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Prensa / Internet
ELECCIONES 2004: UN BALANCE DE LO OCURRIDO Y UNA MIRADA SOBRE LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN
16 de marzo de 2005
Fuente: Bolpress (Bolivia)

Santiago Alles (Cadal).- Tras un año 2003 en que los países más grandes de la región habían renovado autoridades ejecutivas (Argentina y Brasil) y legislativas (México, además de estos dos), las principales elecciones vividas el año pasado ocurrieron en países más pequeños, concentradas en especial en América Central y el Caribe, tanto ejecutivas como legislativas. Por otra parte, en dos países sudamericanos las sociedades fueron consultadas para decidir directamente por temas cruciales, tales como la continuidad en el cargo del propio presidente (Venezuela), o el destino de los recursos energéticos nacionales (Bolivia). Finalmente, también se llevaron a cabo una miríada de procesos electorales locales, entre los que se destacaron los casos de Brasil y Chile.
Las elecciones presidenciales tuvieron su primera parada en El Salvador durante el mes de marzo [ver: PAPER Latinoamericano no. 11], la cual fue resuelta en primera vuelta. Enmarcadas en un récord histórico de participación electoral, el candidato del derechista ARENA, Elías Tony Saca, se consagró ganador con el 57.7% de los votos, la cifra más alta alcanzada por el partido desde su fundación. A pesar que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) obtuvo su mejor resultado en esta su tercera participación electoral (35.7%), Schafik Handal, el candidato efemelenista, fue el gran perdedor esa noche. Tal como señalaba entonces A. Kobilsky (2004), "este resultado hubiese sido impensable para los efemelenistas hace apenas un año, cuando el partido de izquierda salía victorioso de las elecciones legislativas y municipales de mitad de período, y los pronósticos electorales prematuros señalaban una ventaja de más de 15 puntos por sobre una golpeada ARENA". A la vez el alto grado de polarización electoral (casi 95% de los votos), colocó en una difícil posición a los dos partidos menores, los cuales no alcanzaron el mínimo de votos exigidos por la legislación para seguir existiendo.

La victoria de ARENA fue, por un lado, contundente, tanto si se tiene en cuenta que obtuvo un registro histórico como también si se toma en consideración la extensión territorial del apoyo logrado: derrotó al FMLN en los catorce departamentos de El Salvador, y triunfó en 245 de los 262 municipios en que se divide el país. Pero, por otro lado, el FMLN también obtuvo su mejor marca electoral, lo cual era un llamado de atención para un partido que, al término del mandato de Saca, habrá gobernado durante veinte años consecutivos. En este contexto, el mensaje conciliador con el que Saca se dirigió a los salvadoreños el día de su victoria no es sorprendente, sino por el contrario consciente de la situación. La derrota, indudablemente, generará presiones renovadoras dentro de la oposición efemelenista, en especial si se toma en consideración lo disputado de la nominación del veterano líder Schafik Handal, quien representaba al ala ortodoxa del partido. Queda abierta entonces la disputa entre la ortodoxa vieja guardia partidaria, nuevamente derrotada, y las generaciones más jóvenes más moderadas.

Tras la victoria oficialista en El Salvador, el primer domingo de mayo la oposición se alzó con la presidencia en las elecciones panameñas [ver: PAPER Latinoamericano no. 12], en los primeros comicios presidenciales tras el retiro del último contingente de tropas estadounidenses, luego de la entrega del Canal en diciembre de 1999. La baja estima popular hacia el gobierno de la presidente Mireya Moscoso (Partido Arnulfista) presentaba un escenario político en el que los líderes opositores contaban con una posición privilegiada, a la cual lograron sacarle partido. A la cita electoral en esta ocasión se presentaron cuatro candidatos. El Partido Arnulfista, controlado con mano de hierro por Mireya Moscoso (viuda de su fundador, Arnulfo Arias), escogió como candidato al ministro de Relaciones Exteriores, José M. Alemán, quien quedó atrapado en la obligación de defender a un gobierno desprestigiado; la coalición "Visión de país" estuvo también formada por el Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y por el Partido Liberal.

