Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Artículos

28 de junio de 2003

Venezuela, tras el acuerdo del 29 de mayo

El gobierno del presidente Hugo Chávez y la oposición finalmente alcanzaron un acuerdo tendiente a solucionar la crisis de gobernabilidad que afecta a Venezuela. En sus puntos más destacados, el acuerdo establece que la solución para destrabar el conflicto debe alcanzarse a través de las disposiciones constitucionales e incluye la convocatoria de un árbitro imparcial que garantice la transparencia electoral de un eventual referéndum revocatorio. No obstante, el camino hacia el referendo revocatorio deberá aun superar múltiples obstáculos.
Por Ignacio Labaqui

El 29 de mayo el gobierno del presidente Hugo Chávez y la oposición agrupada en la Coordinadora Democrática firmaron tras un arduo proceso de negociaciones, un acuerdo tendiente a solucionar la crisis de gobernabilidad que afecta a Venezuela.
El compromiso suscripto por el gobierno y la oposición consta de diecinueve puntos. Entre ellos cabe destacar la voluntad de las partes de alcanzar una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral; la adhesión y pleno respeto a la Constitución, así como también la adhesión a los principios contenidos en la Carta Democrática de la OEA; el compromiso de ambas partes de desarmar a la población civil; el compromiso de sostener la libertad de expresión, etc. No obstante, es claro que el núcleo del acuerdo está contenido en los puntos duodécimo y decimotercero. El primero de estos afirma que la solución para destrabar el conflicto que aqueja a Venezuela puede lograrse a través del artículo 72 de la Constitución, que permite convocar a un referéndum revocatorio para aquellos funcionarios que hubieran cumplido la mitad de su mandato. En tanto que el segundo de estos puntos incluye la convocatoria de un árbitro imparcial para que garantice la transparencia electoral del eventual referéndum revocatorio.
A su vez cabe señalar que el acuerdo del 29 de mayo no es tanto el producto de los actores domésticos venezolanos, como de los esfuerzos volcados por la Comunidad Internacional para encontrar una salida viable y democrática a la crisis política en Venezuela. La sucesión de eventos transcurridos desde noviembre-diciembre de 2001, momento en que comenzó a vislumbrarse la perspectiva de un golpe de Estado en Venezuela constituyen una prueba fiel de la desaparición de los espacios de diálogo entre el gobierno y los partidos y organizaciones de la oposición. El frustrado golpe de abril de 2002, la fallida huelga general, las violentas arengas de Chávez, el acoso a los líderes y medios opositores son todos hechos que dan cuenta de esta incapacidad para el diálogo. Este verdadero déficit en materia de cultura política democrática hizo necesaria la participación de César Gaviria Trujillo en su rol de Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Centro Carter, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, más recientemente, del Grupo de Países Amigos de Venezuela.
Sin dudas este acuerdo constituye un progreso en la medida en que compromete tanto al gobierno como a la oposición a una salida dentro del marco de la Constitución. Sin embargo, desde otro punto de vista, el acuerdo es una prueba patente de la fragilidad de la democracia en Venezuela, en la medida que se trata de un compromiso por parte de ambos bandos de hacer lo que naturalmente deberían hacer, esto es, respetar la Constitución. En este sentido puede visualizarse al acuerdo como un episodio más dentro del largo proceso de deterioro democrático iniciado con el "Caracazo" en 1989, continuado por los dos intentos golpistas de 1992, las elevadas tasas de abstención electoral que desde entonces se registran en Venezuela, el surgimiento de un líder populista como Chávez, y el frustrado intento golpista de abril de 2002.
Desde la perspectiva de las partes firmantes, el balance del acuerdo es mixto. Si la Coordinadora Democrática se avino a firmar este acuerdo fue tan sólo luego de constatar el fracaso de la huelga general mantenida entre diciembre del año pasado y febrero de este año. En este sentido, la oposición debió ceder en su posición de máxima, la renuncia inmediata de Chávez o la convocatoria de una consulta popular antes de agosto, abandonar las tácticas de oposición semi-leal apoyadas tácita o explícitamente, y aceptar que su mejor chance está en obtener las firmas necesarias para la convocatoria del referéndum revocatorio donde cuenta con mayores posibilidades de forzar la salida de Chávez. A la vez, la oposición obtuvo, a través del punto decimotercero del acuerdo, un reaseguro frente a los temores de fraude, un tema no menor a la luz de lo sucedido en 2000, cuando a menos de tres días de su realización, el gobierno debió postergar la realización de elecciones por fallas en el sistema informático.
