ellos y todos —ellos y los demás— seguirán pagando, simultáneamente, lo mismo que antes porque el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava casi todo lo que se consume, seguirá siendo uno de los más altos del mundo (22%). Y entonces la “novedad” de la creación de un “Impuesto a la Renta de las Personas Físicas” (IRPF) no será otra cosa que un nuevo y duro ajuste fiscal para que el Estado uruguayo, igual que muchos otros Estados de América Latina, siga gastando más de lo que debe, siga arrojando a un agujero negro los enormes recursos que ya extrae de los ciudadanos, siga contratando funcionarios para tareas ineficientes o directamente inexistentes y siga reproduciendo las taras materiales y culturales que atrasan desde hace décadas a un país donde, en noviembre del 2006, 199.000 jóvenes pugnan por...¡902 empleos públicos!

En lugar de continuar esquilmando los bolsillos de los que cumplen con la ley, el Estado uruguayo —y todos los que a él se parecen en la región como el “ogro filantrópico” que tan bien describió en 1979 el mexicano Octavio Paz— debería bajarles la pesada carga que ya tienen para liberar ese dinero que les quita a efectos de que éste pueda circular en la economía y hacer que se dinamice un poco más. Pero no. Este gobierno del presidente Tabaré Vázquez, igual que los anteriores, no quiere bajar el gasto público. Al revés: quiere subirlo. Y entonces echa mano a lo que le queda más a tiro. Mantiene, pues, invertido el precepto constitucional de que el funcionario existe para la función, pero no la función para el funcionario. Y mantiene una presión tributaria equivalente al 32% del PBI.

Un ejemplo ilustrativo del despropósito que representa mantener en un país casi insignificante para el mundo una presión tributaria de este nivel sobre los trabajadores privados que son quienes, a duras penas, mantienen en funcionamiento la debilísima economía uruguaya, es el de los casinos estatales de Montevideo, su capital.

El 30 de octubre, el Tribunal de Cuentas de Uruguay (órgano encargado de controlar la legalidad de las actuaciones del Estado) difundió un informe que, en épocas menos frívolas de esta misma nación, hubiera causado primero asombro, después indignación popular y, finalmente, un revuelo político de tal magnitud que algunas cabezas habrían rodado. Pero, como se sabe, los tiempos son otros como para andar reparando en estas minucias y una suerte de “vale todo” se ha instalado, desde la cúspide hasta la base, por un período que se prolongará quién sabe por cuántos años más. No sólo eso: la persona que estuvo al frente de los casinos municipales durante ese período funesto fue “premiado” con el cargo de director nacional de Casinos. O sea, es actualmente el responsable de los casinos de todo el Uruguay.

Los datos del Tribunal de Cuentas —datos oficiales, irrebatibles y contundentes— informan que durante los seis años que van del 2000 al 2005, los tres casinos que pertenecen al gobierno municipal de Montevideo (Parque Hotel, Hotel Carrasco y Hotel Oceanía) no sólo no dejaron ganancias para las arcas del Estado sino que perdieron plata, año tras año, sin solución de continuidad. Perdieron U$S 1:900.000 en el 2000, U$S 2:900.000 en el 2001, U$S 1:600.000 en el 2002, U$S 3:800.000 en el 2003, U$S 2:300.000 en el 2004 y U$S 1:400.000 en el 2005. En total, unos U$S 14:000.000 durante el período estudiado.

Los montos, como se ve, son importantes. Pero lo más importante no son las cifras; lo más importante es que existe un país en el mundo donde hay casinos que pierden plata. Y no sólo eso, sino que, además, se trata de casinos públicos, lo cual quiere decir que el que pierde plata es el Estado.

El gasto del Estado en Uruguay es enorme y provoca déficit presupuestales permanentes porque los gobiernos gastan siempre más que lo que recaudan. Además, lo que gastan lo gastan mal y entonces ocurren cosas como que un portero de la empresa estatal de combustibles ANCAP, en un país que no tiene petróleo, gane el triple que un maestro que tiene a su cargo una clase de 40 niños.

Pero que los ciudadanos paguen impuestos para mantener abiertos casinos que arrojan pérdidas es el colmo del despilfarro. Es un insulto a la sufrida y castigada población contribuyente que el dinero que el Estado le saca lo vuelque para subsidiar los juegos de azar. No es que los ciudadanos paguen tributos para que el Estado se los devuelva en escuelas, hospitales o carreteras. Pagan, entre otros destinos increíbles, para que no desaparezca ni siquiera la “timba” ruinosa, simplemente porque es estatal. Y, por supuesto, para que los funcionarios estatales que atienden ese negocio fracasado no pierdan sus sagrados puestos de trabajo. ¡Faltaba más!

En el gobierno responsable de este dislate, que fue el que orientó en Montevideo el hoy ministro de Vivienda, Mariano Arana, a nadie se le ocurrió que si el Estado perdía plata en la ruleta o en punto y banca, lo único que debía hacer era cerrar los casinos. No iba a ganar dinero con esa decisión, pero por lo menos hubiera parado de perder.

Por si fuera poco, los premios que cobran los apostadores en los juegos de azar iban a estar alcanzados por el proyecto de IRPF que el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento en marzo. Pero el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, y que está ahora a consideración del Senado, exoneró a los timberos con suerte del pago de ese impuesto. Es demasiado. Demasiado.

Un Estado que subsidia hasta el vicio que padecen algunos, únicamente porque lo cultivan en oficinas públicas, no es serio. Y los gobiernos y las sociedades que miran eso con desdén tampoco lo son.
 
Claudio Paolillo es Director-Editor General del Semanario Búsqueda, de Uruguay.