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Prensa / Diarios
Lecciones del escándalo británico
25 de mayo de 2009
Fuente: La Nación (Buenos Aires, Argentina)

Las derivaciones en el Reino Unido por los gastos excesivos de los diputados puede servir de ejemplo en la Argentina.

Sería bueno que los políticos, en especial los legisladores, no vivieran ensimismados. En todo el mundo se impone la transparencia. ¿Por qué no aplicarla a la política? En el Reino Unido, el speaker o presidente de la Cámara de los Comunes se vio forzado a renunciar por haber permitido que un perverso, pero legal, sistema de reembolsos engrosara las dietas de él y de los otros diputados. Es la primera vez, en más de tres siglos, que sucede algo así en un país que ha sido pionero del parlamentarismo.

A la transparencia, entre otras razones, debe Barack Obama ser el presidente de los Estados Unidos. Lo opaco, reflejado en los manejos turbios de Wall Street, llevó al mundo a una de sus peores crisis. La demanda de transparencia es coherente con el surgimiento de una clase media cada vez más populosa que exige y tiene el derecho de saber qué hacen sus gobiernos y sus legisladores con el dinero que recaudan. Eso llevó a los británicos a replantearse el sistema de reembolsos que aplicaba el Parlamento de Westminster. Por él, gastos superfluos y extravagantes pasaban a engrosar las magras dietas de los legisladores y, en última instancia, degradaban su imagen y su labor.

La revelación de los abusos afectó a un cuerpo de formidable reputación, pero, sin haber incurrido en actos de corrupción, sirvió para sacudir a los políticos de todos los partidos por igual, blanco del descrédito por haberlo convalidado. Frente a ello, el primer ministro Gordon Brown procuró atenuar la demanda del líder de la oposición conservadora, David Cameron, de adelantar los comicios. Prefirió que las próximas elecciones europeas, previstas para junio, den el veredicto, seguramente negativo para los laboristas.

La pérdida de la confianza de la gente, en momentos en los cuales acechan la recesión y el desempleo, son el peor indicador para cualquier gobierno. En la Argentina, donde todavía es una incógnita dónde está el dinero de Santa Cruz girado al exterior, vanas son, en ocasiones, las inquietudes sobre el uso y el abuso de los recursos públicos.

Organizaciones no gubernamentales como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), entre otras, insisten en la necesidad de acceder en forma completa a la información pública, no con cuentagotas y a criterio del gobierno de turno.

Las dudas sobre el destino de los fondos asignados al propio Congreso caen en un agujero negro en el cual es difícil, si no imposible, establecer el destino que han tenido. Para muestra, basta una cifra: sólo el 15,5 por ciento de los legisladores nacionales dispone de una página propia de Internet para difundir su labor, según un estudio de Cadal. La mayoría de los legisladores no aprovecha ese formidable instrumento para cumplir con su obligación republicana de rendir cuentas.

La falta de transparencia perjudicará a quienes creen, como hasta hace menos de un mes los legisladores británicos, que pueden seguir yendo a contramano del mundo.