El gran favorito fue, en todo momento, el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por el general Omar Torrijos con inspiración nacionalista y orientación hacia la socialdemocracia internacional. El candidato del PRD fue su hijo, Martín Torrijos, quien se deshizo de la línea nacional-populista de los años de su padre y enfocó su programa de gobierno en la modernización del Estado con propuestas centristas; en esta ocasión, el PRD se presentó aliado con el Partido Popular (antigua Democracia Cristiana, de centro), conformando la alianza "Patria Nueva". En este contexto de descrédito, el principal oponente de Torrijos (máximo favorito) no fue el candidato oficial, sino un ex presidente de origen arnulfista, pero fuertemente enfrentado con Moscoso: Guillermo Endara. El cuarto candidato, sin mayores posibilidades (con un 7% en las encuestas), fue Ricardo Martinelli.

Tal como habían anticipado las encuestas, Torrijos obtuvo un claro triunfo sobre Endara, luego de una campaña electoral cuyo denominador común fue la ausencia de contrastes ideológicos fuertes. Con una asistencia superior al 80% de los casi dos millones de ciudadanos habilitados para votar, la sociedad panameña optó nuevamente por darle su apoyo a un candidato opositor, tal como había ocurrido tanto en las elecciones de 1994 como en las siguientes de 1999: Torrijos logró imponerse con un 47.4% de votos, sobre el 30.9% que alcanzó Endara y el 16.4% del candidato oficial. En cuanto a la elección legislativa, realizada el mismo día, los resultados obtenidos por el PRD le permitirán gobernar durante los próximos cinco años con un sólido sustento legislativo: junto a las bancas del aliado Partido Popular, accedió a la mayoría en la Asamblea Legislativa (Alles 2004a).

Apenas dos semanas más tarde se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en República Dominicana [ver: PAPER Latinoamericano no. 13], las que también dieron el poder al candidato opositor: el presidente Hipólito Mejía (Partido Revolucionario Dominicano) fue derrotado en forma aplastante por quien fuera su predecesor en el cargo, Leonel Fernández (Partido de la Liberación Dominicana), en un escenario económico crítico, marcado por una incontrolable devaluación, alta inflación y alto desempleo. Cuando el entonces presidente saliente Hipólito Mejía decidió lanzarse a la carrera por su reelección presidencial, no sólo rompió con lo afirmado por él mismo tras la reforma constitucional realizada a mediados de 2002 sino también con la tradición anti-reeleccionista que había caracterizado la historia del PRD y dividió al propio partido oficial; más allá de las tensiones generadas puertas adentro del partido oficial, Mejía fue capaz de sostener su candidatura. El ex presidente Leonel Fernández fue el candidato del PLD, cuyos cuatro años de gobierno (1996-2000) se habían caracterizado por privatizaciones, inversiones en infraestructura y turismo, y una economía que se mostró con mucha vitalidad (+7% anual promedio).

Pese al clima de violencia en algunas regiones del país, y de desconfianza y denuncias entre las fuerzas políticas, las elecciones se llevaron a cabo con relativa normalidad y los resultados no sólo fueron respetados sino que el propio Mejía aceptó su derrota antes que se conocieran los datos de la Junta Central Electoral: Fernández alcanzó el 57.1% de los votos, mientras el candidato oficial apenas obtuvo el 33.7%. No obstante la contundente victoria, Fernández deberá enfrentar un Congreso adverso, donde el PRD controla ambas cámaras (en un caso con una sólida primer minoría [Diputados, 48.7%] y en el otro con una aplastante mayoría [90.6%]), a la espera de la renovación legislativa que será recién el año próximo (Alles 2004b).

