En general resulta difícil de entender por qué mucha gente cree que los problemas del país se solucionan creando un nuevo ministerio. Pero es todavía más difícil de entender que haya políticos de derecha -que se supone por principio están en contra de aumentar el gasto público- que promuevan con tanto entusiasmo la creación de un ministerio de seguridad en Chile. Cuesta entender cuál es el argumento lógico para creer que la creación de miles de nuevos puestos de trabajo para burócratas y cientos de funcionarios de confianza con remuneraciones injustificadamente altas va a ayudar a reducir las crecientes tasas de criminalidad que tiene el país.
Las malas políticas públicas a menudo se basan en buenas intenciones. Los chilenos perdimos cuatro valiosos años -y miles de millones de pesos- en una aventura constituyente que sólo produjo división y momentos vergonzosos. A pesar de que sabíamos que las experiencias constituyentes en América Latina -la región con más experimentos constitucionales en el mundo- no habían producido buenos resultados en las dimensiones de crecimiento económico, reducción de la pobreza y construcción de sociedades más igualitarias, una amplia mayoría de los chilenos apoyó con entusiasmo e ilusión el proceso constituyente en 2020. Cuatro años después, terminaron decepcionados y frustrados. Pero la evidencia que demostraba que estos procesos no han funcionado bien en América Latina siempre estuvo disponible.
Ahora, muchas personas -incluidos los principales lideres de los partidos de derecha tradicional- apoyan con entusiasmo la idea de crear un Ministerio de la Seguridad para que lidere la respuesta gubernamental ante la creciente ola de criminalidad que afecta al país. Aunque es sabido que la creación de nuevas burocracias estatales siempre resulta en aumento del número de empleados públicos en escritorios y trámites y papeleo, estos líderes de derecha parecen creer que la solución a los problemas de inseguridad en la calle pasa por contratar burócratas cuyo trabajo esté asociado a los diagnósticos y mediciones sobre el problema más que a solucionar el problema. Igual que en una construcción donde sobran los ingenieros, pero escasean los albañiles, el gobierno de Chile parece creer que la gente se va a sentir más segura en sus casas y espacios públicos si hay un ministro de seguridad (y miles de funcionarios públicos trabajando en ese ministerio) cuando lo que se necesita es una fuerza policial mejor dotada, más numerosa, y con mejor entrenamiento y atribuciones.
Es difícil entender la torpeza de la derecha que se apropia de recetas de izquierda para tratar de solucionar los problemas del país. Hacia fines del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), cuando la Presidenta tenía altos niveles de aprobación, Joaquín Lavín, el entonces aspirante presidencial -con dos derrotas el cuerpo- se declaró bacheletista aliancista. No estaba claro si Lavín compartía la visión de Bachelet de crear un Estado más grande o si sólo quería colgarse de la popularidad de la Mandataria.
Pero la derecha chilena -no sólo Lavín- ha dejado en claro que muchas veces se preocupa más de querer ser popular que de defender sus principios y valores. Los líderes de derecha siempre se olvidan de que un Estado pequeño, pero eficiente es la mejor receta para producir crecimiento sostenido, inclusión social y expansión de las oportunidades. Incluso el Partido Republicano, que se presenta como defensor de los valores más profundos de la derecha, se embriagó en el segundo proceso constituyente con la droga de que, creando un Estado más grande, vamos a tener un mejor país y a una ciudadanía más feliz.
Es cierto que necesitamos un Estado musculoso y eficiente. Pero eso no se logra creando más ministerios. Al contrario, sería más razonable reducir el número de ministerios y evitar la duplicidad de funciones en el sector público. Con 24 ministerios y 39 subsecretarías, el gabinete en Chile es demasiado grande como para poder trabajar en equipo. Peor aún, son tantos los cargos que la mayoría de la gente bien informada ni siquiera conoce los nombres de todos los ministros y difícilmente los reconocería en el supermercado. Como en cualquier empresa que tiene más trabajadores que los que necesita, las ineficiencias en el sector público de Chile comienzan desde el nivel más alto, el número de ministerios.
Sumar otro ministerio más a la larga lista de carteras en el gabinete resulta especialmente inútil. Pero parece inevitable que el gobierno del Presidente Gabriel Boric -que ha demostrado ser mucho mejor para gastar dinero de los bolsillos de los contribuyentes que para generar crecimiento económico- tendrá el apoyo de los partidos de derecha para la creación del Ministerio de Seguridad -y para dotarlo de un número excesivo de burócratas. Luego, lo único que queda es comenzar a especular cuál será el próximo problema de política pública que el gobierno busque solucionar creando un nuevo ministerio. Por el momento, podríamos pensar que las opciones que corren con más ventaja son el Ministerio de la Inmigración, el Ministerio de las Pensiones de Gracia y Seguridad Social, y el Ministerio de los Pueblos Originarios.
Aplausos. Nada podría agregar salvo que, en esto, sucede algo parecido a las leyes. Predomina la idea de resolver cualquier problema con una nueva ley ad-hoc, en lugar de tratar de resolverlo con la legislación ya existente. Puedo imaginar el cuoteo y la paridad para los cargos en el futuro ministerio y su entrega a operadores políticos que de seguridad poco saben. Tal como ocurre con las embajadas y para qué seguir.