El gran interrogante que hoy impregna la dinámica pública es qué porción de los anuncios realizados antes de las elecciones y los formulados luego, el gobierno de Javier Milei podrá llevar adelante en tiempo y forma.
Diagnóstico. En el manual del Presidente electo está que la madre de todos los problemas económicos es la falta de crecimiento de las últimas décadas. Habla de un siglo de decadencia, donde encuentra poca adhesión entre otros economistas, pero sí encuentra más eco cuando lo retrotrae a 50 años atrás. Casi, diríamos, con la crisis hibernada en el fracasado plan “inflación cero” de Gelbard que desembocó en la mega devaluación y descontrol de precios de 1975.
La secuencia sería que la falta de crecimiento de una economía que se había destacado por su dinamismo ralentizó el ascenso social, intensificó los conflictos y, apuntalada por la política de crecimiento del gasto público sobre todo a partir del 2006, socavó el equilibrio macroeconómico que evaporó las reservas, primero, descapitalizó la economía, más tarde y terminó generando inflación con endeudamiento para financiarlo. La consecuencia se verificaría en el crecimiento de la pobreza estructural (proyectada para fin de año en 43% según la metodología del INDEC).
El antecedente del “Rodrigazo” muchos analistas ven como parecido en sus orígenes al presente, particularmente el férreo control de precios que terminó distorsionándolos y derivó en un golpe inflacionario para reacomodarse. Esto no es novedad: la preocupación por la aceleración de precios se agravó por la dispersión según rubros que se ampliaba a medida que se aceleraba la inflación. Así, mientras las tarifas subsidiadas (casi las dos terceras partes del total), los bienes incluidos en programas acordados y todo lo que se asentaba sobre el retraso del tipo de cambio oficial (un 30% antes de las elecciones sólo en este año), se rezagaban cada vez más y por lo tanto se acumulaba presión y aumentaba la brecha a saldar en el momento en que se decida reestablecer el equilibrio general. Lo ocurrido hace pocas semanas con los combustibles y el pánico a su impacto electoral, desnudó la precariedad con la que se amalgama todo el sistema de contención de precios. Es decir, cualquier retoque sobre una variable, buscando el equilibrio parcial, no desemboca necesariamente en el general. Un auténtico Tetris que convenció rápidamente a los técnicos de todos los equipos a que no hay margen para cambios.
La solución, simplificada, a este diagnóstico, es volver a bajar la porción del gasto público de tal manera que, sin necesidad de aumentar la presión impositiva, se pueda erradicar el financiamiento monetario al rojo del Tesoro. Javier Milei popularizó su campaña con la motosierra y “la casta” como la destinataria del ajuste para lograrlo. Pero ya ungido en las urnas, se animó a cuantificar la dimensión de ese esfuerzo: 15% del PBI. Para compararlo, Mauricio Macri bajó 2% del PBI el gasto para poder aliviar la situación impositiva del sector privado ¿Es realista ese objetivo?
Las cifras mandan. Según datos elaborados por el economista Salvador Vitelli sobre datos del Ministerio de Economía y el INDEC, se calcula que para este año el gasto público total (nacional, provincial y municipal) trepará al 42% del PBI. Sin embargo, el estrictamente atribuido al ámbito de incumbencia del Presidente no llega al 30% del total. Es decir, una poda del 15% implicaría una rebaja del 50% del total, una amputación sin anestesia. Con su traje de economista, Milei tuvo que aclararlo pronto antes de se desarmara el edificio con pies de barro: esa cifra se compone de dos factores, un 5% del déficit operativo más el financiero del Estado Nacional y otro 10% del denominado déficit “cuasifiscal”, que surge de las cargas financieras que debe afrontar a través de operaciones de Banco Central para esterilizar la cantidad de dinero que tiene que emitir para sufragar el rojo del Tesoro o el pago de viejos intereses en pesos.
