El gobierno parece lanzado a agravar los problemas económicos en vez de a aliviarlos. Y no sólo porque se aferre a una cuarentena general como única forma de achatar la curva de contagios. También porque avanza hacia el default, como si fuera una consecuencia lógica e inevitable de la pandemia; cuando en verdad sigue siendo una mala decisión suya, fruto de querer repetir la ya mala experiencia de 2003 como si fuera la llave del éxito. Y porque alimenta la fuga del peso, y con ella la inflación futura, negándose a distinguir entre los gastos estatales necesarios y los secundarios, desalentando el ahorro en pesos y alimentando la desconfianza de los empresarios.
Como vamos, la Argentina podría estar entre los países que sufran menos muertes por la pandemia, aunque todavía hay que ver. Pero es casi seguro que se contará entre los que sufran una caída económica más aguda, y no una breve y reversible. Como dicen los expertos, no atravesaremos una “V”, sino una “L”: se pronostica un retroceso del PBI mayor que en el resto de la región, que no sería seguido de una rápida recuperación de similar intensidad, sino de una etapa más o menos larga de estancamiento. Y eso porque ya antes del estallido, el gobierno actuaba en este terreno con ideas equivocadas, que no se han corregido con la emergencia. Al contrario, se han ratificado y endurecido. Dado que él se convenció de que la pandemia les dio un aval extra, las volvió más necesarias y adecuadas que antes.
Tener un ministro de Hacienda que se dedica por entero a deshojar la margarita de la renegociación de la deuda, en medio de semejante catástrofe económica, es de por sí una mala idea. Y es una aún peor si se practica semejante acto de enajenación con la idea de que la emergencia va a forzar a los acreedores a aceptar cualquier cosa.
Martín Guzmán parece convencido de que con los tiempos que corren si ofrece pagar 40 por algo que hoy, en el mejor de los casos, vale 30, los bonistas lógicamente tienen que aceptar. Más teniendo el aval del FMI a practicar una quita importante. No aceptar sería irracional.
Cuando lo cierto es que, sin un plan económico de por medio, uno mínimamente consistente que garantice en un futuro próximo una mayor capacidad de pago del país, era ya muy difícil que alguien fuera a aceptar esa quita. Y ahora la falta de perspectivas de crecimiento se ha agravado, así que sucede lo contrario de lo que el gobierno cree: como va, nadie cree que la Argentina pueda pagar, ni ahora ni en tres o cuatro años, así que entre “no cobrar 100” y “no cobrar 40” los acreedores elegirán con toda lógica “no cobrar 100” y esperar, que alguien haga en el futuro una mejor propuesta, o que llegue el momento de litigar.
¿Por qué el gobierno no se refugió en la emergencia, en vez de insistir en una negociación inviable, para postergarla? Por la manía de pensar que la emergencia le da la razón, confirma sus creencias históricas: que así como “demuestra las bondades de nuestro estatismo”, la pandemia también demuestra que “el capitalismo financiero es una desgracia” y nadie lo necesita. Cree que, finalmente, es mejor una ruptura que no salirse con la suya, porque no necesitamos a esos “buitres”. Y que todos van a imitarnos, van a dejar de pagar, así que no importa que ratifiquemos nuestras malas credenciales como defaulteadores compulsivos. Un grave error: lo que harán otros deudores en problemas será seguramente pedir más plazo, no defaultear. Y deberíamos imitarlos. Tal vez aún estemos a tiempo.
Dado este panorama, se entiende que los privados que aún tienen un peso en el bolsillo lo apuesten al dólar y no a la economía local, y que el dólar vuele. Y que más empresas opten por ir a la quiebra en vez de endeudarse, incluso pudiendo hacerlo a tasas negativas: mejor salir del sistema, esperar, y volver cuando la tormenta haya pasado, sin la mochila de deudas ni compromisos salariales e impositivos acumulados. Es una tendencia que algunos analistas ya están observando: las mismas empresas que en otros países se achican, echan o suspenden empleados, reducen sueldos y demás, ordenan a sus filiales en Argentina directamente cerrar sus puertas. Después, verán cuándo vuelven, si es que vuelven.
