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Durante el gobierno de Evo Morales la renta petrolera boliviana pasó de USD 673 millones a USD 5.459 millones. La pobreza moderada pasó de 60,6 % al 45% y la pobreza extrema se redujo del 38,2 % al 21,6% entre 2005 y 2013, lo que devino en un crecimiento de la clase media a partir de los 2 millones de bolivianos que salieron de la pobreza. El artífice de esta gestión fue el hoy presidente electo Luis Arce.
El pasado 19 de octubre, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Corea del Norte tan estremecedor como su título: “‘Valíamos menos que un animal’: Abusos y violaciones del debido proceso durante la detención preventiva en Corea del Norte”. Fue realizado a partir de investigaciones y entrevistas a cuarenta y seis norcoreanos de los cuales veintidós estuvieron en centros de detención y de interrogación después de 2011 -cuando Kim Jong Un llegó al poder- mientras que ocho fueron funcionarios que lograron huir del país.
Las respuestas de los panelistas en la 24ª Conferencia del Forum2000 sobre qué hacer para luchar contra las violaciones de los derechos humanos en China también encajan de alguna manera en los cuatro conceptos que Timothy Garton Ash destacó en la apertura: "Si tenemos estas cuatro: verdad, solidaridad, estrategia y responsabilidad, habrá un futuro más brillante". Sin embargo, el debate dejó claro que ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de apoyar al movimiento democrático de Hong Kong, ahora es el momento de reconocer el genocidio en Xinjiang y de luchar por defender las normas internacionales de derechos humanos. El silencio es cómplice.
El argentino Juan Bautista Alberdi se adelantó a su tiempo al proponer vías hacia la paz. Propuso una profunda transformación en el abordaje de la dinámica internacional prevaleciente. En su repertorio destacan extender la justicia penal al ámbito universal; impulsar el comercio internacional sin barreras como herramienta para desestimular conflictos; potenciar el desarrollo de la “opinión del mundo” como síntesis de una conciencia universal, y educar para la paz. Como gran meta a alcanzar, propuso una organización de naciones capaz de superar los intereses de Estados particulares y de frenar el uso de la violencia entre ellos.
Para Maduro no está fácil, pues solamente con los votantes chavistas y los que puedan arrastrar los “alacranes” —así denomina la oposición a unos políticos que han sido sobornados por el régimen— no será posible repetir la maniobra efectuada en ocasión de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente, en que solamente sufragó el chavismo y, pese a que muchos centros de votación se veían casi vacíos, el conteo de votos “de entre casa” permitió presentar el resultado como una victoria.
Los representantes de la “Nueva Ola Checa” sufrían regularmente los síntomas del Estado censor, teniendo desde dificultades para poder aprobar sus guiones, rodar y hasta demoras en la exhibición. Todos pudieron exhibir libremente sus obras y filmar sin condicionamientos entre el 5 de enero y el 20 de agosto de 1968, en esos poco más de siete meses que dejarían una marca indeleble en el devenir de los tiempos.
El mecanismo más potente del activismo internacional es la presión que apunta a avergonzar a los regímenes que irrespetan los derechos de sus ciudadanos. En ocasiones, la presión social se ve aumentada por la presión hecha por los gobiernos que condiciona la ayuda económica o militar. Cuando la denuncia y el avergonzamiento que provoca el activismo internacional cala hondo, entran en juego las democracias europeas, el Departamento de Estado norteamericano, Canadá y otros, que pueden llegar a sancionar a personeros de una dictadura.
La definición de resiliencia describe exactamente las historias de estas personas comunes en Cuba, China, Corea del Norte y Bielorrusia presentadas en el Oslo Freedom Forum 2020: la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. La capacidad de no darse por vencido, y seguir movilizando, protestando, demandando cambios frente a cualquier tipo de represión, detención, amenaza. Una capacidad que une no solamente a estos prominentes defensores de la democracia, sino también a cada pueblo que esta subyugado por un régimen autocrático que pisotea sus derechos humanos.
El episodio Raimundi refleja una tensión -la fidelidad ideológica sobre los principios- que cruza no sólo al gobierno sino también a organizaciones sociales y de derechos humanos del sur en su mirada sobre Venezuela. Sin embargo, con los diferentes informes disponibles desapareció el argumento de que no existe información confiable sobre los excesos del bolivarianismo sobre la población.
Si octubre fue un sacudón para la izquierda, estas elecciones departamentales y municipales van en el mismo sentido con el agravante de que en las políticas de cercanía que supone los alcaldes el Partido Nacional evidencia un mejor desempeño, algo que para la tradición de la izquierda uruguaya es un alerta. El partido Nacional, de Lacalle Pou, ganó en 15 de los 19 departamentos de Uruguay y en 13 de ellos obtuvo todos los municipios en disputa. En Montevideo, donde vive cerca de la mitad de la población uruguaya, el Frente Amplio mantuvo por séptima vez consecutiva la intendencia que gobierna desde su primer triunfo en 1989.
