La Constitución como píldora mágica

Desde el estallido social de octubre de 2019, tanto la izquierda como la derecha en Chile han abusado del argumento de que una nueva Constitución es la píldora mágica que podrá solucionar los problemas que enfrenta el país. Mientras no dejemos atrás esa obsesión por creer que el país mágicamente cambiará producto de una refundación constitucional, difícilmente podremos avanzar por ese arduo camino de reformas graduales e incrementales que se necesitan para lograr ser un país más desarrollado, con más oportunidades y donde el mérito y el esfuerzo sean más determinantes en los resultados que el apellido o el lugar en que uno nació.

Desde la independencia en el siglo XIX, los países de América Latina han estado obsesionados con realizar innovaciones constitucionales. Aunque Chile es uno de los países que menos constituciones ha tenido en la región, los textos de 1833, 1925 y 1980 también buscaron innovar en su contenido y alcance. Los experimentos constitucionales en la región han sido especialmente creativos, pero siempre han seguido la lógica de que las nuevas constituciones son más largas que las anteriores y que buscan abordar más asuntos de forma más específica y detallada.

A partir del momento en que Chile se embarcó en esta aventura para redactar una nueva Constitución, el debate político sobre cuestiones coyunturales ha estado mezclado con el debate constitucional sobre el diseño institucional que debiera tener el país. Como la gente comprensiblemente está más interesada en las cuestiones inmediatas y en sus problemas actuales, el debate constitucional inevitablemente ha sido contaminado por discusiones coyunturales. Por ejemplo, el aumento de la delincuencia en los meses recientes llevó a los miembros del Consejo Constitucional electos en mayo de 2023 convirtieran el combate a la delincuencia en un tema central del nuevo texto. La expulsión expedita de inmigrantes que cometen crímenes, por ejemplo, se convirtió en un artículo constitucional precisamente porque los chilenos están preocupados de los crecientes niveles de delincuencia.

De igual forma, como respuesta al proceso constituyente anterior -que terminó en una mayoritaria votación por el Rechazo en el plebiscite de septiembre de 2022- que estuvo marcado por actos ofensivos en que algunas personas profanaron la bandera nacional y otros intentaron cambiar el himno nacional y otros emblemas patrios, este nuevo texto incluye detalles excesivos sobre el “deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”.

También influidos por debates de políticas públicas muy coyunturales, el proceso constituyente anterior terminó incluyendo en el texto que Chile debería privilegiar las relaciones internacionales con países de América Latina. El texto actual, en una demostración de insensatez y maximalismo, establece que la exención de impuestos a la propiedad, contribuciones, a las primeras viviendas de las personas, aclarando que una ley puede establecer restricción a dicho beneficio tributario. En ambos casos, los redactores de las propuestas constitucionales se confundieron y, en vez de centrarse en redactar las reglas del juego, decidieron buscar imponer un programa de gobierno a futuras generaciones.

Aunque hay grandes diferencias entre el texto rechazado en septiembre de 2022 y el que se votará el 17 de diciembre de 2023, ambos comparten dos preocupantes similitudes. Los dos son excesivamente largos y detallados. Como bien señalaron George Tsebelis y Dominic Nardi, una Constitución larga es una mala Constitución. Como también ha sido señalado en repetidos estudios, las nuevas constituciones en general tienden a ser más largas y detalladas que las anteriores. Eso hace que los nuevos textos generen más oportunidades para que se produzcan discrepancias sobre su contenido. La segunda similitud es que ambos textos buscan amarrar a futuras generaciones a las preferencias sobre políticas públicas que tenía el cuerpo que redactó cada texto. 

Resulta inconveniente y contraproducente con los objetivos democráticos que la Constitución escriba en piedra valores y preferencias sobre políticas públicas que debieran ser abordados en el proceso político. Mientras más preferencias de políticas públicas estén definidas en la Constitución, menos espacio habrá para que el proceso democrático determine cuál es la dirección en la que va a ir el país por los siguientes cuatro años.

Independientemente de lo que ocurra el domingo 17 de diciembre, el país no podrá dejar este periodo de incertidumbre constitucional mientras la clase política siga viendo a la Constitución como la píldora mágica que va a arreglar todos los problemas del país.

Estos cuatro años de tiempo perdido y disputas innecesarias sobre cuestiones de política pública que deben decidirse en el proceso político electoral normal nos debieron haber enseñado que, por más importante que sean para determinar cuáles son las reglas del juego de la democracia, las constituciones no deben ni pueden remplazar a las elecciones democráticas como el momento para que el electorado decida cuáles van a ser las políticas contra la delincuencia, qué tributos subirán o bajarán, y qué medidas se tomarán para reactivar la economía. La única forma de sacar una lección de estos cuatro años de un inconducente proceso constitucional es aprender que no se deben mezclar las cuestiones de políticas públicas con las reglas básicas del juego democrático. La política pública se debe decidir en el proceso político, no debe ser abordado en el texto constitucional.