Derechos Humanos y
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5 de marzo de 2012

El perdón del presidente Correa

El episodio con Correa muestra cuán imprescindible es contar con organismos externos capaces de escuchar los reclamos de ciudadanos aislados cuyos gobiernos aplican la aplanadora mayoritarista y los jueces carecen de independencia.
Por Tomas Linn

El presidente Rafael Correa dio una aparente marcha atrás en su agresiva lucha contra la libertad de prensa en Ecuador, al anunciar su "perdón" a los tres periodistas sentenciados a prisión. Pero ¿de veras es una marcha atrás? ¿Terminará al fin con su constante amedrentamiento? Nada indica que así ocurrirá. De haber sido un gesto genuino, Correa no hubiera dado un "perdón", sino pedido perdón por avasallar la más importante de las libertades.

No irán a la cárcel los dos directivos del matutino El Universo, ni su columnista, hoy todos asilados en el exterior. Tampoco el diario deberá pagar la multa de 40 millones de dólares que, de haberlo hecho, hubiera significado su bancarrota. Tampoco se seguirá con el juicio a los dos autores del libro “El Gran Hermano”, que publica graves denuncias de corrupción.

El presidente se había ensañado con estos casos. Estaba sobregirado, abusivo y prepotente y eso dañó, ante el mundo, la imagen de su régimen. Quizá por eso debió retroceder. Pero Correa aprendió la lección. No la de respetar la libertad de prensa, sino la de entender que debe cambiar sus procedimientos. Ahora buscará mecanismos menos bulliciosos y más eficaces para acallar a los medios críticos.

Los periodistas "perdonados" saben que no tendrán más libertad para expresarse. Simplemente, no irán a la cárcel ni pagarán esas multas; pero el amedrentamiento seguirá. Todo indica que Correa retomará además su vieja pelea con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en particular con la Relatoría para la Libertad de Expresión, que presionó y desnudó ante el mundo lo que ocurría en Ecuador. Por eso, hace varios meses que busca la vuelta para recortarle sus potestades y presupuesto. A comienzos de febrero, sin embargo, recibió una clara señal de que no le sería tan fácil. En la Comisión Permanente de la OEA, Uruguay, Panamá y Costa Rica se opusieron a esas reformas. Eso no hará que Correa ceda; simplemente, lo obligará a encontrar un modo más sutil de lograr su objetivo.

Es significativo que Uruguay haya encabezado esta postura. El gobierno de José Mujica muestra una simpatía más desembozada que la de su antecesor, Tabaré Vázquez, hacia los regímenes de Chávez y Correa, aunque dentro de ciertos márgenes de sobriedad. Pero pese a ese estrechamiento de relaciones, hay valores que persisten en la tradición política uruguaya.

El actual secretario ejecutivo de la CIDH es un comprometido abogado argentino, Santiago Cantón, que había sido el primer relator para la Libertad de Expresión cuando esa oficina se creó en 1998 y se sumó a las ya existentes relatorías del organismo. Su tarea es monitorear los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, así como atender denuncias individuales que merezcan ser investigadas. Todos los años se presenta un informe sobre la situación en el continente con los datos proporcionados por cada relatoría. El más extenso, exhaustivo y detallado es el de la Relatoría para la Libertad de Expresión. La minuciosidad es tal que es imposible no "pisar algún callo" en esta América de creciente autoritarismo. Su relatora es una abogada colombiana, Catalina Bottero, que conduce el organismo con prolija energía. Los informes anuales se elaboran con ecuanimidad, claridad y rigor. Por eso son una innegable referencia y gozan de gran credibilidad. La CIDH tiene autonomía dentro de la OEA y es saludable que así sea. Le permite cumplir su tarea con independencia. De otro modo, estaría limitado y presionado por los Estados asociados cada vez que se vieran afectados.

Aun así, Correa no quiere que le enmienden la plana y contó con la adhesión de Nicaragua y Venezuela para su propuesta. Hubo además "ambigüedad" en países como Colombia, México, Chile, la Argentina y Brasil, que creen que la propuesta contiene recomendaciones a ser consideradas y tal vez atendidas.

Ecuador sabe dónde doblegar a la CIDH, y más ahora que con este retroceso buscará cómo recuperar pie en su lucha contra los medios. Su propuesta apunta a dos objetivos. Uno es el de hacer más breve el informe anual y en especial el de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Prescindir o reducir estos textos a una mera síntesis general hará que se difundan poco sus atropellos contra la libertad de prensa. Si Correa logra su objetivo, recuperará espacio para seguir atacando a los periodistas.

El otro objetivo es que la Relatoría no reciba más recursos de organizaciones internacionales independientes y se sostenga sólo con los fondos internamente asignados, para "igualar" su situación con las demás Relatorías de la CIDH. Bloquearle esa financiación es reducir a la Relatoría a su mínima expresión y liquidar su independencia investigativa.

La Relatoría se respalda mucho en fondos que provienen de la Comisión Europea, del Reino Unido, Suiza, Francia y Costa Rica, y de fundaciones suecas y norteamericanas. Los orígenes son diversos y garantizan su autonomía. Tanto rigor y autonomía molestan a Correa. Tras este "perdón", tal vez modifique su estrategia, pero no su ofensiva contra la CIDH.

Tampoco está solo. Ni Venezuela ni Nicaragua ni Colombia se quedan atrás en sus intentos de mantener a raya a los medios. En la Argentina, la "guerra" contra los periodistas críticos e independientes se aceleró con la aplicación de la ley de medios, con la aprobación de la ley antiterrorista (que afecta la libertad de informar), y de la ley que permite el manejo antojadizo de la distribución del papel monopolizado por el Estado, con un mecanismo que hace recordar a las dictaduras del siglo XX.

Es verdad que ya no se usa mano militar al estilo de los dictadores uniformados de antaño. Ahora se aplican medidas sutiles y de dudosa constitucionalidad, propias para un tiempo en que están de moda los "dictadores civiles" ungidos por las urnas.

Atemorizada la prensa, todo es posible. ¿Quién informará sobre los atropellos, las violaciones de otros derechos, el pisoteo de libertades y la corrupción si la prensa libre fue avasallada?

El episodio con Correa muestra cuán imprescindible es contar con organismos externos capaces de escuchar los reclamos de ciudadanos aislados cuyos gobiernos aplican la aplanadora mayoritarista y los jueces carecen de independencia. Para eso está la CIDH con cada una de sus Relatorías, e incluso para eso está la Corte Interamericana con sede en Costa Rica.

Si hay renuencia en los países latinoamericanos para frenar a Correa de modo drástico, hay complicidad. Eso no habla bien de las convicciones democráticas, republicanas y libertarias en América latina. Surge una contradicción entre el discurso que incita a revisar las violaciones de derechos humanos cometidas hace tres décadas y la postura de mirar al costado cuando se trata de violaciones presentes.

En el contexto del "perdón" ecuatoriano, la postura en la OEA de Uruguay, Costa Rica y Panamá ayudará a que prevalezca el sentido común y la valoración de principios básicos. Quizá los gobiernos no quieran a esta Comisión ni a sus relatores, pero los ciudadanos de América latina, cada uno de ellos, sí los necesitan como último recurso para hacer valer derechos y libertades que les son inherentes e inalienables.

Tomás Linn es columnista político de la revista Búsqueda (Uruguay).

Fuente: Diario La Nación (Buenos Aires, Argentina)