Este proyecto, además de controlar el financiamiento a los medios informativos independientes, dejará prácticamente sin campo de acción a los defensores de derechos humanos, en tanto el artículo 12 prescribe que los “agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, con lo que caerán bajo su órbita la defensa de todo tipo de derechos sociales, humanitarios o referidos a grupos determinados.
Brian R. Myers, profesor asociado de estudios internacionales en la Universidad de Dongseo (Busan, Corea del Sur), publicó un libro sumamente interesante para todos aquellos que monitorean lo que ocurre en Corea del Norte. «North Korea´s juche myth» (Stehle Press, 2015) se centra en estudiar la influencia, origen y fin de la denominada ideología juche del régimen norcoreano.
Uno de los puntos de mayor preocupación son justamente los centros de detención, donde ocurren todo tipo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Con relación a las libertades de expresión, pensamiento, conciencia, religión, asociación y reunión pacífica, la situación también es desesperanzadora. La libertad de circulación también continúa muy restringida en la RPDC, tanto dentro del país como hacia el extranjero, y quienes son repatriados luego de haber salido ilegalmente sufren severas consecuencias.
Millones de mujeres en Occidente y en el resto del mundo, en diferente medida, según las distintas culturas, mejoraron su calidad de vida gracias a Ruth Bader Ginsburg, que les dedicó su inteligencia, su contracción al estudio y al trabajo durante décadas.
En Cuba, el ataque al arte y los artistas lleva ya décadas. La diferencia entre Cuba y Brasil es abismal. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro también ha llevado adelante ataques sistemáticos contra el mundo del arte. Sin embargo, mientras Cuba ha hecho oído sordos a todos los reclamos de los organismos internacionales, incluida la ONU, sobre el decreto 349; en Brasil, el sistema republicano ha servido de freno a los avances bolsonaristas.
La batalla de narrativas constituye un campo de confrontación, de un conflicto que por medio de olas democráticas y reflujos autoritarios, ha vuelto a la escena varias veces. A lo largo del tiempo, el arraigo de los valores democráticos en la sociedad se ha fortalecido suficientemente como para tener todos los instrumentos para derrotar al populismo. Sin embargo, la preocupación que la avanzada de fuerzas antidemocráticas atraiga a países con sistemas democráticos jóvenes es real y concreta.
Detrás de una decisión diplomática, el mensaje político: A Perú no le interesan los derechos humanos como agenda de política exterior. ¿A cuál?, podría preguntar su cancillería. Su caso me parece revelador, sin embargo, para ilustrar la diferencia entre países cuyas políticas exteriores en esta materia se basan en una percepción de los valores en juego y aquellos que la basan en la estricta y fría relación diplomática en la que solo importan los intereses medianos de los Estados.
Perú viene lidiando con serios problemas institucionales desde hace casi 30 años, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe, apoyado por las fuerzas armadas, para disolver el poder legislativo, acción que derivó en la redacción de una nueva constitución. Mientras en lo económico Perú se convertiría en los últimos 25 años en uno de los países de mayor éxito en América Latina, en lo institucional el país no ha estado a la altura de las circunstancias.
Tanto por su gestión del coronavirus como por la reacción del régimen chino en Hong Kong, la estrategia de seducción internacional de Pekín de algún modo está ahora en jaque. No es sólo que China no ha podido evitar las críticas desde el extranjero, algunas feroces, sino que por primera vez se oyen voces acerca de la conveniencia de reducir la dependencia que muchos países tienen de ella, o incluso de modificar el rumbo de la relación bilateral.
En un contexto de inseguridad extrema en determinados departamentos del país, registrado por la Cruz Roja y denunciado en las últimas semanas por la ONU, la OEA, Amnistía internacional y Human Rights Watch, ocurrió el martes 8 de setiembre el homicidio del taxista a punto de recibirse de abogado, Javier Ordóñez (44), tras ser detenido por dos policías. El pasado viernes 11 de septiembre, el Ministerio de Defensa y la Policía pidieron perdón a la ciudadanía por la muerte de Ordóñez.
Conmemorado cada 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia es promovido por las Naciones Unidas para generar conciencia sobre los principios democráticos. La pandemia COVID-19 subraya tanto la fragilidad de instituciones democráticas como su importancia en abordar las crisis económicas, políticas y sanitarias que afronta el mundo.
Sin embargo, la falta de cooperación de algunos estados, evidente una vez más en esta ocasión, fue, como dijo el embajador francés de derechos humanos François Croquette, "el elefante en la habitación". El hecho de que Bolivia, Cuba, Rusia, China, Arabia Saudita y Senegal no aceptaron la invitación a participar en el evento, refleja un aspecto que explica por qué el CDH ha sido criticado. Algunos países se burlan de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al sentarse en el CDH mientras que al mismo tiempo violan descaradamente los derechos humanos de sus propios ciudadanos.
