Aunque siempre es bueno llegar a acuerdos, cuando las opciones sobre la mesa son muy malas, la mejor opción es seguir negociando hasta encontrar una mejor opción. Un mal acuerdo puede resultar mucho más costoso y dañino que seguir negociando por más tiempo. La propuesta sobre reforma a las pensiones que el gobierno puso sobre la mesa implica más costos que beneficios. Si bien la gente quiere un acuerdo, lo responsable es seguir negociando hasta que el gobierno ponga sobre la mesa una propuesta que efectivamente contribuya a mejorar el problema y que no cree problemas adicionales en el futuro.
Resulta decidor que, después de cuatro años de insensato debate constituyente, el país haya vuelto al mismo punto donde estaba a comienzos de octubre de 2019. La discusión sobre la reforma de pensiones que necesita Chile se retrasó porque, irresponsablemente, la clase política puso al país en el improductivo sendero de un proceso constituyente mal diseñado y que no se hacía cargo de las urgentes necesidades que tenía el país y que motivaron el estallido social. Hace cuatro años, los chilenos estaban molestos con muchas cosas, pero el sistema de pensiones lideraba la lista de los reclamos. Hoy, cuatro años después, con miles de millones de dólares menos, con fatiga constitucional e insatisfacción con la forma en que funciona la democracia, la élite política vuelve a verse enfrentada al desafío de concordar una reforma a las pensiones.
Como el país cambió, las opciones que estaban sobre la mesa a mediados de 2019 ya no son necesariamente aceptables para las partes. Con varios retiros de fondos de pensiones de por medio, ahora los chilenos saben que el dinero en sus cuentas de pensiones está ahí. Aunque fue una mala pública, la gente pudo hacer retiros de esas cuentas. Por eso, resulta inaceptable que el gobierno del Presidente Gabriel Boric quiera desconocer todo lo que pasó en estos cuatro años y busque retrotraer al país a los mismos términos del debate de pensiones que se daba a mediados de 2019.
Hay una mayoría de personas que quiere mantener el sistema de capitalización individual. Aunque le duela en el alma al gobierno, la mayoría de los chilenos no quiere que se haga solidaridad con sus imposiciones para su jubilación. Es cierto que la gente quiere que el Estado mejore las pensiones de las personas, pero una mayoría no quiere que parte de su sueldo vaya directamente a subsidiar las pensiones de otro.
Como es urgente que se adopte una reforma de pensiones que aumente las contribuciones mensuales de 10 a, al menos, 16% de los salarios, hay que acordar una reforma que logre conciliar esas dos prioridades. Pero la propuesta del gobierno tercamente ignora el hecho que la mayoría de las personas no quiere que la solidaridad se imponga por la fuerza. Por eso, cualquier propuesta que suponga que una parte de las nuevas imposiciones vaya forzosamente a solidaridad no puede ser aceptada por la oposición en el Congreso.
La voluntad de querer encontrar un acuerdo debe tener límites. Aceptar una reforma de pensiones que incluya un impuesto al trabajo formal tendrá más costos que beneficios para el país. La derecha, aunque ahora esté arrepentida por haber contribuido a que el país perdiera el tiempo por cuatro años en un proceso constitucional inútil, no debería apurarse en acordar una reforma de pensiones que ignore la necesidad de fortalecer la capitalización individual.
Es verdad que hay mucha gente que tampoco quiere que sus dineros de pensiones sean manejados por las AFP. Por eso, tendría mucho sentido incluir en la reforma la creación de una AFP estatal que permita a todos aquellos que así lo deseen entregarle sus cuentas individuales al Estado para que las maneje. Una AFP estatal podría introducir más competencia al sistema y permitiría también terminar con el mito de que el Estado es un mejor gestor de los fondos de pensiones que el sector privado.
Hay otros elementos de la reforma de pensiones que generan más consenso y que permitirían actualizar el sistema a los nuevos desafíos y la nueva realidad. La reforma de pensiones debiera incorporar esos puntos que generan poca controversia -como aumentar las imposiciones mensuales de 10% a 16%- y que tendrán un impacto positivo en las pensiones que reciben las personas.
Ahora que la distracción constituyente que nos hizo perder cuatro años ya se ha disipado, muchos sienten la necesidad de avanzar de forma expedita en la reforma de pensiones. Pero los errores que nos llevaron a perder cuatro años en un inútil proceso constituyente no debieran ser excusa para apresurarnos en negociar una mala reforma de pensiones. Si el gobierno insiste en poner sobre la mesa una propuesta que tenía sentido en 2018, antes de que pasara todo lo que pasó a partir del estallido social, los partidos de derecha deberían sentarse a la mesa de negociación con una contraoferta simple y clara: todo el dinero adicional a capitalización individual y una AFP estatal que permita a la gente decidir quién le va a manejar sus fondos individuales de pensiones.