En entrevista en el noticiero de Canal 13 el 26 de agosto, Gonzalo Blumel literalmente dijo que en los días que precedieron al histórico acuerdo “había bastante sentido de urgencia, una sensación de que esa violencia no podía prolongarse en el tiempo, ese nivel de violencia es incompatible con una sociedad democrática, y por lo tanto había dos opciones”. La opción menos deseada para Blumel era renovar el estado de emergencia. La otra opción era la que Blumel privilegió, un acuerdo político que permitiera iniciar un proceso constituyente.

Considerando que Sebastián Piñera había hecho campaña explícitamente oponiéndose a una nueva constitución y que uno de sus primeros actos legislativos fue retirar el proyecto al respecto que había presentado, mañosamente, la Presidente Bachelet pocos días antes de llegar al poder, la opción que manejaba Blumel representaba una renuncia flagrante a los compromisos de campaña que había adoptado el Presidente. Para cualquier demócrata que valora los procesos de campaña en que los candidatos presentan lineamientos generales de gobierno, ver que un gobierno decide intempestivamente cambiar la hoja de ruta con la que se ganó el voto de una mayoría del electorado debe ser algo difícil de aceptar. Después de todo, para que la democracia funcione bien, las autoridades deben aspirar a cumplir los compromisos que hacen como candidatos. Cuando un candidato gana con un discurso de izquierda y gobierna como un presidente de derecha —por más que tenga altos niveles de aprobación presidencial—, su gobierno se basa en la mentira y el engaño. Si las promesas y compromisos de campaña no importan, los votantes comprensiblemente no se preocuparán de ir a votar. Total, los presidentes después harán cualquier cosa cuando estén en el poder.

Torpemente justificando la razón de llegar a un acuerdo que significaba que Piñera renunciaba a una de sus promesas más importantes de campaña, Blumel añadió lo siguiente: “no exagero si digo que lo que estaba en juego en ese momento era nuestro sistema democrático, porque por una parte no se podía seguir con esos niveles de violencia y por otra parte un nuevo estado de excepción constitucional hubiese sido una tensión muy fuerte, políticamente hablando”.

Pero en vez de convencer a la audiencia de que el gobierno optó por la mejor salida para el país, Blumel deja en claro en la entrevista que el Presidente Piñera prefirió renunciar a sus ideales y valores para ceder a la presión ejercida por la violencia. Las consecuencias de las desastrosas reglas que ahora rigen el proceso constituyente dan buenas razones para anticipar que esto no va a terminar bien para Chile en el mediano y largo plazo.

Pero en el corto plazo, la consecuencia directa de la decisión del gobierno de Piñera de renunciar a sus principios y valores para frenar la violencia solo han sentado un precedente nefasto que, irónicamente, ha terminado por generar más violencia. En las últimas horas, un paro de camioneros ha amenazado, una vez más, al Estado de derecho en el país. Habiendo aprendido la lección del irrespeto a Carabineros y a las autoridades que hoy prevalece en Chile, los camioneros han salido también a hacer uso de la fuerza para defender sus intereses. En Chile, el que no llora no mama y el que no usa la violencia es un gil.

Como el precedente de que la violencia produce resultados ya quedó instalado, no debiéramos sorprendernos de que cada grupo que exige más derechos o tiene reclamos, por más legítimos que sean, hará uso de métodos extrainstitucionales para avanzar su causa. Para qué respetar la ley si irrespetarla sale gratis y, además, produce mejores resultados. Los meses que se vienen serán de alta incertidumbre —de iniciarse el proceso constituyente, la incertidumbre reinará hasta que la nueva constitución esté lista a mediados de 2022 y, después, cuando las contradicciones internas del texto lleven a procesos de judicialización permanente en distintos ámbitos de la economía. Pero, como si eso no fuera poco, a la incertidumbre deberemos sumar la presión que ejercerán aquellos actores que, mirando lo que ha ocurrido este último año, saben que el gobierno está dispuesto incluso a renunciar a sus principios para evitar la violencia.

Sociólogo, cientista político y académico UDP.