La cuestionable posición del Canciller peruano prioriza el intercambio de votos por el compromiso en la defensa de los derechos humanos, negociando un interés menor por un principio superior para un país democrático. Pero además es contradictoria con la declaración de Lima adoptada el 8 de agosto de 2017. A raíz de este doble estándar del Perú urge que los países que condenan a la dictadura de Maduro en Venezuela se pronuncien también ante la nueva candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Infección no se trata tanto de una película venezolana que intenta copiar algún modelo internacional de película de zombie, sino más bien una película que imagina zombies en las calles de Venezuela. Es ese mismo color local el que propició que Infección se transformara, justamente, en una película maldecida en su país de origen, donde el largometraje fue prohibido por razones que el gobierno esgrimió como legales cuando estaba muy claro que eran puramente ideológicas.
El Informe publicado por CADAL reconoce «la falta de adhesión o ratificación de tratados, la inobservancia de recomendaciones realizadas por los distintos actores del sistema, la falta de presentación a término de los informes que le competen, y la negativa a extender una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.» La sociedad civil cubana ha reclamado desde hace décadas y muy especialmente desde el «Espacio abierto de la sociedad civil» que formado por la mayoría de los grupos y personas del tejido cívico independiente cubano logró consensuar cuatro puntos entre los cuales está «la ratificación de los Pactos de Derechos civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales».
Frente al estereotipo de un continente sumido en el primitivismo, golpes de Estado sin control, autocracias duraderas, la diversidad se presenta con sistemas políticos, entre democracias y autoritarismos, que se mantienen sin grandes cambios o van mutando. Pero muchas veces la sustitución de líderes no implica cambios profundos.
A pesar de encontrarse en una situación relativamente alentadora respecto de varios indicadores del Bertelsmann Transformation Index (BTI), el país más grande de Sudamérica aún persiste en sus grandes disparidades. Esto incluye brecha de clase, razas y regiones. En este contexto, Brasil se ha convertido en uno de los países de América Latina con menos apoyo a la democracia, con sólo 34% de los encuestados por el Latinobarómetro en 2018 respondiendo que la preferían por sobre cualquier otra forma de gobierno. Ese mismo año, además, el nivel de satisfacción respecto de la democracia era de tan solo el 9%.
Desde 2006 hasta comienzos de 2019, años que abarcan los análisis del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI por sus siglas en inglés), Jamaica evidencia ser uno de los países con menos transformaciones, tanto en la dimensión política como la económica y de gobernanza, en todo América Central y el Caribe. El país presenta una ligera tendencia a la baja en las primeras dos de las mencionadas y en la tercera conserva la mayor estabilidad. El próximo 3 de septiembre, se celebrarán elecciones generales, que legalmente estaban estipuladas para el año que viene, pero fueron adelantadas.
Un elemento en común en la región ha sido la promulgación de estados de emergencia que implementan medidas de excepcionalidad lo cual significó suspender garantías y derechos por períodos y extensión diferentes en cada país. En este contexto, varios gobiernos han avanzado decididamente sobre la libertad de expresión y los derechos culturales de los ciudadanos. Asimismo, las políticas de confinamiento más extendidas en el tiempo y más restrictivas complican en mayor medida la situación de los artistas.
La intervención militar en el poder no es novedad en el país, la cual ha sido una vez más condenada. La ECOWAS (sigla en inglés de la Comunidad Económica de Estados de África occidental), la Unión Africana (UA) y Francia han repudiado lo ocurrido hoy en la excolonia de esta última nación. La UA ha demandado la inmediata liberación de los dos líderes supremos privados ilegítimamente de su libertad.
Luego de escuchar las clases impartidas online por el experto mexicano en Relaciones Internacionales y DDHH, Alejandro Anaya Muños, profesor del ITESO y consejero académico de CADAL, considero que nosotros en Cuba no hemos comprendido, al menos a cabalidad, la importancia de las redes internacionales en coordinación con la sociedad civil autónoma, como un formidable motor impulsor de una transición hacia el respeto de los DDHH y la democracia en nuestro país. Se impone que tomemos nota.
Ante tanto cine catártico en un país donde la libertad de expresión no es moneda corriente, no es raro que esta película lograra que se congregaran 15000 personas para el primer pase en el Festival de la Habana de 2011, donde se exhibió por primera vez. También es cierto que lo que vendría después de esa proyección sería una llegada de la policía que provocó disturbios en la puerta del cine y desalojos en la sala. Esto no impidió que Juan de los muertos tuviera el Premio del Público en dicho festival.
El Ministro de Relaciones Exteriores georgiano, David Zalkaliani, tuvo a su cargo introducir al tema en un webinar con una exhaustiva intervención que ofreció un cuadro general de la situación en que su país se encuentra hoy en día: en los últimos 12 años Georgia ha mantenido el estado de guerra, ya que se verifican diariamente amenazas por parte de las fuerzas armadas rusas junto a la construcción de una alambrada de púas a lo largo de la frontera, que el ministro define elocuentemente como “un nuevo tipo de Muro de Berlín”.
La edición 2020 del Bertelsmann Transformation Index (BTI) representa la primera vez que Trinidad y Tobago es incluido en el análisis del índice. Por lo cual, resulta dificultoso extraer conclusiones largoplacistas. Pero sí es posible extraer una imagen de la situación política, económica y de la gobernanza actual en el país, bajo el liderazgo del Primer Ministro Keith Rowley del MNP. El mismo partido cuenta con mayoría en el congreso, y le sigue, en cantidad de bancas, el principal partido opositor: Congreso Nacional Unido (CNU), bajo el liderazgo de la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar.
