En una economía resignada a la inestabilidad continua, la referencia obligada al dólar parece inevitable. No es un capricho: para una economía que superó el 211% de inflación interanual pero que proyectada la de diciembre, se espera para el primer tramo de la gestión de la nueva administración un número que se acercará a las tres cifras. Por un momento pareció que la devaluación del peso que llevó el dólar “oficial” de casi $370 a $800 a partir del 12 de diciembre y el anunciado reajuste mensual del 2% hasta marzo (el “crawling peg” en la jerga de plaza) había sido suficiente para oxigenar los números de los exportadores para animarlos a liquidar y, sobre todo, para desalentar la alquimia contable de importadores que al precio “pisado” del tipo de cambio oficial se quería llevar todo. Pero no resultó tan fácil.
La cuenta. Si había una opinión con poca grieta entre los economistas era que el índice de precios al consumidor (IPC) además de evidenciar una aceleración desde la salida de la pandemia (51% en 2021, 95% en 2022 y 211% en 2023) mostraba una dispersión entre los diferentes rubros que fueron ampliándose a medida que se insistía en las medidas que buscaban los efectos políticos. Así, corregir la distorsión de precios fue uno de los primeros objetivos buscados de la política económica porque se consideraba, con razón, que el déficit fiscal alimentaba más temprano que tarde, la inflación a través de la emisión monetaria que la convalidaba. Y en esa dinámica se facilitaba la diferente trayectoria en los precios relativos.
El dólar fue uno de ellos, elegido desde diciembre de 2019 como un ancla para el precio de alimentos y otros rubros “sensibles” a la cotización del dólar comercial. Para ello era necesario romper la unidad monetaria y establecer una multiplicidad de tipo de cambio a medida que se establecían restricciones, cepos y demás controles para que no haya “un” precio sino tantos como minimercados se iban creando a pedido de la política oficial.
La discusión comenzó temprano con el precio de la energía y la discusión si debía o no mantener una paridad con los valores del mercado internacional. Tanto que su derivado principal, las tarifas eléctricas y de gas, fueron el epicentro de una pelea interna dentro de la coalición gobernante que desnudó la incapacidad del entonces ministro Martín Guzmán de diseñar una política económica autónoma. Luego también fue el turno de los combustibles, pero sobre todo el sector sobrevolaba cada tanto el fantasma del desabastecimiento: el peor precio es al que no se consigue un producto.
Todo este debate, lejos de zanjarse, fue postergado por la inoportunidad de plantearlo en plena campaña electoral, pero resurgió con fuerza ni bien comenzó el desmantelamiento de los controles de precios y la escasez dejaba de ser un riesgo lejano.
De hecho, la nafta y el gasoil subió más de 170% para acercarse al precio histórico (aproximadamente US$1 oficial el litro de súper en CABA). Pero eso también ofició de disparo de largada para acomodar el valor de los servicios de logística y todo lo que derrama y el de las tarifas del transporte y los servicios públicos. No en vano, la explicación ofrecida por el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo en Diputados fue una de las más medulares, aunque no exenta de controversias por las consecuencias que ya se comenzarán a observar en las audiencias de consumidores e interesados convocadas para tratar el nuevo esquema tarifario propuesto.
El peligro asumido de reestablecer precios relativos de equilibrio y no alimentar la dinámica inflacionaria es un dilema que apareció a medida que las remarcaciones marcaban el ritmo de la impaciencia de los consumidores. Los primeros números hablan de porcentajes de aumentos solicitados por los productores de gas y generadores de electricidad que son de tres cifras, luego de meses de virtual congelamiento y la necesidad de retribuir un salto en la producción. Otro tanto ocurre con el boleto de colectivos y trenes suburbanos que por ahora mantiene un delicado equilibrio merced a una menor frecuencia, un tímido aumento y la promesa de que mientras se busque implementar un sistema de subsidio a la demanda (todavía no aclarado) se irá indexando con la inflación de cada mes.
Contra reloj. El virtual vaciamiento de las reservas del Banco Central (estimadas en US$ -14.000 millones al 10 de diciembre) eliminó de cuajo dos alternativas manejadas hasta entonces en los planes oficiales. Una era desarmar el cepo y restablecer un tipo de cambio único de inmediato. Otra era la de amortiguar la devaluación extendiendo los controles para evitar un salto brusco. La elección estuvo, como tantas veces, por la diagonal entre los posible y lo deseable: una devaluación del peso que superó 110% y una gradual reversión de cepos y demás controles. La apuesta oficial era que muchos productos ya habían incorporado las expectativas de devaluación antes del recambio presidencial por lo que no “copiarían” de lleno el cambio de valor. La otra era que el salto debería ser suficiente para surfear el desierto de divisas hasta que la liquidación de la cosecha gruesa comience a rellenar las exhaustas arcas del Central. El clima, esta vez, parece jugar a favor y, además, el sostén de los buenos precios internacionales en vigor.
La velocidad de remarcación es tal que no basta sólo las mediciones punta a punta de cada mes sino cómo va evolucionando por semana. Por ejemplo, el monitoreo de la consultora Eco Go (le dio 29% para todo diciembre) señala que lo peor pudo haber pasado (10% y 11% para las semanas 2° y 3° y luego 3% para la 4° y la 1° de enero) pero que hay un arrastre considerable para enero, que también se proyecta con un alza del IPC de dos cifras. Su director asociado, Sebastián Menescaldi, cree que la devaluación inicial será suficiente para llegar hasta la cosecha, dependiendo de cómo se controle la inflación y la puja salarial. El ritmo de cierre de las paritarias determinará qué tipo de colchón se pudo haber generado y cómo terminarán impactando, además, el reajuste de servicios como medicina prepaga y educación para el poder adquisitivo. “Si el camino no estuvo bien calibrado de entrada, entonces quizás después llegan a necesitar una suba más del tipo de cambio y es factible que pueda ocurrir”, estima.
Puente verde. Otro factor que complica las cuentas sobre demanda y oferta de divisas es el stock de deuda que los importadores asumieron con proveedores del exterior y casas matrices. Para ello se diseñó el bono “BOPREAL” cuyas primeras licitaciones no concitaron interés en los deudores, pero a medida que la brecha cambiaria se fue ampliando comenzó a concitar atención. Hasta ahora hubo US$21.000 millones registrados como deuda con la amenaza de una auditoría para verificarlo, una cifra casi idéntica a la caída de saldo exportable por la sequía. Un peculiar prestamista de última instancia.
La otra dimensión para tener en cuenta en el despertar de la demanda de dólares es que pesan las obligaciones externas a pagar, pese a las compras que venía realizando el Banco Central desde el inicio de la devaluación y gracias a la continuidad de un cepo más sutil pero efectivo. A principios de mes se pagaron US$1.579 millones de capital más intereses para bonistas privados y el siguiente vencimiento del mes es de US$1.945 millones con el FMI. Pero el acuerdo al que se llegó finalmente con el organismo hará que durante todo el primer cuatrimestre no haya salida neta de divisas para “honrar las deudas”. Un puente verde asegurado hasta el ingreso de las primeras liquidaciones salvadoras, si es que las expectativas de devaluación en esas semanas nuevamente no convierten, una vez más, a funcionarios y cerealeras en avezados jugadores de truco.
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