La cuarta (y última) elección presidencial del pasado año fue recién el último domingo de octubre [ver: PAPER Latinoamericano no. 18] y consagró al opositor Tabaré Vázquez como nuevo presidente del Uruguay, rompiendo con un siglo y medio de hegemonía de los tradicionales partidos Colorado y Nacional. La contundencia de la victoria de la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) no sólo se reflejó en la cantidad de votos que logró Vázquez, rompiendo la barrera del 50% exigido para ganar en primera vuelta, sino que también le permitieron obtener la mayoría absoluta en ambas camaras del congreso. El reverso de la victoria frentista fue la debacle del tradicional Partido Colorado, el cual hizo una elección desastrosa, muy por debajo de sus registros históricos; las previsiones lógicas harían esperar el inicio de una profunda renovación en la dirigencia tradicional.

Las últimas dos elecciones presidenciales uruguayas (1999 y 2004) sugieren una configuración nueva para el sistema de partidos políticos uruguayo. El crecimiento del Frente Amplio, y en general del bloque progresista, se dio a costa de los electores que históricamente habían apoyado a los partidos tradicionales, tal como se ve reflejado en la evolución de los resultados electorales. Si el ascenso del Frente Amplio pudo sugerir, en algún momento, un escenario de tercios con el Partido Colorado en el centro y el Partido Nacional en la derecha, los hechos posteriores parecen sugerir un escenario diferente. Así, el consenso entre los partidos tradicionales a favor de las reformas de 1996, el apoyo brindado por el Partido Nacional a la candidatura de Jorge Batlle en 1999 y la posterior incorporación de blancos en el gabinete batllista, el apoyo de los principales dirigentes blancos a la posición oficial en el referendo, son hechos que vienen a plantear un escenario donde el multipartidismo moderado se desenvuelve según una lógica bipolar que enfrenta a los bloques "tradicional" y "progresista". El nuevo sistema electoral, diseñado para alejar a la izquierda del gobierno, parece tener mucho que ver con este nuevo escenario partidista.

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Además de estas cuatro elecciones presidenciales, en el pasado año electoral se recortan dos consultas cruciales, en las que si bien no fueron puestos en juego cargos electivos (aunque, en un sentido negativo, en el referéndum venezolano estaba en disputa la presidencia), ayudaron a resolver conflictos políticos complejos. El primero de estos dos referéndums fue el realizado en Bolivia a mediados de julio pasado, por la polémica cuestión del gas y del petróleo. Tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) en octubre de 2003, su vicepresidente Carlos Mesa ocupó la presidencia en un difícil escenario político: hostigado desde los extremos, en especial por movimientos políticos representativos de las bases populares, Mesa logró el respaldo de un importante número de sectores del poder político boliviano, temerosos por su futuro en una sociedad que recorría, sin frenos a la vista, el espiral de la violencia. No obstante, este apoyo era estructuralmente escaso, y en este contexto de crisis del sistema político, se introdujo el tema de los hidrocarburos (en especial, el gas) que marcó la caída del presidente Sánchez de Lozada, luego que pretendiera sostener en esta materia una estrategia privatista de fuerte apertura a las inversiones extranjeras. Y Mesa abordó este conflictivo frente por medio de la convocatoria a un referéndum para consultar a la sociedad boliviana sobre el destino de los recursos en disputa [ver: PAPER Latinoamericano no. 15], accediendo así a uno de los más importantes reclamos hechos en los álgidos días de octubre (Alles 2004c).