La gran falla en el proceso de transformación de Singapur, tan abierto en lo económico y comercial, es que no ha llevado a cabo una apertura en lo político. Si en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) ranquea sexto en transformación económica, en cuanto a la política tiene el puesto número 74. Singapur está lejos de reconocer los derechos civiles y las libertades políticas de sus ciudadanos. Sus elecciones no son libres o justas. Otros derechos de su población se han visto igualmente limitados, como los de expresión y asociación. Los mecanismos de accountability se ven muy limitados, debido a la falta de independencia del poder judicial y al extenso control del gobierno sobre los medios de comunicación.
Aleksandr Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde 1994 y es el único que ha tenido este país en su historia. Logró sucesivas reelecciones en 2001, 2006, 2010 y 2015, en todos los casos, con alrededor del 80% de los votos y ante una oposición virtualmente inexistente. Además ganó 3 referéndums y modificó dos veces la Constitución. Pero esta vez algo cambió de la mano de cuatro candidatos outsider. La noche del domingo 9 de agosto, los primeros resultados anunciaban un nuevo triunfo de Lukashenko, una vez más, por cerca del 80%. Siguieron las protestas, la represión, las detenciones y los heridos. Difícilmente alguien que cuenta con el 80% del apoyo nacional requiera de tal nivel de violencia.
La decisión de quién presidirá el BID en los próximos años, es una de las más importantes que los gobernantes de América Latina y el Caribe tienen ante sí. Requerirá de un liderazgo visionario, experimentado, inclusivo y conciliador. Debe ser un liderazgo probado y capaz de comprender los delicados balances que permiten avanzar hacia el desarrollo integral de las naciones, con probadas credenciales democráticas, conocimiento amplio y profundo de los problemas e instituciones de la región, capacidad ejecutiva comprobada al más alto nivel de la toma de decisiones, y habilidades para movilizar recursos y concertar posiciones –tanto entre como dentro de los países-- en torno a la resolución de los grandes desafíos de la región.
América Latina debe reforzar su capacidad de estudio de escenarios posibles y de estrategias de desarrollo democrático. La prospectiva es necesaria para anticipar y actuar. Si el progresismo no amplía su mirada y expande sus alianzas se correrá el riesgo del triunfo electoral de gobiernos autoritario- populistas. La travesía, durante y después de esta crisis sanitaria-económica, será prolongada y ardua. Pero surgirán nuevas oportunidades de construir una sociedad más solidaria y sostenible.
(Clarín) Las limitaciones del modelo se comenzaron a ver hace varios años y fueron calando paulatinamente en la población a medida que más y más gente se pensionaba. Jubilados con ingresos insuficientes e hijos y nietos obligados a complementar los ingresos de sus padres y abuelos han sido el caldo de malestar frente a un sistema que no ha entregado lo que prometía.
La política anticorrupción se mantiene débil en la República Dominicana, de acuerdo al Bertelsmann Tranformation Index. El escándalo de Odebrecht en diciembre de 2016 le pegó duro a la clase política del país. En las recientes elecciones presidenciales, el candidato del Partido Revolucionario Moderno puso fin a dieciséis años de hegemonía del Partido de la Revolución Democrática en República Dominicana. Luis Abinader, quien había quedado en segundo lugar en las elecciones pasadas, superó al candidato oficialista, muestra del hartazgo de la ciudadanía por la corrupción e impunidad asociados al liderazgo de centroizquierda.
Debemos seguir insistiendo en que los castristas ratifiquen los diferentes Tratados y/o Protocolos Facultativos, porque bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, la tan ansiada transición hacia la democracia en nuestro país sería mucho menos traumática. Tomé para la confección de este texto el informe de CADAL «La Falta de Compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Derechos Humanos», de Brian Schapira y Roxana Perel.
Tanto Néstor Kirchner como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa compartían la aspiración de perpetuarse indefinidamente en el poder, socavando la división e independencia de poderes. Todo lo contrario de Lagos, Bachelet, Vázquez y Mujica, en cuyos países no existe la reelección inmediata y se produjo alternancia en el poder con gobiernos de otro signo político. Y ni hablar de las diferencias en materia de transparencia de Chile y Uruguay.
Cuba seguramente resultará electa para su quinto período en el CDH, lo cual la habilitará para presentarse en 2023 a la reelección y de lograrla cumplirá allí 18 de los 20 años de vida de este organismo. Otros países con similar prontuario podrían lograr lo mismo, como Arabia Saudita y China. Que Cuba logre mantener su «liderazgo», con la mayor cantidad de años posibles en un organismo del cual se burla, dice mucho de la falta de verdaderos liderazgos en defensa de los derechos humanos en América Latina.
La resolución fue adoptada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 votos en contra. Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay votaron a favor la resolución que expresa su gran preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. La excepción, que por supuesto no sorprende, ha sido la dictadura de Venezuela.
