La administración de Alberto Fernández entra a transitar su última semana de gestión con mucho más trabajo del que imaginaba. Por un lado, el ministro de Economía aún en funciones y candidato derrotado en el balotaje recibe infinidad de pedidos para auxilios financieros y soluciones de emergencia. En esta semana se terminará de configurar el inventario económico que queda para el próximo gobierno pero que está teñido de rojo y que el propio Javier Milei funda su diagnóstico: “entramos en una estanflación” (estancamiento con alta inflación).
El legado. Sergio Massa, desde el 19 de noviembre a la noche, optó por el bajísimo perfil. Recibió las quejas de algunos empresarios sobre la actividad vegetativa de las dependencias que deberían autorizar la disponibilidad de divisas para poder importar que desnuda la situación de un Banco Central jaqueado por el agotamiento de sus reservas internacionales. Nuevamente, el dólar termina siendo el termómetro en torno al cual giran expectativas y se toman decisiones.
La decisión desde el inicio de la gestión Fernández de segmentar el mercado cambiario, significó la desaparición de un valor de referencia. Por eso se generó una brecha con los dólares financieros y el informal. La sequía que mermó el saldo exportable de la última campaña en US$22.000 millones se corresponde, justamente con otro indicador que se utilizó para financiar ese bache: el aumento de la deuda de los importadores con casas matrices o proveedores, que para fin de año se estima llegará a más de US$55.000 millones. Pero también se marcaron en rojo otros dos indicadores: las reservas del Banco Central (proyectadas en -US$11.000 millones para fin del mandato) y las coberturas que los privados intentan hacer a través de instrumentos que el mismo Banco Central emite para amortiguar el salto devaluatorio que se presenta como inminente. El economista Salvador Vitelli calcula que el stock de las LEVIDs asciende a US$5.100 millones pero que sumado a otros bonos que ajustan “dólar linked” llegan a casi US$10.000 millones. Es como si fueran un seguro de cambio pero que se paga a los 180 días, o sea lo debería hacer “el que sigue”. Cualquier similitud con el dólar futuro de 2015 que terminó judicializado, no es mera coincidencia. La actual política de autorizar a liquidar parte del ingreso de divisas en el Contado con Liquidación (CCL) por ahora al 50%, en los hechos devaluó para los exportadores comprendidos un 65%. Así y todo, la brecha subsiste, pero las expectativas de marchar hacia un dólar único más cercanos a los financieros, disparó remarcaciones de precios sobre todo en el rubro alimenticio. El objetivo de retrasar el dólar fue evitar el derrame inflacionario y cobrar un impuesto oculto al sector exportador.
Inflación reprimida. El otro karma de la herencia del gobierno saliente es la inflación. Alberto Fernández recibió una economía con alta inflación (54%) y sólo la pudo bajar el primer año de su gestión, cuando la pandemia y la inactividad aumentaron la demanda de dinero y alteraron los índices de precios. A partir de allí, todo fue en ascenso y si el IPC de noviembre termina en alrededor del 13%, diciembre podría trepar aún mas por la carrera de reacomodamiento iniciada este mes. La proyección que realiza la consultora EcoGo le da 13,4% para este mes, pero los alimentos quedaron cerca del 16%. Así, una estimación del IPC del 180% para todo 2023 ya resulta conservador y la de 200% puede ser más realista si el descongelamiento de muchos precios acelera su ritmo.
Distorsiones generales. El problema adicional no terminó siendo su magnitud total sino las fuertes diferencias entre los diferentes rubros. El retraso de algunos elegidos como “anclas” inflacionarias, como las tarifas de servicios públicos, el caso ya mencionado del dólar oficial, los servicios médicos, los gastos de vivienda y transporte y algunos precios incluidos en listas de los diferentes programas de consumo; abrieron una grieta con los de otros sectores protegidos de competencia (textiles) o libres de esas regulaciones (frutas y verduras, restaurantes pospandemia, etc.).
En el caso del transporte, la efectivísima campaña del oficialismo aludiendo al aumento que el gobierno entrante haría (a $1.100 el boleto de colectivo que hoy cuesta 20 veces menos) evidencia el gran desfasaje entre el precio y el costo del servicio, por un lado, y entre el área del AMBA y el resto del país, por el otro. En las zonas más baratas la tarifa sólo alcanza el 15% del costo total, lo que se cubre con subsidios que insumen casi 1% del PBI.
Otros servicios públicos, como los de agua, luz y gas comenzaron a mejorar su ecuación con aumentos segmentados, pero la inflación de este año erosionó toda esa mejora. En el caso de la electricidad, se estima que la brecha es del 50% pero mucho depende del segmento del cuadro tarifario en que esté ubicado el consumidor.
YPF en alerta. Los combustibles también fueron protagonistas de este año electoral. El impuesto que pesa sobre el expendio en estaciones de servicio quedó congelado y el precio histórico del litro de nafta súper (entre US$1 y 1,20) también quedó retrasado por la brecha cambiaria y luego con un precio techo acordado luego de la minidevaluación de agosto. En realidad, todo el sector está maniatado: desde la existencia del “barril criollo”, hasta el precio diferencial del gas en boca de pozo comparado con el valor del importado. Un enjambre de regulaciones y distorsiones que atentan contra un salto en la producción y el alejamiento del fantasma del desabastecimiento, como el ocurrió en octubre pasado que le terminó costando el puesto al director Financiero de YPF, Alejandro Lew. Como frutilla del postre, la sentencia que por US$16.000 millones (casi tres veces el valor total de la compañía) recayó sobre el Estado Nacional por la estatización irregular de la empresa en 2012. Sugestivamente los abogados del Tesoro lograron patear por un mes más la constitución de los avales de garantía para poder apelar.
Sin caja. Finalmente, el esfuerzo fiscal que significó el “plan platita” por la virtual eliminación del impuesto a las Ganancias y los programas de devolución del IVA afectaron la recaudación tributaria de tal manera que para las provincias (que reciben por coparticipación casi la mitad de lo recaudado) les significaron entre uno y tres meses de masa salarial completa, pese a que sus propios legisladores enrolados en el oficialismo votaron dichas facilidades. Por eso el pedido sobre la hora a Massa para que compense tamaña lealtad con lo más preciado en este momento: dinero antes que la épica de la motosierra y el “No” como política de Estado los remita a medida más antipáticas en sus propios territorios. Un verano caliente para un año bisagra.
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