Frente de tormenta: reactivación bajo la lupa

Mientras las calificadoras de riesgo internacional continúan mejorando la calificación de Argentina (el mes pasado Moody’s la subió a Caa1 para moneda extranjera) pero aún es el cuarto país de la región más riesgoso (solo superado por Ecuador, Bolivia y Venezuela) los indicadores muestran señales de recuperación, pero también de vulnerabilidad. La inflación de enero fue la más baja en ese mes desde 2018, el panel líder del MERVAL acusa una suba de 123% en los últimos doce meses, la actividad económica ya tiene signo positivo desde octubre, aunque con mucha heterogeneidad y el salario real privado ya está en el mismo nivel que en noviembre de 2023, previo al tsunami inflacionario.

Alertas

Si bien el saldo de la recuperación es favorable, no puede encontrar una marcha regular y sostenible. Además de la lógica discusión acerca del rol de un presidente comunicando las bondades de proyectos digitales poco transparentes, el affaire del criptogate sometió, una vez más, a la economía argentina. La mirada de inversores apuntaba a cómo el impacto negativo sobre la credibilidad del Presidente podía o no trasladarse directamente a los mercados. Lo que comenzó con una baja generalizada en los ADRs (las acciones que cotizan en aquel país) y los bonos se recuperó para el miércoles 19.

Sin embargo, dejó un sabor amargo para los que hasta el viernes pasado eran optimistas consuetudinarios: el riesgo país medido según la metodología del JP Morgan que había perforado la barrera de los 600 a mediados de enero, encontró un nuevo piso en los 700 puntos en el último tramo de febrero. El dato no es menor porque la gran apuesta del equipo económico es forzar una convergencia entre la inflación mensual, la tasa de interés y el ritmo de devaluación (ahora rebajado al 1% cada mes) para despejar las expectativas de inflación futura y conseguir calificar para los mercados voluntarios de deuda, de los que está alejado desde 2018.

La última encuesta REM organizada entre las principales consultoras de plaza por el Banco Central todavía arroja una proyección de inflación anual de 23% para 2025 pero un crecimiento del PBI de 4,6% para el mismo período. Pero también el mes de enero trajo un dato previsible: el INDEC registró exportaciones por US$5.890 millones e importaciones por US$5.748 millones, que marca un saldo de sólo US$142 millones. Casi un flujo comercial nulo, pero lo que destaca es la tendencia: mientras que las exportaciones crecieron 9,1%, las importaciones lo hicieron casi al triple: 24,6%. Es claro que con un tipo de cambio que por anclar la inflación no tiene perspectivas de aumentar, la política se enfocará en cómo compensar un flujo de compras al exterior simplemente por una actividad económica creciente (más insumos y productos finales). Según la estimación del economista Salvador Vitelli, en noviembre de 2023 el dólar CCL (financiero) valía $3.648 de hoy, casi el triple de la actual cotización y casi 10% más que la inflación de ese período (171%).

Para Jorge Colina, economista de IDESA, el balance de pagos es implacable con el resto de las variables económicas y marca a fuego los efectos de la política económica: en 2024 el balance comercial arrojó un saldo positivo de US$19.000 millones, pero sólo quedaron US$2.000 millones por pago neto de servicios (cuenta corriente). Luego vinieron los pagos e ingresos de capitales, que terminó arrojando otro saldo positivo de US$4.000 millones. Apunta que, dado que el impuesto PAIS no está más, “es muy posible que en 2025 haya más importaciones que exportaciones… mala noticia para el cepo porque sacarlo con un balance de pagos que tiende a ser negativo es de alto riesgo. A menos que se produzcan un boom de inversiones extranjeras directas en el 2025, que sería una bocanada de dólares que entran”, señala. Así que, concluye que la promesa de salida del cepo durante este año depende de la cantidad de dólares en inversión directa que traigan los proyectos del RIGI.

Pies de barro

Por su parte, Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo siembra la semilla de la duda sobre el impacto a mediano plazo del inoportuno error no forzado presidencial. “Esto ocurre en la semana donde el dato de inflación de enero de sólo 2,2% mensual (el menor desde la pandemia) convivió con un roll over de sólo el 76% de los vencimientos de la deuda en pesos en un contexto donde se posterga la expectativa de un acuerdo con el FMI, que ahora requeriría el visto bueno de Bressent (Secretario del Tesoro de los Estados Unidos)”, destaca. La economista, que fue autora de la frase de una política “cepo-dependiente” señala que las reservas (brutas), a pesar de las compras realizadas durante este mes, volvieron a caer a US$28.798 millones por la fuerte intervención en la brecha que se sostiene, prácticamente, los mismos niveles previos al blanqueo de capitales.

La dilatada gestión con el FMI por la obtención de fondos frescos es un factor que enciende las luces de alerta, en un año electoral en el que el ajuste del gasto público ya mostró señales de no tener mayor recorrido, como marca el reciente análisis del IARAF. El reciente superávit primario de enero (0,07%) representa más de la mitad (56%) de lo resignado en retenciones de los cinco meses que se anunció. Mejorar el tipo de cambio real sin devaluar, implicaría conseguir más superávit aun, pero si la actividad no decae, sería posible sin subir la presión fiscal. Un rompecabezas numérico.

Por último, la última medición de precios mayoristas mostró un leve incremento: 1,5% pero lo llamativo es que mientras los rubros vinculados a importados arrojaron sólo 0,5%, los de productos nacionales fue de 1,6%. Eso ya no es inflación importada y está focalizada especialmente en los servicios o bienes “no transables”. Es por eso por lo que, como marca el IERAL en su último informe mensual, con una pauta cambiaria del 1% mensual, el desafío es lograr la convergencia de salarios y tarifas de servicios públicos. Justo en una coyuntura que marca la recuperación salarial con el segmento privado que ya pasó (+0,7%) el ingreso promedio de noviembre 2023 y los públicos todavía rezagados en un 15% real. Un desafío para el reservorio de credibilidad que le queda al Gobierno de cara a la pugna por conseguir más oxígeno legislativo en los comicios de octubre. La única garantía que para sus interlocutores estas turbulencias sean sólo pasajeras es que no se desarme la base de la pirámide sobre la que se construyó el esquema económico. Sin eso, engrosaría la lista de alquimias financieras tan efímeras como de ingrato recuerdo.