«La falta de compromiso de Cuba con el sistema universal de derechos humanos», una investigación de los juristas argentinos Brian Schapira y Roxana Perel, editada y presentada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), es una soberbia investigación que atraviesa el itinerario sinuoso del gobierno cubano en materia de derechos humanos, a partir de un momento de cambio e inflexión en el principal órgano mundial creado por Naciones Unidas para asumir sus retos globales.
Los mecanismos inmunitarios y comunitarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela sirven para reforzar la privación de derechos ciudadanos tan básicos como el de la salud y el de la libertad de información y de expresión bajo el contexto de la pandemia. El manejo de la crisis sanitaria, entonces, no ha implicado un cambio en la naturaleza autoritaria de estos regímenes sino más bien una oportunidad para apuntalar y agudizar aún más las prácticas estatales antidemocráticas.
El país ha avanzado bastante en términos políticos, y esto se ve en el apoyo a la democracia, que subió de un 44% de la población en 2015, a un 59% en 2017, según el Bertelsmann Transformation Index 2020. El país sigue enfrentado varios desafíos, como la corrupción, el control de sus fronteras y la desigualdad. Pero no cabe duda de que en muchas otras áreas sigue impulsando una gran transformación, sobre todo, en cuanto al desarrollo económico y la estabilidad monetaria.
(Clarín) El debate ciudadano no se orientará a la construcción de consensos racionales mediados por argumentos y razones; en cambio, quedará preso de una guerra de trincheras ideológica que nos obligará a re-discutir la prioridad de los derechos, la división de poderes y el control total del Estado sobre la economía.
Creado en la primer década del 2000, el Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) analiza el desempeño de más de 130 países en todo el mundo sobre la base de tres indicadores clave que son el Estado de la democracia, la Economía y la Gobernanza. Haití, uno de los países más pobres e inestables del Caribe, entre 2006 y 2020 acumuló un promedio de 3,66 combinando estos tres indicadores. El país tiende a disminuir en el BTI y desde 2010 a 2020, Haití solo va hacia atrás.
El informe del Centro de Estudios Convivencia aporta una visión general y crítica del impacto de la pandemia en la isla, genera propuestas de políticas públicas para el sector salud y para la economía e intenta brindar una interpretación sobre las modificaciones en los paradigmas y en el cambio de época desde una perspectiva global. El último apartado, tal vez el más interesante y el más complejo, está dedicado a la importancia del establecimiento de usinas de pensamiento plural en Cuba y la necesidad de establecer colaboración con thinks tanks de otros países.
Los principales problemas que enfrenta Panamá son el control de la corrupción y sus profundas inequidades sociales. Si bien ha habido avances, escándalos mundiales como el de Panama Papers provocaron desconfianza de la población local y mundial hacia las instituciones democráticas del país. Los decadentes resultados de Panamá en el BTI 2020 demuestran que la necesidad de reformas estructurales se hace cada vez más notable.
(Clarín) En el reporte anual presentado el 15 de abril 2020, Freemuse señala un continuo deterioro de la libertad de expresión en general y la artística en particular que se traduce en 711 ataques en 93 países: el arte sigue siendo una práctica riesgosa que puede resultar en hostigamiento, censura, cárcel e inclusive muerte. El monitoreo se realiza a partir de la compilación y análisis de datos estadísticos, como de entrevistas en profundidad con artistas en todo el mundo. El análisis comparado permite señalar tendencias globales y marcar los ámbitos de injerencia necesarios para defender la libertad de expresión artística.
El Informe Freemuse no califica, solo se atiene a describir, es un detallado balance de lo real, de aquello que está allí y tantas veces no vemos o desconocemos; es la denuncia de un estado de situación que a todos debiera conmovernos e indignarnos, como nos indigna y nos conmueve el hambre, la guerra y los abusos del poder bajo cualquiera de sus formas.
Escribo mi comentario sobre este ambiente hostil a las artes y la cultura en Brasil en tiempos de coronavirus y de aislamiento social, en que tantos de nosotros estamos enfermos y varios ya fallecieron, incluyendo artistas como Aldir Blanc, Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, Moraes Moreira y Flávio Migliaccio. El gobierno de Bolsonaro no fue solidario hacia ninguna de estas pérdidas, prefiriendo ignorarlas, mientras sigue con su agenda conservadora.
En un contexto de desorden excesivo, es más difícil que nunca discutir racionalmente los abusos de la Policía y el racismo de larga data. Los saqueos y el caos suelen producir una dinámica política de creciente polarización. Pero en política nada está predestinado. Estados Unidos puede encontrar una mejor manera, una que dé a la Policía el incentivo y los recursos necesarios para trabajar para la gente.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020 nos indica que el país ha tenido mejoras significativas en relación con el fin de la violencia política y el fortalecimiento de la democracia, pero siguen existiendo asuntos que pueden amenazar con socavar este progreso. Los principales desafíos a los que se enfrenta son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la implementación del acuerdo de paz y sus repercusiones. En particular, Colombia ha visto un aumento en el número de incidentes violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en los últimos dos años.