La convocatoria obtuvo reacciones variadas, y eso condujo a una fragmentación del frente opositor, en especial permitió diferenciar con claridad las actitudes de líderes como Evo Morales y Felipe Quispe. Por un lado, Morales tomó una postura mesurada y de parcial colaboración, coherente con sus expectativas presidenciales. Estimando que una profundización de la crisis política boliviana podía, incluso, arrasar con sus oportunidades electorales, Morales optó por apoyar públicamente la realización del referéndum, aunque se diferenció del gobierno al apoyar el voto por el "No" en las dos últimas preguntas; en contrapartida, Quispe rompió lanzas con la propuesta, y atacó a Evo por su traición. La oposición llevada a cabo por los sectores más radicales no logró evitar que la consulta se llevara a cabo con relativa normalidad, y arrojó como resultado un fuerte respaldo a la gestión de Mesa: aunque con un alto nivel de abstención (45%) y un promedio de votos nulos y en blanco superior al habitual, el gobierno obtuvo un resultado positivo en cada una de las cinco preguntas formuladas (Alles 2004c). El resultado del referéndum le dio aire al gobierno de Mesa para afrontar los siguientes meses, aunque de ninguna forma resolvieron los conflictos de fondo, tal como las tensiones de los últimos días indican con claridad.

La polarización política en Venezuela ha sido el resultado principal de la confrontación directa entre gobierno y oposición. Estas tensiones alcanzaron su pico máximo en el intento de golpe de Estado opositor de abril de 2002, cuando durante un fin de semana Hugo Chávez fue desplazado del poder. El retorno de Chávez a la presidencia fue una dura derrota para los sectores opositores, en especial por el daño sufrido en sus credenciales democráticas, pero no significó una resolución del conflicto. Por el contrario, las tensiones obligaron a la mediación de actores externos, incluidos líderes políticos de algunos países latinoamericanos; estos buenos oficios condujeron durante 2003 a un acuerdo entre las fuerzas de oposición, agrupadas en la Coordinadora Democrática, y el gobierno, por el cual se comprometieron a alcanzar una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis a través del artículo 72 de la Constitución, que permite convocar a un referéndum revocatorio (para aquellos funcionarios que hubieran cumplido la mitad de su mandato), en caso de reunirse las firmas necesarias (Labaqui 2003).

La oposición organizó durante diciembre de 2003 el llamado firmazo, por el cual recolectó la cantidad de firmas exigidas por la normativa constitucional (2,438 millones, es decir un 20% del padrón de electores) para convocar el referéndum. Tras lograr el reconocimiento de las firmas recolectadas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición debió enfrentar a un gobierno que, a pesar de su desgaste político, conservaba un importante apoyo de los sectores populares, y que contaba con crecientes ventajas estratégicas a medida que lograba dilatar el proceso electoral. Por su parte, la oposición debía ser capaz de aglutinar un frente suficientemente amplio para vencer al chavismo, para luego consensuar una candidatura sólida, de cara a las hipotéticas elecciones presidenciales posteriores (Alles 2004d). Sin embargo, la capacidad de las fuerzas opositoras quedó muy lejos de las expectativas generadas, y la derrota fue contundente: con una amplia participación, superior al 70% del padrón electoral, el chavismo obtuvo alrededor del 59% de los sufragios. La oposición manifestó (en algunos casos, vivamente) sus dudas sobre el escrutinio, sobre el comportamiento de las empresas encargadas de implementar el voto electrónico y sobre los observadores internacionales (tanto de la OEA, como del Centro Carter), pero a la postre significó la consolidación de Chávez en el poder, gracias al uso populista de los recursos petroleros, en una coyuntura especialmente favorable a tal efecto (Burdman 2004). En estos días Chávez se encuentra en una posición sólida, mientras la oposición intenta adaptarse al nuevo escenario político, tras la dura derrota de agosto pasado.

