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Prensa / Diarios
Venezuela: Chávez rechaza diálogo sobre la libertad de prensa
18 de julio de 2006
Fuente: El Mercurio (Chile)

El gobierno del Presidente Hugo Chávez se negó a recibir ayer a una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visita Venezuela para verificar la situación de los medios de comunicación.

El viaje se decidió ante las constantes denuncias de los gremios locales de periodistas y empresarios de la prensa, quienes acusan a las autoridades de acosar al sector con medidas judiciales, sanciones monetarias y regulaciones legales que afectan a las informaciones que critican al gobierno.

El ministro de Información, William Lara, acusó a la SIP de pretender "intervenir en asuntos internos de Venezuela" y adujo falta de tiempo para recibir a sus representantes.

La SIP lamentó la decisión del gobierno "porque era una oportunidad de intercambiar puntos de vista y expresar nuestras preocupaciones, las cuales no pretenden ser una injerencia en los asuntos internos de cada país", expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín.

La delegación, integrada entre otros por la presidenta de la SIP, Diana Daniels, de "The Washington Post" (Estados Unidos); Rafael Molina, de "El Día" (República Dominicana); y Felipe Edwards, de "La Segunda" (Chile), tiene especial interés en la situación que afecta al diario "Correo del Caroní", ubicado en el sureño estado de Bolívar.

La sede del periódico será desalojada y demolida por una orden del concejo municipal de la zona (pro Chávez), ante un supuesto mandato de la comunidad que prefiere tener una plaza en el lugar.

David Natera, presidente y editor del periódico, calificó de "irregular" la medida y acusó al gobernador, Francisco Rangel, de buscar "argucias legales" y servir a los intereses del gobierno de Hugo Chávez para imponer el "silencio" a la prensa opositora.

Por este caso y otros, la SIP expresó en marzo, en su reunión semestral, que en Venezuela existe "una agresividad oficial absoluta contra la prensa", en particular contra periodistas opositores al gobierno.

Similar diagnóstico hace Fernando Ruiz, asesor del Área Periodismo y Democracia del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Buenos Aires, quien aseguró que "la libertad de prensa está seriamente amenazada en Venezuela, aunque en la actualidad todavía se pueden escuchar algunas críticas al Presidente Hugo Chávez en los medios independientes".

Según afirma Ruiz, Caracas ya cuenta con los controles para limitar a la prensa, sólo falta utilizarlos. Entre ellos, la ley de televisión que otorga amplios espacios al gobierno, penas de cárcel para quienes difamen a las autoridades y el dominio total por parte del régimen del Tribunal Supremo, última garantía de la libertad de expresión.

"Existen medidas técnicas, judiciales, administrativas, llamadas telefónicas, todo tipo de presión de gente que conoce cómo funcionan los medios y sabe dónde presionar", explica Ruiz.

El profesional argentino elabora un informe semestral sobre indicadores de periodismo y democracia a nivel local en América Latina en el cual divide en tres zonas (negra, roja y café) los sectores donde la libertad es más o menos respetada.

En la zona negra, por ejemplo, está Cuba, país donde la libertad de prensa está prohibida por ley y en la actualidad hay 20 periodistas presos. En la roja ubica a países como México y Colombia, donde la vida de los periodistas está en riesgo porque el Estado no respalda el derecho a la libertad de expresión.
 
Zona café

Según este indicador, Venezuela, por el momento, se ubica en la zona café, donde la ley protege el ejercicio de la profesión, pero existe un acoso al periodismo, aunque sin riesgo físico.

¿Qué sucederá a futuro?

"Si el gobierno decide finalmente lanzar toda su artillería contra la prensa, Venezuela pasaría a acompañar a Cuba en la zona negra", concluye.
 
"CERROJOS"

CENSURA Por ley se permite la intromisión estatal en los contenidos de los medios de prensa.

OBLIGACIÓN Discursos y otros mensajes políticos del gobierno deben ser transmitidos íntegramente.

CASTIGO Hasta 40 meses de cárcel a quien ofenda al Presidente y funcionarios del gobierno.
 
Fuente: Diario EL MERCURIO (Chile), martes 18 de julio de 2006.