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      La complicidad del gobierno argentino con las dictaduras

      La complicidad del gobierno argentino con las dictadurasEl vicecanciller Pablo Tettamanti, en la última sesión del Consejo Permanente de la OEA, que se pronunció sobre la situación en Nicaragua.
      19/12/2021 12:29

      Nuevamente la política exterior del gobierno argentino muestra una actitud de complicidad con las violaciones a los derechos humanos. Otra vez más se abstuvo de votar una resolución en el Consejo Permanente de la OEA que aborda la situación en Nicaragua.

      En esta resolución se afirma que Nicaragua está incumpliendo la Carta Democrática Interamericana, y se abordan la necesidad de urgentemente poner en libertad a todos los presos políticos y de acordar reformas electorales abriendo el dialogo con los partidos para celebrar elecciones libres.

      También se la insta a Nicaragua en revocar las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos y a permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

      Esta resolución es la continuación y consecuencia de una resolución previa de la Asamblea de la OEA aprobada el 12 de noviembre pasado. Resulta grotesco y contradictorio que en dicha oportunidad el gobierno argentino votó en favor de la aprobación de la resolución, mientras que en el marco del Consejo Permanente, tanto ahora como en junio y octubre pasados se abstuvo de señalar a Nicaragua.

      En oportunidad del voto favorable argentino en la Asamblea, el Vicecanciller Pablo Tettamanti tuvo un discurso extremadamente tibio, casi culposo, en el que prácticamente se excusó del sentido de la posición argentina. Además, no perdió oportunidad de mencionar el reiterado argumento de la “no intervención”, en el que el gobierno siempre se ampara indebidamente.

      En el Consejo Permanente, el Embajador Carlos Raimundi, al justificar su abstención, esgrimió argumentos desubicados diciendo que Argentina “está convencida que los informes del lugar son mucho más completos y precisos que los que se realizan desde fuera de la situación” y que rechazaba “la aplicación de sanciones o cualquier otra medida que pudiera exacerbar el conflicto o agravar la situación” de los nicaragüenses “generando tensiones que pueden ser utilizadas para justificar una mayor intervención externa”.

      ¿A qué informes se refería, a los del régimen? ¿Quiso decir que los informes de la ONU y la CIDH, mencionados en la resolución previa de la Asamblea, que Argentina sí votó, no son legítimos? ¿Esto cambia la posición en la que se venía amparando el gobierno argentino de acompañar lo que diga Michelle Bachelet? ¿Está el gobierno argentino cuestionando los informes de la CIDH? Estos posicionamientos resultan inentendibles. La grave situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua no está en duda y ha sido reflejada en informes de la CIDH, de la Alta Comisionada Bachelet y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

      Es penoso que al día siguiente de haber sido elegida la Argentina para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se cometa otra de las tantas actitudes cómplices con distintas dictaduras a las que nos tiene acostumbrado este gobierno, y que sólo excepcionalmente zigzaguea cuando apoya alguna resolución contra las dictaduras de la región en la ONU o en la OEA. Esto se suman el vergonzoso episodio de marzo de 2021 ante la Corte Penal Internacional. Esa vez, el gobierno de Fernandez pretendió retirar tanto la denuncia por la situación en Venezuela presentada por los países del Grupo de Lima, como el informe aportado a esa Corte con testimonios de víctimas venezolanas.

      Brian Schapira es Director de RR.II. de CADAL


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      Brian Schapira
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