Finalmente, en seis países se llevaron a cabo elecciones locales, sean municipales (Brasil, Nicaragua, Bolivia y Chile), seccionales (Ecuador) o regionales (Venezuela). Dentro de este grupo se destacaron claramente las elecciones brasileñas y chilenas; mientras las primeras fueron un termómetro para medir la popularidad de Lula tras casi dos años de gestión, las segundas fueron una experiencia preliminar de cara a las elecciones presidenciales de diciembre próximo. El resultado de las elecciones municipales brasileñas arrojó un resultado ambiguo, donde tanto el gobierno como la oposición (en especial, el PSDB) tuvieron avances que festejar. Por un lado, los principales partidos políticos brasileños (léase, PT, PSDB y PMDB) incrementaron su caudal de votos nacionales. Desde un punto de vista de los cargos obtenidos, en la primera vuelta, el PT tomó la delantera en la disputa por las capitales estaduales al quedarse con seis de ellas, mientras otras cinco fuerzas políticas lograron imponerse en una capital (PFL, PMDB, PPS, PDB y PDT); el PSDB no logró ninguna en primer turno, pero se aseguró participar en la segunda vuelta de siete de ellas (Franchini 2004b). Entre los distritos que requirieron una segunda vuelta, el PT sufrió dos derrotas significativas: una en San Pablo, la ciudad más populosa del país; y la otra en Porto Alegre, gobernada por el PT durante los últimos dieciséis años. A la vez, el PSDB ganó en San Pablo, y avanzó sobre otras cuatro capitales estaduales, recuperando terreno frente al partido oficial [ver: "Panorama Latinoamericano: Brasil", en PAPER Latinoamericano no. 18].

Las elecciones municipales chilenas, llevadas a cabo el último domingo de octubre pasado, presentaron un escenario político favorable al gobierno de cara a las elecciones presidenciales, a pesar incluso de la derrota sufrida nuevamente en Santiago. "La Concertación de Partidos por la Democracia sale fortalecida por su desempeño tanto a nivel de alcaldías (44.79%) como a nivel de concejalías (47.91%) después de 15 años interrumpidos en el poder. Por el contrario, la Alianza por Chile se encuentra ante una situación compleja, ya que su desempeño ha perforado el estratégico piso del 40%, que la deja en un difícil escenario de cara a las elecciones presidenciales de diciembre de 2005. Así, la oposición alcanzó 38.65% en la votación para Alcaldes y solo 37.66% en la votación para concejales" (Isern 2004). Cuando faltan aun nueve meses para los comicios presidenciales, la Concertación se halla entonces en una posición inmejorable para ganar, por cuarta vez consecutiva, la presidencia de la República, frente a una Alianza golpeada por un rendimiento electoral muy por debajo de lo esperado.

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La democracia latinoamericana conserva aun numerosas ambigüedades, y las evaluaciones pueden arrojar resultados muy diferentes según sea la perspectiva tomada. Desde una noción eminentemente procedimentalista, haciendo omisión del caso haitiano con su escaso (y truncado) registro democrático y de la dictadura castrista en Cuba, los procesos democráticos parecen conservar un fuerte arraigo en las sociedades latinoamericanas. Las elecciones se han transformado en eventos principales y determinantes en la vida política de casi todos los países de la región. Sin embargo, la calidad de tales procesos electorales presenta un escenario notoriamente más heterogéneo. Tras años de vida democrática, aun algunos actores autoritarios conservan posiciones claves en la escena política, gracias a las cuales pueden colocarse en un rol pretoriano: los años en que los militares ocupaban directamente el poder parecen haber pasado, pero en algunos casos conservan considerable poder. Las elecciones presidenciales guatemaltecas en 2003 representan un ejemplo claro de tal situación, y pueden ser útiles para exponer esta situación.

Si tras el inicio de los procesos de liberalización, tal como destaca F. Hagopian (2000:265), los estudiosos de la política latinoamericana investigaron las transiciones a la democracia, con el transcurrir de la vida democrática, las preocupaciones migraron hacia la calidad de las nuevas instituciones democráticas. En esta línea, no ha sido menor la preocupación por el rol de los militares en las jóvenes democracias, en una región en la que la tradición intervencionista se encuentra largamente enraizada. Los militares latinoamericanos, tal como señalan Kruijt y Koonings (2002:9), han desarrollado el papel de "actores políticos empotrados", el cuál se ha reflejado en un papel activo y con frecuencia decisivo en la política nacional.

