Desde su primer párrafo, el reporte plantea una alerta: “La preocupación por el retroceso democrático ha aumentado a medida que el ejecutivo ha confrontado agresivamente el sistema de pesos y contrapesos, y a medida que se ha intensificado la polarización social y política”. Si tenía razón según recopilado hasta el 31 de enero de 2025, más la tiene ahora.

Por Eduardo Ulibarri

Costa Rica ha demostrado, de nuevo, un excelente desempeño en el Bertelsmann Transformation Index (BTI). En la “foto” estática que ofrece, luce con rostro saludable, el tercero más lozano de América, después de Uruguay y Chile. Es real; incluso, envidiable para la mayoría de los 137 países considerados.

Obtiene 8,49 puntos sobre 10 en el Índice de Estatus, y se ubica en la posición número 11 del total. En una de sus dos dimensiones –transformación política-- acumula 8,9 puntos y logra el puesto 9, y en transformación económica, 8,07 y 14, respectivamente. En el Índice de Gobernanza, suma 6,7 y ocupa el lugar 12.

Puesto en perspectiva, sin embargo, el BTI revela más sombras que luces sobre la realidad nacional y su evolución desde el 31 de enero de 2025, cuando se cerró la investigación para el reporte de 2026. Costa Rica sube 0,4 puntos y un puesto en el Índice de Estatus respecto al de 2024, con un ligero avance en transformación económica: 0,21 puntos y un escalón. Pero en transformación política, que valora la institucionalidad y participación democráticas, hay un retroceso perceptible: 0,15 puntos y dos lugares.

Peor aún, el Índice de Gobernanza, esencial para valorar la gestión del presente y la dirección del futuro, registra un perturbador deterioro: pierde 0,21 puntos y cae seis posiciones en la clasificación internacional.

Son resultados inquietantes, sobre todo al considerar, como afirma el reporte, que “Costa Rica ha sostenido el más longevo sistema presidencialista continuo en el hemisferio occidental después de Estados Unidos”. La continuidad del régimen no está en entredicho; su plenitud democrática, sí.

Las libertades públicas, el Estado de derecho, la separación de poderes, la pulcritud y eficacia del sistema electoral, el respeto a la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la independencia de los tribunales, de la fiscalía y de las instituciones de control aún gozan de buena salud. También la disfrutan las organizaciones de la sociedad civil. En conjunto, crean un sólido tejido democrático.

En julio del pasado año, el Banco Mundial subió el país a la categoría de ingreso alto. Sus índices de desarrollo social y progreso humano son, en general, elevados. Todo ello lo documenta el BTI. En cambio, la transformación política “enfrenta desafíos negativos”. En sus demás dimensiones, los puntos de alerta y señales de deterioro son relevantes.

El crecimiento económico, medido por el producto interno bruto, es robusto, pero no equitativo. Durante varios años se ha acentuado la dualidad entre un exitoso sector productivo, impulsado por la inversión extranjera directa y las exportaciones de alta tecnología y servicios, y otro de base esencialmente local, con menor productividad y pobre crecimiento.

El primer sector goza de exoneraciones tributarias, se concentra en el centro del país y ofrece mejores salarios, pero absorbe apenas el 15% del empleo. Del segundo dependen el resto de la economía y el grueso de los ingresos fiscales. Sus salarios promedio son menores; la precariedad laboral, mayor, y a menudo se traduce en informalidad. 

La pobreza ha bajado, pero con grandes diferencias entre zonas geográficas. El desempleo es menor, pero no por mayor oferta, sino por la reducción de la fuerza laboral, y presenta notables desigualdades según sexo y edad.

Como resultado, se han acentuado las desigualdades sociales, territoriales, de oportunidades y de acceso a servicios públicos de calidad. También han aumentado las fracturas políticas.

El reducido espacio fiscal, otra debilidad, fue reforzado por una legislación adoptada en 2018, que mejoró la recaudación y puso límites al crecimiento de los gastos. Sin embargo, su impacto inicial se ha diluido, y las brechas han sido llenadas recortando egresos.

En ausencia de una reforma integral del Estado, para hacerlo más estratégico, compacto y eficaz, los recortes han afectado particularmente las inversiones en obra pública y ámbitos de política social consustanciales al modelo de desarrollo costarricense: educación, salud y transferencias directas a sectores vulnerables de la población. El acceso a la electricidad y el agua potable, virtualmente universales, se ha debilitado. El avance de la conectividad digital, aunque dinámico, muestra grandes diferencias regionales.

La inseguridad pública, en particular un enorme salto en la tasa de homicidios, exacerbada por las pugnas entre grupos de narcotraficantes, constituye la principal fuente de inquietud ciudadana y el mayor desafío estatal inmediato. Además, ha otorgado a las medidas punitivas tanta o mayor legitimidad social que a las políticas integrales, descuidadas desde el Ejecutivo.

Si añadimos la incertidumbre en el comercio internacional, del que tanto depende el país, así como los retos ambientales y tecnológicos, el resultado es en extremo inquietante.

Para gestionar este conjunto de desafíos, las fortalezas inerciales –que son muchas— no bastan. Se requieren políticas públicas lúcidas, cooperación entre sectores, diálogo político y coordinación institucional, con verdadera vocación democrática.

Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves, cuyo mandato concluye el 8 de mayo, renunció a esas vías. Pese a su minoría parlamentaria –o quizá por ella— optó por la confrontación, el ataque a los poderes Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones y los órganos de control. Además, la emprendió contra periodistas y medios de prensa independiente, y construyó un ecosistema de comunicación propio o de medios afines, conducido desde la Presidencia.

Todo lo anterior ha reducido la capacidad de gestión gubernamental para generar más progreso o, al menos, evitar parálisis o involuciones. Además, se inscribe en la “lógica del retroceso populista-autoritario” que destaca el BTI global. En este trayecto, el asedio a los mecanismos de control precede los intentos por debilitar la separación de poderes y concentrarlo en el Ejecutivo, todo como parte de una erosión más amplia del Estado de derecho. Costa Rica refleja estas tendencias, aunque hasta ahora con menor intensidad y mayor resiliencia institucional que otros países.

Desde su primer párrafo, el reporte plantea una alerta: “La preocupación por el retroceso democrático ha aumentado a medida que el ejecutivo ha confrontado agresivamente el sistema de pesos y contrapesos, y a medida que se ha intensificado la polarización social y política”.

Si tenía razón según recopilado hasta el 31 de enero de 2025, más la tiene ahora. Las elecciones de febrero, que califica como “un punto de inflexión crucial para el futuro democrático del país”, ya se efectuaron. Laura Fernández, candidata de Chaves, fue elegida presidenta y su partido obtuvo mayoría legislativa (31 de 57 diputados).

Con mayor poder político que su mentor, la clave estará en cómo lo utilizará: si con énfasis en diálogos, acuerdos y respeto institucional, o el recrudecimiento de la agresividad y la aceleración de los ímpetus populistas, centralistas y hegemónicos.

Esta es la gran interrogante actual. Los desafíos para la resiliencia democrática de Costa Rica no solo se mantienen. También podrían recrudecer.

Eduardo Ulibarri

Consejero Académico

Catedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).