China no puede eludir su responsabilidad

Al estallar el Covid-19, la versión de China no se puso en tela de juicio, más allá de las sospechas que despierta un régimen autoritario que no se somete a escrutinio alguno y para el que la información es cuestión de Estado. Pero entre el conocimiento del primer caso y el confinamiento en Wuhan pasaron 54 días, un tiempo precioso que, de haber actuado, se podría haber evitado el descontrol de la enfermedad. Beijing lo negó todo, arrestó a médicos que dieron la voz de alarma y manipuló ́datos –con la anuencia de la Organización Mundial de la Salud– para fabricar su verdad oficial, en China y en el extranjero.

Según un estudio de la Universidad de Southampton, si China hubiera tomado medidas tres semanas antes, los contagios se habrían reducido un 95%. El impacto sanitario, el número de víctimas y las consecuencias económicas a nivel global se habrían minimizado. Por ello, con más de 320.000 fallecidos ya en todo el planeta, China ha lanzado una campaña de propaganda para desviar la atención y eludir su responsabilidad.

En clave doméstica, Beijing presenta las supuestas fortalezas de su sistema político como el antídoto más efectivo contra la pandemia, en contraste con la respuesta “tardía y complaciente” de muchos gobiernos democráticos . En tanto, se centra en convencer al mundo de que el virus no se originó en Wuhan; mostrándose fiable, como el socio benefactor que presta ayuda.

Beijing movilizó a las comunidades chinas de ultramar, las cuales hicieron acopio de material sanitario, de forma aparentemente coordinada. Según las Aduanas chinas, China importó 2.020 millones de mascarillas entre el 24 de enero y el 29 de febrero, por un valor de 1.150 millones de dólares . La diáspora china en Argentina, estimada en 180.000 personas, compró y exportó casi 8 millones de mascarillas. Ello demuestra la capacidad de organización y la solidaridad del pueblo chino con los suyos; pero no fue algo espontáneo, sino la reacción a una consigna del Partido Comunista chino (PCCh).

Desplegada en un centenar de países, la diáspora china ronda los 50 millones. Es un colectivo de empresarios, estudiantes, empleados y otros compatriotas que el PCCh trata de gestionar para que apoye la integración de China en el mundo, defienda la «reunificación pacífica» con Taiwán , ejerza de grupo de presión, dé bienvenidas entusiastas a Xi Jinping en viajes oficiales, promocione el “poder blando” chino o, como es el caso ahora, se preste a la campaña de politización en el marco del coronavirus. La parte de la diáspora que acepta ser pastoreada es instrumentalizada para legitimación del PCCh.

Beijing prometió ayuda a 82 países, pero surge la suspicacia de que muchos envíos no son donaciones sino ventas comerciales. Puro negocio, con un extenso inventario de transacciones fallidas por baja calidad del material sanitario, falta de certificaciones y posibles fraudes. Por no ser receptivo a las críticas, que deslegitiman su monopolio del poder, Beijing responde con veladas amenazas económicas a todo aquel que cuestione su gestión.

Pero no podrá evitarlas: crece la desconfianza global hacia China y las dudas sobre la conveniencia de confiar a Huawei el despliegue de las redes de telecomunicaciones 5G, por ser «un proveedor de alto riesgo» para la seguridad nacional. A la vez, aumentan las voces que alertan de la dependencia excesiva de China en sectores estratégicos, lo que podría dibujar un escenario geopolítico post Covid-19 mucho más complejo.

Juan Pablo Cardenal es Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)