Si bien la transición a la democracia obligó a los sectores militares a retirarse de la posición principal del escenario político, en muchas ocasiones fueron capaces de pactar situaciones de privilegio, en las cuales pudieron conservar algunos de sus principales bastiones de poder. Sin embargo, el militarismo no se ha expresado en los mismos términos en todos los países. Por un lado, las instituciones políticas civiles lograron consolidarse, con lo cual los militares retornaron a los cuarteles, y se vio una progresiva erosión de los privilegios y poderes militares (p.e.: Argentina). Segundo, se presentaron situaciones de "democracias blindadas" en las cuales los militares conservaron sus ambiciones intervencionistas, en contextos caracterizados por la debilidad de los gobiernos democráticos; los militares cumplen un rol de árbitro de las instituciones democráticas formalmente restauradas. Finalmente, aparecieron versiones modernizadas de alianzas cívico-militares en el marco de un régimen político autoritario y plebiscitario (Kruijt y Koonings 2002:14-16). Ahora bien, la experiencia democrática guatemalteca reciente puede ser un caso ilustrativo de estas "democracias blindadas", aunque tal tipificación no parece ser perfecta.

La magnitud del poder de algunos actores vinculados al mundo militar en la sociedad política guatemalteca viene dado, en buena medida, por la guerra contrainsurgente librada en los tempranos 80 y por la forma en que se produjo la transición. El lento proceso de transición se inició en marzo de 1982 cuando el general Efraín Ríos Montt derrocó al general Romeo Lucas García, exponiendo las divisiones dentro del propio frente militar. El golpe constituyó una reacción de los sectores militares jóvenes ante el fraude electoral que, con apoyo de un pacto cívico-militar, había ocurrido unas semanas antes, repitiendo lo ocurrido en 1974 y 1978 (Ajenjo Fresno y García Díez 2001:292). Ríos Montt intentó combinar un programa reformista (que incluía una reforma agraria) con la aplicación de la primer fase de un cruento "programa de pacificación" (Alcántara Sáez 1999:183-184); a la estrategia militar se incorporaba un programa de desarrollo económico (Ajenjo Fresno y García Díez 2001:293-294). No obstante, sus pretensiones reformistas condujeron a su reemplazo por Humberto Mejía Victores.

Tras el contra-golpe de Mejía Víctores en 1983, para continuar en la vida política Ríos Montt inició la constitución del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un partido de estructura vertical y jerarquizada, autoritario e ideológicamente situado sobre la derecha del espectro político. No sólo la base de la doctrina política eferregista es el pensamiento del propio Ríos Montt, sino que su figura se corta dominante sobre toda la estructura partidaria (Ajenjo Fresno y García Díez 2001:291-297). Sin embargo, la imposibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 1990 y de 1995, condujeron a la abstención en la primera ocasión y a la candidatura presidencial de Alfonso Portillo en la segunda. Derrotado en esta ocasión, Portillo repitió el intento cuatro años más tarde y en esta ocasión alcanzó la presidencia. No obstante, Ríos Montt conservó no sólo una importante cuota de poder dentro del partido, sino también dentro del propio gobierno de Portillo, lo cual le permitió alinear al partido detrás de su figura a medida que se acercaban las elecciones presidenciales de noviembre de 2003; la barrera que restaba franquear era el mismo obstáculo legal que ya había impedido su candidatura.