Mientras tanto, el gobierno genera aún más desconfianza apoyándose en las ideas tributarias de sus sectores más antiempresarios. Ante el derrumbe de la recaudación, dio su aval al impuesto “a los ricos”, el famoso “impuesto patria” de Máximo Kirchner, dirigido a gravar “las grandes fortunas”. Que sólo recaudará algo significativo si grava a mucha más gente que los “15000 ricachones de mayor patrimonio”: los tributaristas ya han advertido que habría que ampliarlo a los “más o menos ricos” para compensar mínimamente lo que se está perdiendo por caída del IVA, ingresos brutos y Ganancias. Y entonces el problema va a ser que muchos miles de empresarios, dueños de PyMEs industriales, de restaurants, hoteles y demás compañías de servicios, verán reducirse su capacidad de volver a la vida sus empresas. Les va a convenir también bajar las persianas, comprar dólares con lo que les quede, y esperar lo que haya que esperar.
¿No es entonces peor el remedio que la enfermedad?
Es cierto que en crisis previas se tomaron medidas similares a este impuesto. Hubo “ahorro forzoso” en tiempos de Alfonsín, y expropiación de depósitos con Menem. Pero esas crisis no consistían, como esta, en un congelamiento casi total de los flujos económicos. Que para descongelarse necesitan haya plata en manos de las empresas, para que la gasten y recontraten empleados. Sería más razonable entonces estimular a quienes todavía tienen algo de dinero a hacerlo, en vez de a salirse del circuito por temor a una expropiación de activos, o a más impuestos focalizados en los activos que vienen a significar lo mismo.
El fisco puede alegar que él también va a impulsar la reactivación, por ejemplo con obra pública, y para eso necesita plata. Y cuanto más recaude, menos tendrá que recurrir a la emisión. Lo que suena bastante sensato. Pero esa intención justificaría gravar solo a quienes no contribuyan a la reactivación privada. Y no debilitar a esta última. Porque de otro modo lo que se sume por un lado se resta por otro.
El punto es importante porque todo el dinero que se vuelque a la actividad económica en estos meses puede sostener la actividad, incluso estimularla, si se administran bien las señales e incentivos. O puede convertirse en inflación y en más estancamiento si eso se hace mal. Y la generación de confianza es una parte importante de este asunto.
Lamentablemente, el gobierno da la pauta de que no lo entiende así cuando repite que “no hay motivo para que los precios suban”, así que si lo hacen es “culpa” del comerciante que remarca.
La inflación era ya muy alta y va a serlo aún más, indefectiblemente, cuando la actividad empiece a descongelarse. Por ahora, la cuarentena tiene ese otro beneficio para el gobierno: evita que se acelere la circulación del dinero. Porque lo que se puede comprar es muy poco. Una vez que se abra el comercio, esa aceleración multiplicará la cantidad de moneda disponible, que habrá crecido además en el ínterin por la emisión, así que la inflación inevitablemente va a escalar. ¿Qué va a hacer entonces el Ejecutivo, llamar a los intendentes e inspectores municipales, y también a la población, a cazar a los “especuladores y agiotistas”?
Antes del estallido, el gobierno actuaba en el terreno económico con ideas equivocadas, que no se han corregido con la emergencia. Al contrario, se han ratificado y endurecido.
Igual que en el manejo de la deuda, todavía está a tiempo de hacerlo mejor. Puede no ser mala idea que en vez de emitir tantos pesos, emita bonos o una cuasimoneda con un plazo de vencimiento, como sugirió Carlos Melconian, para moderar el impacto inflacionario y estimular a sus tenedores a gastarlos e invertir. Podría no ser mala idea tampoco un tributo excepcional sobre los activos, pero no dirigido a recaudar más si no a movilizarlos para alentar la actividad económica. Y tal vez no sea mala idea que el presidente revea su negativa a reducir los altos salarios en el sector público, en los tres poderes y todos los niveles de gobierno, con particular atención a los gastos improductivos y muchas veces ocultos de las cámaras legislativas, los organismos descentralizados y las empresas estatales, para dar el ejemplo y concentrar el gasto en lo que hace falta y va a hacer aún más falta, reanimar la actividad productiva.
