Los legisladores de la oposición sostienen que la ley de Financiamiento Universitario no es tan amenazadora para el programa económico como dice el Ejecutivo, porque solo reduce en 0,14% del PBI un recorte que de otro modo llegaría al 0,21%. Nada del otro mundo. Pero el problema, del lado del gobierno, se ve de manera muy distinta.
Está, por un lado, el argumento “a lo Lacunza”: si se abre la puerta a demandas de reparación por el ajuste antes de que la economía se recupere y la baja de la inflación se consolide, esta volverá a crecer muy pronto; así que no conviene ceder a los universitarios, por la misma razón que no cabía ceder a los jubilados ni habría que hacerlo, mucho menos, con los pilotos de Aerolíneas. Pero, por otro lado, hay otros aspectos.
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Hay en juego mucho más que plata
Lo que se define es una cuestión vital de autoridad y expectativas en materia económica, a saber, ¿quién gobierna en este terreno?, ¿el presidente, el Congreso o cohabitan ambos y gobierna un poco cada uno, con planes e ideas por completo contrapuestos? En particular es lo que sucede con el tema universitario: la ley aprobada por el Congreso no sólo fuerza al Ejecutivo a gastar más de lo que tenía previsto, le impone un resultado dado a la paritaria con el gremio docente antes de que ella siquiera empiece, creando un antecedente muy ventajoso del que se podrán agarrar todos los demás gremios del sector público para pedir lo mismo.
La expectativa de que la economía se va a ir ordenando después de años de fracasos gubernamentales y desorden creciente se sostiene en la premisa, que el oficialismo hasta aquí ha logrado sostener, de que Milei y su equipo tienen una voluntad inflexible orientada a sostener el ajuste, mantener el superávit fiscal y frenar la inflación; si esa voluntad flaquea o queda condicionada y acotada por presiones contrarias a dichos objetivos, el clima de desorden va a volver a instalarse, y no estará en riesgo solo el superávit, sino la misma gobernabilidad de la economía, y por ende la suerte del gobierno y del país.
Este segundo aspecto del problema es, por supuesto, el más gravitante. Y el que explica mejor por qué Milei optó por un veto total a la ley de movilidad jubilatoria, cuando podría haber cedido aunque más no fuera una porción de terreno ante el Congreso y emitido un veto parcial, y por qué hizo lo mismo con el tema universitario, pese a que está en juego mucha menos plata y el rechazo social a su política draconiana de ajuste en este terreno es mucho más amplio y activo.
Y este costado del asunto lo entienden perfectamente todos los involucrados. Para empezar, la oposición dura, y los sectores que han ido evolucionando en su dirección provenientes de la oposición moderada, en particular los radicales que rodean a Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y Facundo Manes. Para ellos de lo que se trata es de aprovechar la baja en la popularidad del presidente que se observó en los últimos meses para profundizarla, y los recursos institucionales con que se cuenta para hacer fracasar ahora, ya mismo, su programa de gobierno. No vaya a ser que el año próximo ambos, el programa y la imagen presidencial estén más fuertes y en las elecciones de medio término reciban un nuevo espaldarazo.
También entiende el juego el oficialismo, y por eso insiste en mostrarse lo más tozudo posible: si hay protestas de las universidades, ratificar el veto, ofrecer una muy magra compensación por el retraso salarial acumulado en ese sector y amenazar con la judicialización del conflicto, con lo cual cualquier reparación se demoraría meses o años en caso de que el veto no se sostenga.
El rol de la oposición dialoguista
El problema lo tienen los actores del centro político: el resto de la oposición dialoguista, que preferiría no tener que meterse en este entuerto, pero no puede evitarlo, porque sus votos en el Congreso son los decisivos.
Allí pululan sectores muy distintos: el resto del radicalismo, el bloque de Hacemos y el resto del peronismo moderado, lo que queda del PRO de Macri. Todos ellos cada vez más divididos y afectados por la polarización en curso. Y atravesados por la contradicción entre hacer de oposición responsable (como sueña en particular el sector peronista que rodea a Schiaretti), frenando al gobierno en lo que ellos entienden son sus desbordes extremistas y su tendencia al conflicto permanente, o hacer de socios responsables de Milei (como pretende Macri), apuntalando las iniciativas que comparte, que son unas cuantas, y ayudando a que queden de lado las demás.
Como oposición responsable muy bien hasta aquí no le ha ido, porque al votar los proyectos de la oposición dura sobre jubilados y universidades perdieron perfil ante esta y se dividieron. Dejaron por el camino a los integrantes de sus bloques que más apuestan a ser no tan opositores como socios. Y que han venido tratando de hacer valer esta posición frente al propio gobierno, tampoco con mayor suerte.
Es que sus votos en las cámaras el oficialismo los necesita para sobrevivir, eso ha quedado claro, pero sigue apostando a conseguirlos gratis, sin nada o casi nada a cambio, asumiendo que finalmente no tienen más salida, porque de abandonar esa colaboración terminarían de diluirse en la nada, en el vacío que hay, y los estrategas oficiales confían en que seguirá habiendo, entre mileismo y kirchnerismo.
Por ahora al menos, los acontecimientos le dan la razón.
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Ahí está el último tweet de Macri sobre el tema para testificarlo: debió corregirse a sí mismo el expresidente, después de insinuar que iba a dar libertad de acción a sus legisladores, porque corría el riesgo de que el PRO desapareciera del todo, disipado como un lindo recuerdo en los humos de la conflagración entre Milei y sus enemigos. Así que mandó apoyar el veto, con la sola salvedad de que le gustaría que el presidente aplicara en el futuro con las universidades un poco más de criterio selectivo que el que dedica a los hospitales psiquiátricos, en la esperanza de que el país entero no termine pareciéndose cada vez más a estos últimos. Un deseo muy noble, pero que seguirá desatendido.
