Hay veces que asuntos realmente importantes para un país se definen por cuestiones menores: un trámite administrativo que se traba, una noticia secundaria, pero que altera significativamente a la opinión pública, la reasignación disimulada de unos pocos recursos o, como en estos días, un pedido de licencia.
Es un buen ejemplo lo que sucedió esta semana en la Corte Suprema, con el rechazo de tres de sus miembros al ingreso irregular de Lijo al Tribunal, frente a la abstención de Ricardo Lorenzetti (tan trucha era la operación que estaba prohijando, que no se animó a votar a favor una vez que vio que ya había naufragado).
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Porque el pedido de licencia de Lijo en su juzgado, de aprobarse, iba a confirmar y profundizar la senda de deterioro institucional abierta cuando Milei lo nominó, a principios del año pasado. Y facilitar la sujeción de una vital instancia de la división de poderes a los dictados de un presidente decidido a aliarse a lo peor del Poder Judicial para ponerlo a trabajar a favor suyo.
El plan de Milei era que, una vez que Lijo se apoltronara en la Corte, forzara el desalojo de Horacio Rosatti de su presidencia, para entregársela a Lorenzetti, y la nueva mayoría, que completaría García-Mansilla, empezara a avalar la designación de otros jueces por decreto, en los muchos juzgados vacantes que no se cubren por falta de acuerdo en el Senado, así como otras resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes que el Gobierno nos tiene preparadas.
No sucedió. En gran medida, porque el juez que él mismo metió por la ventana hace pocos días votó en contra de la operación: García-Mansilla ya había avisado que no se alinearía dócilmente a las pretensiones del Ejecutivo cuando juró y asumió su cargo en un entendimiento con Rosatti, sin siquiera avisar al Ejecutivo y a Lorenzetti; y si bien desmintió al hacerlo lo que había prometido tiempo atrás, que no aceptaría el cargo si lo recibía por decreto presidencial, no contradijo al menos el espíritu que animaba esa promesa, que la letra de la Constitución y la independencia de la Justicia tienen preeminencia sobre la voluntad y las políticas de los gobernantes.
Así que no solo no tendremos a Lijo en la Corte, ni ahora ni probablemente nunca. Tampoco Lorenzetti volverá a controlar el máximo tribunal, como hizo cuando trabajaba para los Kirchner, ni el Ejecutivo podrá conseguir allí una mayoría automática que avale cualquier macana que se le ocurra hacer. No es poca cosa.
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La actitud de García-Mansilla es doblemente meritoria, a la luz de su conocida coincidencia ideológica con buena parte de la agenda mileista: seguramente está muy de acuerdo con los embates presidenciales contra el intervencionismo económico, el estatismo, y más aún contra el wokismo, el aborto, las llamadas políticas de género y demás. Pero Milei y sus operadores políticos y judiciales parecen haber confundido esas coincidencias con una disposición a colaborar con el abuso de poder, por su parte.
Para mucha gente, ya está claro que el liberalismo es algo bien distinto que el populismo libertario. Pero lo más difícil es marcar esa diferencia a costa de metas específicas que el gobierno persigue y que se comparten. Es el tipo de cosas que prueba que las convicciones republicanas no son un vestido que uno se ponga o se saque según la conveniencia, para juzgar con una vara a los amigos y con otra a los enemigos.
Hay que lamentar, de todos modos, que García-Mansilla va a pagar muy cara esa actitud. Y probablemente pocos se la reconozcan.
Porque si tenía pocas chances ya desde antes de permanecer en la Corte, ahora no le queda ninguna: a los peronistas, que lo querían voltear desde un principio, se les suman en estas horas los mileistas, que descubrieron motivos para detestarlo.
Igual que hacen con todos los políticos y actores moderados y más o menos coherentes en su compromiso con los principios liberales y republicanos: son para ellos el peor enemigo, los que tienen que desaparecer de la escena, para que queden solo dos opciones extremas para elegir, la de ellos y la de “los zurdos”.
Tal vez estos y aquellos aún puedan ponerse de acuerdo sobre Lijo. O sobre personajes semejantes que lo reemplacen, una vez que se agoten los choques públicos entre ambos bandos por tantos desencuentros. Provocados no porque no coincidieran en poblar el Poder Judicial con ese tipo de gente, sino por la torpeza demostrada por el oficialismo a la hora de negociar los nombres y los procedimientos para hacerlo. Así que es muy probable que pronto retomen las negociaciones.
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Desde ahora, además, el oficialismo tendrá más motivos para amoldarse a las condiciones que desde un principio quisieron imponerle Cristina y los gobernadores peronistas: acordar el ingreso de Lijo, pero descartar el de García-Mansilla, para dejar esa segunda vacante a disposición de una mujer, una buena excusa para buscar a alguien que también asegure un voto servicial con las necesidades del poder, un empleado cuyos servicios puedan compartir libertarios y kirchneristas.
Mientras tanto, lo único seguro es que gente como García-Mansilla Milei no va a volver jamás a promover para cargo alguno.
Cuestión que deja a la luz una triste verdad de la Argentina actual: muchos deseaban una revolución liberal, y votaron para ponerla en marcha; pero estamos viviendo algo que, al menos en términos institucionales y políticos, parece lo contrario, el imperio completo del populismo antiliberal; porque tenemos un gobierno de ese signo y también una oposición que ha hecho, sigue y seguirá haciendo escuela al respecto; y si esta última hoy llora lágrimas de cocodrilo por la república y las leyes es simplemente para estar en mejores condiciones de sacar provecho de las salvajadas oficiales y seguir haciendo de las suyas.
Hasta hace poco predominaban las voces más optimistas, que describían esa revolución liberal ya en marcha en el país. Y suponían, tal vez todavía algunos lo hacen, que tras años de abusos populistas Argentina había sacado las lecciones necesarias, y estaba iniciando gracias a ello su camino en dirección a limitar el intervencionismo económico y también fortalecer el gobierno de la ley, la división de poderes, en suma, la contención republicana del poder en todas sus formas. Porque visto el desastre al que nos había conducido un antiliberalismo cerril, las libertades de mercado habían ganado tal crédito que tendrían el impulso suficiente para promover la liberalización de otras muchas áreas de nuestra vida social e institucional.
A poco de andar se ha podido comprobar que vamos en una dirección muy distinta: aún es posible que la economía se liberalice, pero cada logro que el oficialismo consiga en ese terreno lo va a usar para conspirar contra libertades en otros campos, para debilitar el gobierno de la ley y la división de poderes.
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Puede sonar paradójico, pero los libertarios solo van a funcionar medianamente bien mientras tengan mínima libertad de acción; cuanto más libres se vuelvan, menos restricciones les imponga el sistema institucional y el contexto social y político, más enemigos de la libertad van a ser.
Parafraseándolos: nada de “Viva su libertad”, porque si la consiguen nos vamos al carajo.
¿La Corte bastará para asegurar las restricciones y los controles que hacen falta? Difícilmente, pero es mucho mejor que esté a que no esté, y el propio Milei es muy consciente de esa diferencia.
¿Es que la sociedad fue engañada sobre lo que su proyecto significaba al respecto, o se dejó engañar para el lado que siempre ha preferido? ¿Es que seguimos y seguiremos siendo tan antiliberales como casi siempre hemos sido en el último siglo? Cada quien puede sacar las conclusiones que prefiera.
