La salida del gobierno argentino del Grupo de Lima, en el día del aniversario del último golpe militar citando el obsoleto argumento de la dictadura del proceso (1976-1983) de respetar “la soberanía y los asuntos internos de cada Estado”, ofrece la oportunidad para el resto de los países que integran esta instancia multilateral de retirarse de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a lo cual sería coherente que se sume Uruguay, cuyo gobierno tiene todas las credenciales para liderar esta iniciativa.
Es que la CELAC reconoce a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y por cierto al régimen de partido único en Cuba, al tiempo que cuenta con una “Declaración Especial de Defensa de la Democracia” que es letra muerta y por lo tanto representa un insulto para los actores democráticos en países miembro de este organismo gobernados por dictaduras.
El presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue el único que tuvo un gesto sin precedentes de compromiso con los derechos humanos en la región al no invitar a su asunción a los Jefes de Estado de América Latina y el Caribe que carecen de legitimidad democrática: Miguel Díaz Canel, Cuba; Nicolás Maduro, Venezuela; y Daniel Ortega, Nicaragua.
Asimismo, Lacalle Pou en una entrevista con el diario El País, de Montevideo, expresó que “Uruguay integra estrados internacionales, para mí, suficientes: ONU, OEA, entre otros. La superpoblación de estrados internacionales les saca eficiencia. Sustituir un grupo por otro no sé si valida una acción efectiva”. Esta es una de las razones por la cual Lacalle Pou no incorporó a Uruguay al Grupo de Lima.
Pero además de la posición coherente de no sumarse a un nuevo grupo, Lacalle Pou tiene que considerar salir de alguno de ellos, como el de la CELAC, pues la presencia de Uruguay allí convalida a los tres gobiernos cuyos dictadores no fueron invitados a su asunción presidencial.
Para organismo hemisférico ya está la Organización de Estados Americanos (OEA), con su profesional sistema interamericano de derechos humanos. Desde allí, los países del Grupo de Lima, Uruguay y otros que se sumen pueden conformar una coalición democrática interamericana cuyo principal objetivo sea velar por el cumplimiento de la carta del 2001 en la región y pedir la activación de la misma antes que en un país se erosione totalmente el estado de derecho.
Desde lo simbólico, la salida masiva de la CELAC dejaría mal parados a los gobiernos populistas de Andrés Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández-Cristina Kirchner en Argentina, al tiempo que representaría una gran derrota diplomática para la longeva dictadura cubana y sus autocracias aliadas de Venezuela y Nicaragua.
Uruguay, respaldado por el excelente historial de su vigorosa democracia, tiene un rol importante para jugar en la defensa de los derechos humanos, no solo en la región. Este año podrá aspirar a la reelección en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también animar a presentar su candidatura a otros países del Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) más comprometidos con las libertades civiles y políticas que la Argentina de Fernández-Kirchner, que ya anunció que aspirará a tres años más en el organismo con sede en Ginebra.
Gabriel C. Salvia es Director General de www.cadal.org
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