Argentina tuvo durante los últimos años una gran mejora en sus calificaciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI), mientras que Brasil tuvo un empeoramiento y Paraguay un desempeño mixto. En los extremos, Uruguay mantiene calificaciones sobresalientes en todas las áreas, mientras que en Venezuela estos son desastrosos. Asimismo, mientras que Argentina tiene relativamente buenos puntajes en los temas políticos y su principal desafío sigue siendo la estabilidad macroeconómica; países como Paraguay lograron controlar la inflación y tener equilibrio fiscal.
De acuerdo al Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020, que cubre el periodo de febrero 2017 hasta enero de 2019, por lo que los primeros meses del gobierno de Bukele, quien asumió en junio de 2019, no entran en consideración para la más reciente edición, la corrupción y la violencia son endémicas en El Salvador y afectan enormemente al desarrollo político, social y económico del país. El Salvador entra dentro de la categoría de “democracias defectuosas”. En la Transformación económica, esta dimensión es, junto con la de Gestión de la Gobernanza, la que más variaciones ha tenido a lo largo de los 14 años que el BTI ha estudiado.
El Bertelsmann Transformation Index 2020 muestra al país en pleno proceso de transición, con una clara mejora respecto de la previa edición. Continúan, desde ya, múltiples desafíos y vulnerabilidades, al tiempo que a su gobierno lo caracteriza una capacidad de maniobra relativamente reducida. Desafortunadamente, después del período analizado en el Índice, el país se vio golpeado por otros eventos, como fueron las protestas de 2019; la caída abrupta del precio del petróleo, y la gran cantidad de muertos por el coronavirus, haciendo que la situación a futuro resulte aún más incierta.
De todos los controles que la gente de todo el mundo ha aceptado con poca protesta en nombre de la salud pública, la prohibición de movimiento es la más relevante. La combinación de información gubernamental confiable, solidaridad con los desesperados y el uso inteligente de la tecnología sería sin duda una mejora con respecto a los bloqueos masivos que existen en gran parte del mundo.
Algo queda claro desde el inicio del problema del COVID19: por más problemas que tengan, siempre los países democráticos están mejor preparados para hacerle frente a situaciones extremas como estas. Por eso comprobamos que la utilización de la gravedad de la pandemia para cortar espacios de libertad se presenta en nuestra región con matices y diferencias. Hay casos extremos como el de Cuba, seguido de cerca por Venezuela, y los hay más leves como el de Argentina.
En los últimos 40 años, la región ha sido protagonista de varios procesos políticos que fueron comunes entre los países: desde las dictaduras y los regímenes “burocrático autoritarios” de los años 60s y 70s, pasando por la “Tercera ola de democratización” durante la década del 80, a las “democracias iliberales” en los 90s y la “marea rosa” de los 2000s. Cada una de estas etapas se ve claramente definida en los informes de “Libertad en el Mundo” que publica Freedom House, que muestran los momentos de auge y decaída de los regímenes democráticos.
El Estado desde ya puede legítimamente limitar la libertad de un individuo en defensa de los demás habitantes. Pero, ¿por qué prohibir las salidas recreativas en horarios poco concurridos? Después de ocho semanas, el aislamiento social preventivo y obligatorio hace más daño que bien y no ayuda para frenar los contagios que se están propagando en hogares para gente mayor y en villas con hacinamiento. Ahí es donde las autoridades podrían volcar su atención y energía.
Si se toma la definición de «transformación» que ofrece la propia Bertelsmann Stiftung: «un cambio integral y políticamente impulsado en el que un sistema autoritario y un orden económico dominado por el Estado o clientelar evolucionan en dirección a la democracia y hacia una economía de mercado»”, no cabe duda que el proceso en Venezuela ha estado lejos de esto. Su situación, de hecho, es tristemente calificada por el informe como un «milagro en reverso», con todos los indicadores relevantes desplomándose en apenas una generación.
Los analistas describen al país como ejemplo de régimen híbrido o de modernización autoritaria. La Constitución de 2014 garantiza la igualdad de derechos, sin discriminación. Sin embargo, de hecho, existe represión sistemática y la mayoría de los egipcios se siente impotente ante el Estado. La situación de los derechos humanos: los casos de Giulio Regeni y Patrick Zaki.
En comparación con el panorama general de Latinoamérica y el mundo, de creciente populismo, represión, disconformidad popular, control económico estatal y desdén por la institucionalidad democrática, estas posiciones son motivo de satisfacción. Sin embargo, el país aún confronta múltiples retos, a la mayoría de los cuales también se refiere con detalle el informe. Varios de ellos, tienen que ver con el desempeño económico.
El país presenta indicadores sobresalientes en los tres índices principales del informe: un 9.90 en el área de transformación política (número 1 entre los más de 100 países analizados); un 7.33 en gobernanza (que lo ubica en el tercer puesto); y 8.43 en cuanto a transformación económica (lo cual lo sitúa dentro del top 10). Uno de los indicadores menos alentadores es el de “resultados económicos”, si bien tiene una puntuación de ocho puntos. Uruguay enfrenta desafíos en capital social y en la reforma del sistema educativo. Sin muchas dificultades estructurales, Uruguay ocupa los primeros puestos en todas las categorías del índice a nivel mundial.
