Cuatro presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela fueron reconocidos por su lucha por los derechos humanos

En un contexto regional marcado por el cierre progresivo de los espacios cívicos, la represión estatal y la criminalización del disenso, el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos, que otorga anualmente el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), fue otorgado a cuatro figuras emblemáticas de la resistencia pacífica en América Latina: Nancy Elizabeth Henríquez James (Nicaragua), Lizandra Góngora Espinosa y Alexander Mario Fábregas Milanés (Cuba), y Carlos Julio Rojas (Venezuela).

Todos ellos permanecen privados de libertad como consecuencia directa de su activismo, lo que convierte a esta edición en una reafirmación del valor de la disidencia frente al autoritarismo.

El anuncio fue realizado por el jurado conformado por Rubén Chababo, Norma Morandini, Vicente Palermo, Inés Pousadela y Eduardo Ulibarri. La reunión, celebrada de manera virtual, contó con la participación de la propia Graciela Fernández Meijide.

En el acta, los jurados destacaron “la alta consideración y reconocimiento a la trayectoria y valentía de todos y cada uno de los nominados”, y remarcaron que sus historias son reflejo de la “vida bajo el dominio del miedo y la represión”.

Desde el Caribe Norte de Nicaragua, Nancy Elizabeth Henríquez James se convirtió en referente de la lucha por los derechos de las mujeres miskitas.

Fundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Caribe (AMICA) en 1992, su activismo ha sido constante y transversal: defensa de los pueblos originarios, promoción de la igualdad de género, participación política y denuncia internacional.

Elegida en 1994 como la primera mujer alcaldesa de Puerto Cabezas por el partido indígena Yatama, Henríquez fue posteriormente su presidenta. Su detención en 2023 marcó un punto de quiebre. En un juicio carente de garantías procesales, fue condenada a ocho años de prisión por delitos relacionados con la difusión de información crítica al régimen de Daniel Ortega.

Actualmente está detenida en la prisión “La Esperanza”, donde permanece incomunicada y sin acceso a una defensa adecuada.

Madre de cinco hijos, Lizandra Góngora Espinosa fue arrestada tras participar en las masivas protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad cubana de Güira de Melena.

El régimen la acusó de sabotaje, robo con fuerza, desacato y desorden público, cargos que culminaron en una condena a 14 años de prisión dictada por un tribunal militar.

Durante su encarcelamiento en las prisiones de El Guatao y luego Los Colonos, ha encabezado huelgas de hambre y firmó una carta junto a otras prisioneras políticas exigiendo la liberación de los manifestantes del 11J.

Su traslado a una prisión en Isla de la Juventud la alejó aún más de su familia y profundizó su aislamiento.

Alexander Mario Fábregas Milanés es una figura reconocida entre los sectores juveniles opositores al régimen cubano. Su activismo se enfoca en la denuncia sistemática de la ilegitimidad del sistema político y las violaciones a los derechos fundamentales.

Fue arrestado por última vez en julio de 2024, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, con antecedentes similares que agravan su situación judicial.

Detenido en la prisión de máxima seguridad La Pendiente, en Santa Clara, ha seguido organizando desde el interior protestas simbólicas y actos de resistencia, convirtiéndose en un referente entre los presos políticos. La falta de acceso a beneficios penitenciarios y su persistente activismo evidencian la continuidad del castigo como forma de silenciamiento.

En Venezuela, Carlos Julio Rojas representa una de las voces más visibles del periodismo independiente y crítico. Ha sido detenido en múltiples ocasiones por ejercer su oficio en un contexto legal hostil que penaliza la libertad de expresión.

Su más reciente arresto ocurrió en abril de 2024, cuando fue secuestrado por agentes encubiertos y mantenido 40 días en desaparición forzada antes de que se confirmara su reclusión en El Helicoide.

Rojas fue acusado de delitos que van desde asociación para delinquir hasta intento de magnicidio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, señalando el riesgo extremo para su integridad física. Su labor como periodista ha ido más allá de informar: ha denunciado la crisis humanitaria, la persecución política y la corrupción gubernamental.

El Premio Graciela Fernández Meijide, que ya cuenta con tres ediciones, tiene como objetivo visibilizar y respaldar a quienes enfrentan regímenes que restringen libertades esenciales. En sus ediciones anteriores fueron reconocidas organizaciones y activistas de Guatemala, México, Colombia, Venezuela y Cuba.

Este año, la entrega del galardón se realizará el sábado 23 de agosto, en el marco de la conferencia por el Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. Las plaquetas conmemorativas serán entregadas a representantes de los galardonados, dada la imposibilidad de su presencia física debido a su encarcelamiento.

En un escenario latinoamericano donde los derechos humanos enfrentan múltiples amenazas, el reconocimiento a Henríquez, Góngora, Fábregas y Rojas no solo busca honrar su valentía. También funciona como una denuncia pública de las condiciones bajo las cuales miles de ciudadanos, en Nicaragua, Cuba y Venezuela, viven privados de sus derechos por razones políticas.

La permanencia del Premio Fernández Meijide en el panorama internacional refuerza la necesidad de documentar, visibilizar y proteger a quienes, a riesgo de su libertad, insisten en reclamar justicia y democracia en entornos represivos.