Desde 2018 esto se instrumentalizó a través de Letras de Liquidez (Leliqs) que tenían como objeto estabilizar la cantidad de moneda en la economía y amortiguar los shocks. Pero del uso al abuso hubo un solo paso: el economista Sebastián Menescaldi estima en algo más del 9% del PBI el stock de estos títulos de deuda en pesos que constituyen una verdadera bola de nieve que parece imparable.
Por la parte “dura” del déficit, la propuesta apuesta por una salida radical: cerrar el grifo financiero y pasar sin escalas a un esquema de “déficit cero” pero con algunos campos en los que podría ir más allá de la declamación. Considerando que el 50% del gasto público es previsional y entre un 5% y 8% gasto social (pensiones, planes, subsidios a personas), el margen que queda es menor y por eso apunta a tres segmentos diferentes: la erogación estatal en obra pública (se supone, nueva), el rojo de las empresas públicas (se calcula que en total este año llegará al 2,5% del PBI) y diferentes subsidios a empresas y sectores que ya en el presupuesto 2024 el ministro Massa había propuesto su eliminación como "gastro tributario" y suman 4,5% del PBI. Claro que mucho de este gasto está atado a normas y derechos adquiridos (como regímenes de promoción o desgravación especiales) de difícil resolución. Todo este recorte es de difícil y desigual implementación y probablemente esté sujeta a negociación si es que precisa de una norma que lo autorice. Sobre todo, porque detrás de cada gasto hay grupos de personas, zonas o sectores a los que le cambia la ecuación vital con la que realizaban su actividad. Por ello se abre a innumerables composiciones de forma, legalidad y participación para que, efectivamente, esto desemboque en un ahorro sustancial y no solamente retórico.
Interminable. Finalmente, el partido más importante se juega en la cancha financiera, que es la que fue acumulando los desvíos de meses de descalabro en las cuentas fiscales. La tendencia a subordinar toda prudencia fiscal y monetaria a cada elección fue engrosando la cuenta a saldar. Pensadas las Leliqs como una forma de absorber le exceso de emisión monetaria, también sirvieron para colocarlas a los bancos que a su vez respaldaban colocaciones financieras de empresas y particulares. Rescatarlas de golpe o que el mercado rechace la renovación, implicaría una huida del peso hacia otros activos, con el estrellato de la válvula de escape tradicional: el dólar. Para el economista Fernando Marengo, director de BlackToro, las Leliqs es un problema al cual hay que quitarle ese dramatismo porque van devengando una tasa de interés negativa y cualquier intervención equivocada afectará el funcionamiento de los bancos que así fondean los depósitos que reciben. Acá se ajustaría mejor la figura de un Yenga, en el que sacando la pieza mal situada se podría provocar un descalabro. Para graficarlo, en sólo dos jornadas (miércoles 22 y jueves 23 de noviembre) no se renovaron el 60% y 90% de los vencimientos que buscaron otro refugio a más corto plazo para no perderle pisada a las próximas medidas que podrían afectar la estabilidad de su cartera.
Mientras tanto, el segmento “blue” como los financieros, vivieron en carne propia la profecía autocumplida: con el Gobierno derrotado, no habría más incentivos por ponerle techo a estos tipos de cambio, ampliando la brecha con el dólar oficial y peligrando el ingreso de divisas para, aunque sea, seguir manteniendo en vida vegetativa a las importaciones de emergencia.
Con reservas negativas que la consultora Invecq calcula estarán ya en US$-11.000 millones para fin de noviembre, una devaluación para oxigenar el mercado anima la discusión de cuándo y cuánto. La solución de Economía ya había sido elaborar un “mix” para liquidar parte por el tipo de cambio oficial y otro tanto por el financiero (CCL). De un 70%-30% se pasó a uno de 50%-50% y eso quizás sea la manera de ir devaluando de a poco hasta que le toque al próximo equipo económico tomar la decisión de unificar o segmentar temporalmente, pero con más realismo, el atribulado mercado de cambios.
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