De acuerdo a la edición 2020 del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), la dimensión analítica de Transformación Política ha declinado de manera constante en Guatemala con el pasar de los años. Los indicadores del BTI que se usan para evaluar su régimen político actual son cinco en total y en dos de ellos, para el período 2018-2020, se manifiesta un desempeño menor al mínimo requerido en cada uno para mantener el estándar democrático: el «Poder Efectivo para Gobernar» y la «Separación de Poderes» requieren cada uno un piso de 4 puntos para ser considerados democráticos. En el caso de Guatemala, sendos indicadores se encuentran en 2020 a un nivel de 3 puntos, posicionando a este país como una autocracia.
Argentina obtuvo tres calificaciones perfectas en todo el informe, y todas ellas fueron en el área de desempeño democrático: la identidad estatal, la no interferencia en los dogmas religiosos y los derechos de asociación. Asimismo, los indicadores de gobernanza mostraban una mejora considerable al momento de la realización del informe. Otros indicadores muestran resultados muy pobres aún, especialmente el que mide “desempeño económico”, que viene en baja desde el informe del 2008. El informe considera que varios de los problemas, como la inflación o el déficit fiscal, podrían ser manejados con un liderazgo político capaz.
El contexto político de la pandemia agudiza las vicisitudes institucionales de dos países latinoamericanos, Perú y Bolivia, que comparten una evolución bastante similar en los indicadores de democracia y gobernanza de las mediciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI) desde el año 2006. Ambos países se ubican en la categoría de “democracias defectuosas” según estos indicadores, reflejando los problemas institucionales que ambas naciones andinas arrastran desde hace mucho tiempo.
Hay una profunda crisis de expectativas unida a una gran desconfianza en la capacidad de las instituciones democráticas y los políticos. Ahora, la irrupción de la pandemia de coronavirus en medio de la revuelta social introdujo nuevas fuerzas al proceso social y político que vive el país. El temor y la incertidumbre han provocado una revalorización de las normas. Hasta los grupos estudiantiles más radicales suspendieron las protestas. Chile entró de pronto en un período de calma social enmarcado en el temor a una grave y desconocida amenaza. Puede que esto reencauce el actual divorcio entre la ciudadanía y las instituciones democráticas.
Dónde está el presidente y por qué no se toman medidas urgentes. Son dos grandes inquietudes que aquejan a la población nicaragüense y preocupan a la comunidad internacional, en el marco de la severa pandemia por Covid-19.
Un nuevo reporte de Human Rights Watch da cuenta de avances y retrocesos en la región. Aún preocupan situaciones de hacinamiento en cárceles; casos de torturas y abuso sexual de parte de fuerzas de seguridad; problemáticas resultantes de la inmigración venezolana, fruto de la severa crisis humanitaria de ese país, y los llamados “falsos positivos” en Colombia.
Más allá del impacto del grave fenómeno de la violencia y las mafias, la calidad de la institucionalidad mexicana está también bajo presión por la original relación que mantiene el presidente López Obrador con el orden jurídico. La prueba de fuego para el presidente mexicano vendrá cuando los efectos de la crisis del coronavirus se dejen sentir con fuerza en la economía mexicana y en la supervivencia de millones de mexicanos.
El reciente documento evidencia la represión presente en el país. En línea, el Índice de Libertad de Internet de Freedom House da cuenta de que en la Isla persisten la censura, la baja conectividad y los elevados costos en el soporte virtual.
Las medidas de distanciamiento social son absolutamente necesarias, y algunas limitaciones a las libertades de circular van a tener que ser toleradas mientras que dure la pandemia para poder “aplanar la curva”. Sin embargo, y justamente, por tratarse de un evento extraordinario, se va a tener que seguir de cerca y discernir qué medidas son necesarias y científicamente justificadas, y cuáles de ellas son una mera fachada para silenciar oposiciones.
El libro abre nuevas dimensiones para pensar el conflicto, establece una agenda para aquellos decisores de Estado y ensaya posibles escenarios y contextos a futuro bajo una mirada realista alejada del idealismo de que la condición de estado fallido mágicamente acarreará un proceso democrático en Corea del Norte.
De acuerdo al índice “Freedom on the Net”, publicado por Freedom House, las tácticas para restringir el uso de Internet -tanto si son provocadas por actores extra-estatales, como por actores domésticos- se pueden resumir en tres categorías: del tipo informacional, del tipo técnicas y del tipo legal. Las más comunes son las primeras y comprenden el uso de “bots”, comentadores pagos por el partido político de turno, o también el uso de webs que diseminan información falsa.
El caso Otero Alcántara ha hecho visible, una vez más, la dimensión represiva de un Estado que no cesa de cumplir el mandato que alguna vez su líder máximo enunció ante los intelectuales: “Dentro de la Revolución todo, fuera de ella nada”, generando en ellos la lógica desesperación de no poder saber nunca dónde se traza el límite entre lo permitido y lo prohibido por un poder, que como sucede en los estados totalitarios, lo observa y lo controla todo.
