¿Tiene cura la política peruana?

La destitución del presidente Martín Vizcarra –mediante una moción de vacancia aprobada por el Congreso y cuya legalidad ha sido duramente cuestionada por distintos constitucionalistas peruanos— y la efímera presidencia de su sucesor, el presidente del Congreso Manuel Merino, son los más recientes hitos de la rocambolesca historia de la política peruana desde que Alberto Fujimori fuera elegido presidente en 1990.

De los siete presidentes que ha tenido el Perú en los últimos 30 años, seis están procesados o investigados por la justicia y uno, Alan García, se suicidó cuando iba a ser detenido. La gran y meritoria excepción es el ya fallecido Valentín Paniagua, quien asumió interinamente a fines del 2000 tras la fuga y renuncia de Fujimori.

Triste récord para la institucionalidad del Perú. La vacancia de Vizcarra fue un paso más en el deterioro de la política peruana. Las razones detrás de ella son débiles. El presidente Vizcarra está siendo investigado por presuntos actos de corrupción acontecidos cuando era gobernador de la región de Moquegua, en el sur del país. El camino institucional habría sido, en caso de encontrarse pruebas de la acusación, someterlo a juicio al final de su mandato, en julio de 2021.

La vacancia aprobada por el Congreso a principios de noviembre –en un segundo intento, tras haber fracasado con otros argumentos a mediados de año—tiene más que ver con la protección de intereses particulares que con la intención de luchar contra la corrupción (68 de los 130 congresistas actuales tienen investigaciones o procesos judiciales abiertos).

Los intereses particulares que movieron a muchos congresistas a votar en favor de la vacancia son variados: la crisis de las universidades peruanas –la superintendencia de educación universitaria canceló la licencia de más de 40 universidades en los últimos años por no cumplir con los requisitos de calidad académica y de infraestructura, algunas vinculadas a políticos y congresistas—, el interés por influir en el presupuesto del 2021 para apoyar algunas carreras políticas de cara a las elecciones del próximo año, el interés por desactivar varias investigaciones de la fiscalía sobre algunos congresistas o sobre empresas cercanas a ellos y la intención de forzar la libertad condicional de Antauro Humala –hermano del ex presidente Ollanta Humala—ex militar condenado a 19 años de cárcel por liderar el ataque a una comisaría de policía como parte de una insurrección armada contra el presidente Alejandro Toledo.

El Congreso, ante las fuertes protestas que dejaron un saldo de dos muertos, finalmente retiró el apoyo a Merino y lo forzó a renunciar y, el domingo 15 de noviembre, se encontraba discutiendo sobre quién sería su reemplazante. Los congresistas que destituyeron a Vizcarra –quien, pese a la crisis sanitaria y económica mantenía una aprobación del 70%-- se han dado cuenta que la manipulación de la Constitución no es suficiente para hacerse con el gobierno. Es lo único positivo hasta ahora de esta crisis.

Más allá de quién sea elegido para ocupar la presidencia de la República, el tema de fondo es cómo podrá detenerse el deterioro de la institucionalidad del Perú. Hay un riesgo cada vez mayor de que un líder populista termine capitalizando la disfuncionalidad política actual, arrebatando el poder y destruyendo la democracia.

Esto en un contexto en el que la economía peruana –fuertemente golpeada este año por la pandemia—se ha mostrado resiliente a las sucesivas crisis políticas del país. Pero esa resiliencia puede tener un límite y, con la depresión económica que atraviesa el país, es el peor momento para ponerla en juego.

Raúl Ferro es Director del Consejo Consultivo de CADAL (www.cadal.org)