Por Jorge Marshall Rivera

La desconfianza de la derecha hacia el Estado sigue alimentada por las experiencias de hace más de treinta años.

En 2001, Milton Friedman señaló: "Hace diez años mi recomendación a cualquier país socialista que iniciaba la transición habría sido: privaticen, privaticen y privaticen, porque había que desarmar lo más rápido posible el Estado. Actualmente no daría la misma recomendación, sino que diría que la vigencia de un estado de derecho es más importante y anterior a la privatización".

Este reconocimiento de la importancia que tiene la calidad de las instituciones se aplica muy bien a las reformas de América Latina en los 90, y también a la experiencia chilena. Entonces, la región se movió hacia una economía de mercado siguiendo el Consenso de Washington. El criterio era reducir el ámbito del Estado donde fuese posible, con la esperanza de que las ganancias de eficiencia animaran el alicaído crecimiento.

Por un tiempo esta fórmula pareció funcionar, apoyada por los influjos de capitales. Pero el examen retrospectivo arroja resultados modestos: las reformas no consideraron las instituciones, dañando la capacidad efectiva del Estado para conducir la sociedad por el camino del progreso.

Diversos estudios muestran que las instituciones son el principal determinante del crecimiento, ya que aportan las restricciones e incentivos para las decisiones descentralizadas. Si aquellas son blandas o ambiguas, o los incentivos están desenfocados del interés colectivo, por mucho que se expanda el mercado, los resultados serán exiguos. Esta es la gran diferencia entre A. Latina y los países asiáticos que cruzaron el umbral del desarrollo aprovechando los mercados, pero apoyados en una mayor fortaleza institucional.

Esta despreocupación fue particularmente grave por la debilidad histórica de las instituciones en la región: inestabilidad macroeconómica, corrupción, clientelismo y captura de políticas públicas. Todo lo cual genera desconfianza y desincentiva la inversión.

Responsable de esta situación han sido el populismo y la expansión desmedida del Estado hacia mediados del siglo XX. El temor a repetir esa experiencia ha generado un círculo vicioso: se supone que un Estado débil podría evitar que sus excesos hagan daño, pero con la consecuencia que es fácilmente capturado e incapaz de impulsar el desarrollo. El tema central de la agenda política de A. Latina es enfrentar esta debilidad institucional y generar políticas resistentes a la corrupción, el clientelismo y la captura.

Temas pendientes

La situación de Chile es mejor que el promedio de la región, especialmente en la política macroeconómica, donde se observa un notable incremento en la capacidad institucional a partir de la Ley de Administración Financiera de 1975 y de la autonomía del Banco Central. Pero este camino no se ha seguido en otros ámbitos. Por ejemplo, la administración del sistema educacional es débil porque existe ambigüedad entre la responsabilidad técnico-pedagógica del Ministerio y la operación administrativa de los municipios. Esta falta de claridad trae problemas como la escasa responsabilidad municipal en los resultados de aprendizaje y la distante mirada ministerial a los temas de gestión. Las aflicciones en el Ministerio de Obras Públicas o las limitaciones de la Conama para liderar soluciones a los temas medioambientales son otras manifestaciones del mismo fenómeno.

La desconfianza de la derecha hacia el Estado sigue alimentada por las experiencias de hace más de treinta años. Sus propuestas para la modernización del Estado, a pesar de los planteamientos recientes de pensadores como Friedman, insisten demasiado unilateralmente en más privatizaciones y más autonomía de lo no privatizable, como si la actual fragmentación y compartimentación de la función pública no fuera ya excesiva.

El fundamento de esta visión es que las instituciones del Estado sólo hay que defenderlas de los gobiernos de turno, sabiendo que ningún directorio otorgaría independencia a un gerente de área para fortalecer el funcionamiento de la empresa. Lo hace porque no confía en el directorio, pero su visión está dos décadas atrasada.

Los consensos que hoy se observan en los programas presidenciales son un activo que hay que rentabilizar a través de un Estado con mayores capacidades, incluyendo los indispensables contrapesos que evitan los riesgos de un mal uso de ellas. De hecho, el primer contrapeso es el acortamiento del período presidencial en la nueva Constitución.

El mayor peligro para el Estado no viene del gobierno de turno, sino de la corrupción, el clientelismo y la captura. Los dos pasos que debemos dar son, por una parte, fortalecer la capacidad estratégica del Estado, que con gobiernos más cortos puede verse incluso disminuida, y por la otra crear contrapesos técnicos efectivos.

En el mundo actual los gobiernos deben trabajar con un horizonte estratégico de mediano plazo, lo que es indispensable a la hora de enfrentar temas que no tienen resultados inmediatos, como son la educación de las nuevas generaciones, los cambios en las fuentes de energía o el cuidado del medioambiente. Además, estos desafíos requieren de cooperación efectiva entre el sector público y privado, lo que sólo es posible con claridad y exigibilidad de las respectivas responsabilidades.

La segunda prioridad es la necesidad de introducir contrapesos técnicos efectivos dentro del aparato de gobierno, que permitan la interacción de las diferentes miradas que deben concurrir a la solución integral de un problema, evitando su parcelación en departamentos inconexos. La fórmula no es única en todos los sectores; se trata de construir un Estado inteligente que aprende de la experiencia de sus políticas. Chile tiene las desventajas de la distancia y del tamaño. Tiene a favor sus recursos naturales. Los avances económicos y los consensos logrados nos permiten hacer de la calidad de nuestras instituciones una nueva ventaja competitiva, lo que tendría un efecto duradero en nuestro desarrollo.

Jorge Marshall es economista, ex Ministro de Economía de Chile, Director de Expansiva y miembro del Consejo Académico de CADAL.

 

Jorge Marshall Rivera

Doctor en Economía (Universidad de Harvard), Ingeniero Comercial (Universidad de Chile), Subsecretario y Ministro de Economía de Chile entre los años 1990 y 1993, Vicepresidente del Banco Central de Chile entre los años 1993 y 2003, Consultor de organismos internacionales y profesor de economía en varias universidades, incluyendo la Universidad Católica de Chile, Alberto Hurtado y Universidad de Chile. Ha publicado varios artículos sobre la economía chilena, con especial referencia a la política macroeconómica, economía financiera y crecimiento económico.