“Sometí mi parecer al veredicto popular, y el pueblo con su voto me acompañó”. Lo dijo Alberto al presentar su reforma judicial, acompañado por un consejo asesor esperpéntico, que disipa cualquier duda que podía haber respecto a que el objetivo de la misma es hacer de cobertura a la operación para garantizarle impunidad a Cristina y sus socios.
El mensaje es clarito como el agua: el 48% es “el pueblo”, el otro 52% es irrelevante, una curiosa matemática y aún más curiosa distinción “democrática” para alguien que se presentó como un moderado dialoguista.
Y tan importante como eso: aclaró tanto al 48% como al 52% que por haberlo votado a él y su vice, ya avalamos todo lo que él haga por la impunidad. Eso es lo que según Alberto la cuasi mayoría electoral de octubre pasado decidió, así que no hay ahora nada que discutir. No es él ni es Cristina, es la soberanía del pueblo la que se expresa en la decisión de eliminar los juicios por corrupción de la faz de la tierra y garantizar que nadie más se atreva en el Poder Judicial, ni en la sociedad, a investigar a los gobernantes, mientras los gobernantes sean ellos, claro. Peronismo puro y duro. La moderación y el diálogo, para lo que importa, no cuentan.
En la República ideal de Alberto Fernández, la política y la Justicia no deberán mezclarse nunca.
Repitió a continuación una vez más su “nunca más”, ¿a qué? “a una Justicia usada para saldar discusiones políticas”. Dicho claramente, “si alguien me acusa de corrupto está usando la Justicia para distorsionar nuestra competencia”, o aún más clarito, “desde ahora, entre bueyes no hay cornadas”: nadie de la corporación política debería promover o siquiera permitir que los jueces investiguen a sus pares, por más corruptos que sean, porque le conviene en la competencia.
La competencia democrática es usada así contra la vigencia de la ley y de la República. Más populismo berreta que eso imposible. En su república ideal, la política y la Justicia no deberán mezclarse nunca. Es decir que la Justicia no podría investigar a los políticos, jamás. Con lo que este peculiar profesor de derecho político nos dio una clase ejemplar en pro de una oligarquía autosuficiente, el paraíso de personajes que, como el propio Alberto, viven desde hace décadas de los chanchullos de un Estado predador sobre el resto de la sociedad.
Para cerrar, acusó directamente a Macri de haber promovido “una doctrina para convertir el encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas”. Es genial el Alberto. Él, igual que Massa y muchos otros exkirchneristas y ahora ex supuestamente renovadores, entre 2015 y 2018 acusaron a Macri de lo contrario, de frenar a la Justicia para que Cristina siguiera libre y les complicara la tarea de sucederla en el liderazgo del peronismo. Ese supuestamente era el pecado del macrismo cuando no se avanzaba más rápido en condenarla por corrupción.
Pero cuando se reconciliaron con ella inventaron esta otra fábula, que Macri inventó un sistema para perseguir opositores, y todos se volvieron entonces compañeros de desgracia de los “perseguidos”. Es tan fantasiosa una acusación como la otra, pero las dos combinadas pintan de cuerpo entero a nuestro actual presidente y su claque, un rejunte de arrimados al poder que no tiene ningún plan para el país, pero sí uno para salvarse ellos mismos y a sus circunstanciales socios.
Por Marcos Novaro.
