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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 
La muerte de Bin Laden y el Derecho Internacional
5 de mayo de 2011
Existe cierto consenso sobre la validez de sobreponer la defensa de los DD.HH a la soberanía de los Estados. Eso avaló la intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia y lo hace hoy en Libia. Existen buenas razones para suponer que ese mismo criterio es aplicable cuando un Estado ampara a terroristas o mafiosos internacionales. De lo contrario, habría que aceptar la existencia de santuarios para criminales.
Gonzalo Bustamante Kuschel
 

La muerte de Bin Laden y la forma de su ocurrencia han abierto no pocos debates. Uno de los principales puntos de discusión es hasta dónde es legítimo que se pueda hacer uso de la fuerza en territorio de otro Estado soberano. Ello, sumado a la disputa sobre la legitimidad de ajusticiar a alguien sin un debido proceso previo.

Nadie, ni el más naive pacifista, objeta per se el uso de la violencia que busca ocasionar la muerte de otro; el tema es cuándo es correcto emprender una acción de esa naturaleza. Claramente, sería en casos excepcionales y no la regla. Por ejemplo, hay acuerdo en que la operación del 20 de julio de 1944 que buscó asesinar a Hitler era legítima y quienes dieron la vida en ella son recordados como héroes. De igual forma, el Holocausto nos recuerda la necesidad para una nación de contar con una fuerza militar para su propia defensa. Para Maquiavelo y Hobbes, la protección de los ciudadanos es una de las funciones más básicas del Estado. Por eso, el uso de la fuerza con consecuencia de muerte, la necesidad de contar con medios de defensa y la obligación del Estado de proveerlos, no son mayormente discutibles. El tema es si en este caso se justificaba y si el uso de esa capacidad bélica más allá de las fronteras propias es legítimo.

Existe cierto consenso sobre la validez de sobreponer la defensa de los DD.HH a la soberanía de los Estados. Eso avaló la intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia y lo hace hoy en Libia. Existen buenas razones para suponer que ese mismo criterio es aplicable cuando un Estado ampara a terroristas o mafiosos internacionales. De lo contrario, habría que aceptar la existencia de santuarios para criminales.

Lo que confunde la discusión es que no todas las naciones poseen lo que técnicamente se designa como power projection: capacidad de proyectar la fuerza del Estado más allá de sus fronteras. Eso genera la sensación de que las naciones que la tienen abusan, al no existir organismos internacionales que lo normen. Pero son dos cosas distintas: una es la conveniencia de avanzar hacia una institucionalidad que regule el uso de esa fuerza y otra creer que eso implica que los países que sí poseen power projection no lo pueden utilizar en casos justificados de graves violaciones a los derechos humanos o terrorismo internacional.

Otra cosa es que, ante la asimetría en la aplicación de esta fuerza que pocos poseen, se desacredita su uso en casos que sí ameritan, como el de Bin Laden. Parece necesario tener que distinguir la necesidad de una institucionalidad global y la legitimidad de usar la fuerza en ciertas ocasiones, de cuando se debió hacer, pero por cálculo no se hizo.

Fuente: La Segunda (Santigo de Chile, Chile)