Por su parte, el gobierno obtuvo un triunfo relativo que no deja de ser pírrico. Es una victoria en la medida que desde que la oposición comenzó a presionar por la renuncia de Chávez, el gobierno se aferró al artículo 72 de la Constitución y a la fecha de agosto de este año en que se cumple la mitad del mandato de Chávez. Es pírrica, toda vez que de acuerdo a lo que marcan las encuestas de opinión pública, Chávez sería desalojado del poder en un eventual plebiscito.
¿Cuáles son las perspectivas hasta el plebiscito? El camino hasta el referendo revocatorio enfrenta diversos obstáculos. En primer lugar, la política venezolana ha asumido la naturaleza de un juego de suma cero que deja poco espacio para la conciliación. Ninguno de los dos grandes bandos en pugna le concede legitimidad al otro, algo que se desprende claramente de las acciones de chavistas y anti-chavistas desde el inicio de la crisis. El maximalismo de la oposición y el comportamiento semi-leal, en terminología de Linz, son perfectamente funcionales al discurso de Chávez. A su vez, las acciones de Chávez contra la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), los ataques de sus seguidores a la prensa, sus fuertes acusaciones a la Iglesia, los intentos de manipulación del Ejército y las amenazas de nacionalizaciones y expropiaciones contra el sector privado contribuyen a justificar el maximalismo opositor.
En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que marcan los sondeos de opinión pública, que auguran una segura derrota de Chávez en un eventual referéndum, es previsible que el gobierno ponga todos los medios a su alcance para evitar la realización del mismo. El cumplimiento de los requisitos para convocar a la consulta popular aparece como un campo propicio a través del cual el gobierno podría evitar la revocatoria de mandato.
En tercer lugar, Chávez no puede desconocer que -tal como sostenía Tocqueville- los regímenes no caen en su momento de mayor opresión, sino cuando intentan reformarse. Cualquier intento conciliador de Chávez se percibirá desde la oposición como una muestra de debilidad. Es de esperar entonces una mayor virulencia por parte del presidente y sus partidarios hacia la oposición.
En este contexto no es de extrañar un recrudecimiento en los enfrentamientos entre Chávez y los diversos grupos de oposición. Algo de esto ya se ha visto. Al momento de escribir estas líneas, cuando aun no han pasado quince días de la firma del Acuerdo, el gobierno y la oposición ya se hallan enfrascados en medio de un nuevo conflicto, que incluye acusaciones cruzadas de violar el compromiso suscripto el 29 de mayo. El intento oficialista de reformar el reglamento de sesiones de la Asamblea, boicoteado por los partidos de oposición (bajo el argumento de que la reforma abre el camino para la sanción de normas destinadas a limitar derechos fundamentales), llevó al oficialismo a sesionar en las calles de un barrio de Caracas, tras acusar a la oposición de golpe institucional, y a aprobar la controvertida reforma, aunque -de acuerdo a la oposición- sin el quórum necesario y con la presencia de legisladores suplentes. Por otro lado, el tratamiento legislativo de un proyecto de ley que busca incrementar la supervisión de los medios, fuertes opositores de Chávez, y las recientes acusaciones contra la prensa del Canciller venezolano en la Reunión de la OEA, muestran de alguna manera cuál es el grado de voluntad del gobierno de cumplir con lo acordado.
Frente a esta realidad, tanto las gestiones del Secretario de la OEA como del Grupo de Amigos de Venezuela pueden jugar un rol más que relevante, asumiendo el papel de garantes del acuerdo, y velando para que el gobierno y la oposición honren los compromisos asumidos, marcando de esta forma un punto de inflexión en la crisis que hoy golpea a Venezuela.

* Ignacio Labaqui es Profesor Asistente de América Latina en la Política Internacional (Universidad Católica Argentina); además se desempeña como Investigador de FLACSO-Argentina.