El veterano líder militar, entonces presidente del Congreso, ya alineado el partido detrás de su candidatura, inició una batalla legal para lograr, finalmente, su habilitación. La batalla legal derivó en un falló de la CC, un tribunal que muchos criticaban por la presencia de hombres afines al gobierno (PL, 06/07/2003), gracias al cual resolvió la disputa en forma favorable al veterano líder militar en fallo dividido, al considerar que su inhabilitación violentaba sus derechos fundamentales (PL, 15/07/2003). La habilitación de Ríos Montt generó el rechazo generalizado de la sociedad civil, cuyas manifestaciones se repitieron con frecuencia. Sin embargo, ante un posible retroceso del litigio judicial, una violenta manifestación eferregista asoló la capital (PL, 25/07/2003): con los rostros cubiertos y armados con palos, piedras, machetes y armas de fuego, los manifestantes ocuparon el centro de la ciudad, asediando tanto a los órganos judiciales que tomaron parte en el proceso (TSE, CSJ y CC) como también a conocidos críticos y medios de prensa (elPeriódico). La movilización, que reflejaba una organización detallada, buscó desde un inicio condicionar el desenvolvimiento de las instituciones.

Cuando Ríos Montt ocupó el gobierno de facto a principios de los 80, su figura representó a las fracciones militares más jóvenes, quienes intentaban enfocar la guerra contrainsurgente tanto en el frente militar, como en el político y socioeconómico. La duplicidad de esta estrategia política permitió a Ríos Montt establecer sus bases políticas entre los sectores populares. Y el FRG se sirvió de su capacidad para movilizar tales masas populares cuando, a fines de julio de 2003, asediaron la capital durante treinta y seis horas, intimidando a la oposición, a la prensa y a los órganos del Estado autónomos del gobierno, por medio del terror. La dirigencia eferregista, a través de múltiples medios, redujo el espacio de autonomía de las instituciones políticas guatemaltecas, condicionando así el desempeño del poder civil. La habilitación de Ríos Montt iba, indudablemente, en contra de las reglas de juego, pero el FRG logró impunemente perforar los marcos institucionales, fortaleciendo su posición por vía de la movilización violenta de las bases populares.

Siguiendo la tipología de Kruijt y Koonings (2002) presentada más arriba, el caso guatemalteco expone una situación mixta, en la que se entrecruzan las segunda y tercera categorías. Por un lado, el poder militar personificado por Ríos Montt ha conservado a lo largo de los 80 y 90 un importante poder de veto, en buena medida gracias al control que aun conservan sobre importantes recursos de control político, tales como el aparato de inteligencia y de segurida. Y, por otra parte, se observa la reconversión del poder militar gracias a la articulación de una alianza con sectores populares rurales, lo cual revive la imagen de las alianzas cívico-militares, o incluso la figura de las coaliciones nacional-populares clásicas. La tipología de Kruijt y Koonings presenta tres tipos ideales que, siguiendo la perspectiva weberiana, sirven como una herramienta heurística a través de la cual interpretar la experiencia histórica concreta.

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A pesar de estas (y muchas otras) imperfecciones, el balance sigue siendo positivo. La historia latinoamericana no había registrado jamás un ciclo tan largo y extenso de vida en democracia. Esto por un lado refleja un mejor ambiente para la consolidación democrática, pero a la vez retroalimenta las condiciones favorables. Durante el pasado año, cuatro países eligieron presidentes, y otras dos consultaron directamente a la sociedad por temas cruciales, junto a muchos otros procesos para elegir legisladores y autoridades locales. Estos procesos electorales gozaron, más allá de sus diferencias, de altos niveles de transparencia, y en especial fueron aceptados por los perdedores, lo cual permite verlas como un mecanismo válido y legítimo de resolución del conflicto político; si bien el candidato efemelenista calificó de desleal la campaña de ARENA en El Salvador, o más aun la oposición venezolana criticó la transparencia del proceso, los resultados fueron en todos los casos aceptados como válidos. La democracia latinoamericana tiene aun mucho terreno por recorrer, pero lo visto el año pasado da motivos para la esperanza.


BIBLIOGRAFÍA:

LIBROS Y ARTÍCULOS:

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FUENTES PERIODÍSTICAS:

Prensa Libre, de Ciudad de Guatemala, en: http://www.prensalibre.com/