Con la creación en 2006 del CDH se estableció este mecanismo, al cual se someten los 193 Estados que integran la ONU, desde las dictaduras más cerradas hasta las democracias más desarrolladas. El EPU incluye tres informes, el que elabora el país examinado, otro de las partes interesadas -organizaciones de derechos humanos, por ejemplo- y uno con la recopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este último se nutre de los informes de los distintos procedimientos especiales de la ONU y permite evaluar el estado de los derechos humanos en el país examinado. En el caso de China esta recopilación le recuerda que debe ratificar varios instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los distintos Comités de la ONU señalan graves violaciones de derechos humanos en China: los malos tratos infligidos a defensores de derechos humanos privados de libertad seguían siendo endémicos y podían equivaler a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; generalización de la censura, la falta de independencia del poder judicial y la creciente injerencia política en el poder judicial observada en los últimos años; casos de violencia sexual y otras formas de violencia de género a defensoras de los derechos humanos por parte de la policía y otros funcionarios del Estado.
El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala su preocupación por el hecho de que dos destacados defensores de los derechos humanos en China hubieran sido condenados a largas penas de prisión, contrario a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. El Alto Comisionado también destacó la importancia de que se adoptaran medidas para asegurarse de que otros defensores de los derechos humanos no fueran objeto de ataques por ejercer sus derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
También se le señala a China la restricción al espacio cívico, que la organización CIVICUS califica como “cerrado”, dada la criminalización de la libertad de asociación y el derecho a la protesta, y la prohibición del derecho a huelga.
La situación de los tibetanos, uigures y hongkoneses está muy presente en esta recopilación. Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por las informaciones de que algunos tibetanos, uigures y miembros de otras minorías étnicas, defensores de los derechos humanos y manifestantes por motivos políticos pacíficos habían sido sometidos a torturas o a otros tipos de malos tratos, y de que algunos uigures privados de libertad habían sido mantenidos en régimen de incomunicación durante períodos prolongados, lo cual los exponía al riesgo de sufrir torturas y otros tipos de malos tratos.
Asimismo, se le reclama a China abolir inmediatamente el sistema de internado coercitivo impuesto a niños tibetanos y permitir la creación de escuelas tibetanas privadas; y proteger la diversidad cultural y las prácticas y el patrimonio culturales de las minorías religiosas, incluidas las prácticas de tibetanos, uigures, kazajos, hui y mongoles.
La recopilación también indica que le preocupaba que los tibetanos fueran objeto de importantes restricciones a la circulación dentro y fuera de la Región Autónoma del Tíbet; que la expedición de pasaportes para viajar al extranjero estuviera casi totalmente prohibida en la región; que la enseñanza del tibetano en las escuelas de la Región Autónoma del Tíbet no estuviera en pie de igualdad con la del chino en la legislación, las políticas y las prácticas, y hubiera sido restringida considerablemente; que se castigara la promoción de la lengua tibetana; y que los tibetanos no tuvieran acceso a servicios de interpretación en su idioma durante las actuaciones judiciales, que tenían lugar en mandarín.
Varios titulares de mandatos de los procedimientos especiales declararon que el Gobierno de China debía proporcionar información sobre nueve defensores tibetanos de los derechos humanos ambientales que cumplían penas de prisión de hasta 11 años. Fueron encarcelados a raíz de la labor que realizaban pacíficamente para proteger entornos frágiles.
También se expresa preocupación por las denuncias de que los denominados programas de “traspaso de trabajadores” y “formación profesional” en la Región Autónoma del Tíbet se utilizaban como pretexto para socavar la identidad religiosa, lingüística y cultural tibetana, y para vigilar y adoctrinar políticamente a los tibetanos, y se advierte de que dichos programas podían dar lugar a situaciones de trabajo forzoso.
Por su parte, el ACNUDH declaró que se habían cometido violaciones graves de los derechos humanos en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur y se pide poner en libertad sin demora a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en este territorio.
En cuanto a Hong Kong se señala la preocupación respecto a académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil detenidos y acusados de delitos de sedición por haber ejercido legítimamente su derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo coreando consignas en público, aplaudiendo en los tribunales y criticando actividades del Gobierno, y pide que se derogue con carácter urgente la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el cuarto EPU de China, la cantidad de violaciones a las libertades fundamentales que allí se producen y el hecho que este país es uno de los pocos que ha integrado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por mayor cantidad de años, los países democráticos que manifiestan en su política exterior el compromiso internacional en la defensa de los derechos humanos tendrán entonces la oportunidad de hacer efectivo dicho compromiso y no convertirse en cómplices del silencio que busca la mayor dictadura del mundo.
* Director General de CADAL (www.cadal.org)