El gobierno de Hernández decretó la medida que regirá por siete días, en el marco de la pandemia del Covid-19. Como en el grueso de los países, se aplicaron restricciones a la circulación. Sin embargo, preocupa a varias organizaciones la posible censura.
A lo largo de un extenso período, el promedio anual de tibetanos que escapaban a Nepal rondaba entre 2500 y 3500, pero en 2019 descendió a 18. ¿Por qué Nepal decidió dar un giro en su política exterior y dejar de ayudar al pueblo del Tíbet? La explicación radica en la iniciativa china de “One Belt One Road” lanzada en 2017 que acarreó promesas de millones de inversión en infraestructura y proyectos para Nepal. Ante esta oferta, la tentación venció a la solidaridad y la capacidad de contrarrestar la opresión del pueblo tibetano.
(The Global Americans) La continuidad y el agravamiento de la recesión, junto a las crecientes dificultades para sostener en el tiempo las medidas de emergencia adoptadas al comienzo de la gestión y destinadas a desacelerar el ritmo de la inflación, irían probablemente acompañadas de una creciente caída en la aprobación del gobierno y una mayor debilidad de Fernández.
La publicación reciente del informe «Libertad en el mundo», de Freedom House, que cubre los eventos del 2019, permite sacar conclusiones sobre la evolución del último gobierno argentino en esta materia. En los últimos cinco informes, la calificación de Argentina no ha hecho más que aumentar. Ahora bien, ¿qué es lo que explica esta mejora en el puntaje? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta el país que lo mantienen con un puntaje inferior al que tienen Chile o Uruguay?
(The Global Americans) Hay una disputa de poder abierta y agresiva dentro del gobierno, entre los sectores que acompañan al presidente y los que son fieles a la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Fernández es un hombre hábil con las palabras y con las negociaciones políticas, dedicó su vida entera a eso. Supo encontrar el equilibrio justo para nombrar cosas y no definirlas con precisión, para no abrir frentes de conflicto antes de tiempo. Nadie puede estar en contra de ideas generales como “trabajar para que funcione bien la justicia”. ¿Pero qué significa esto en concreto? ¿Cómo tratará las causas abiertas por corrupción durante el gobierno de Cristina? ¿Qué posición tomará frente a los casos que algunos llaman de “presos políticos” y otros de “políticos presos”?
En los años que me separaban de mi primer visita en el 89, tantas cosas habían sucedido en mi vida y en la isla, entre otras,el período especial, que había esmerilado el ánimo de millones de personas, una situación de padecimiento humanitario que había leído y escuchado por el relato de tantos amigos y colegas que aún permanecían en la isla. Volví para reencontrarme con la ciudad del pasado, pero esa ciudad ya no existía tal como la había dejado.
A pocos meses de cumplir una década, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) lanzó el presente trabajo, una investigación y un aporte más a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, que brinda una visión de conjunto sobre la situación actual y el pasado de la comunidad afrocubana en sus 120 páginas de extensión.
Con el lema «Es pa' afuera que van», manifestantes exigen una explicación respecto de lo ocurrido el 16 de febrero. La OEA ordenó controles con los mismos estándares implementados en Bolivia.
Desde la perspectiva del compromiso con los derechos humanos tiene coherencia la decisión de las nuevas autoridades uruguayas que asumirán el próximo 1 de marzo, al no invitar a los autócratas de la región a la asunción presidencial. Es que habla mal de una democracia ejemplar el que le brinde “igualdad de trato y respeto” a autoridades de otros países que no surgieron de elecciones libres, íntegras y competitivas.
La denominada “Contra” se unió a la Coalición Nacional, conformada por la Alianza Cívica y el partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Las agrupaciones hacen frente al gobierno de Ortega, quien lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder.
Los riesgos para la democracia continental son similares a los que advirtió el líder demócrata estadounidense, Chuck Schumer, cuando el 31 de enero de 2020 el Senado de los Estados Unidos desistió de convocar a testigos para el juicio político contra Donald Trump: «Es una gran tragedia, una de las peores».
La inmigración en el país tico es la más grande de Latinoamérica, siendo un 10% de su población total, entre quienes hay más de 500.000 nicaragüenses y 40.000 venezolanos. Repaso de un proceso difícil, que demanda recursos y disposición estatal.
El país más pobre del hemisferio occidental parece saltar de crisis en crisis arrastrando consigo montones de problemas estructurales que se sostienen en el tiempo. Ocupa el puesto 169 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Aun así, recientemente incorporado al Grupo de Lima, el país busca comunicar a la comunidad internacional su inclinación por la “respuesta democrática” a los problemas.
El pasado 14 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en Ciudad de Guatemala, el nuevo presidente, Alejandro Giammattei, reivindicó su promesa de “mano dura” para hacer frente a la corrupción y a la violencia endémica que hay en el país. Por otra parte, el nuevo gobierno también busca hacer frente a la crisis migratoria mejorando las condiciones de vida localmente para evitar una salida tan numerosa de guatemaltecos.
Si se cuenta solamente desde que empezó el 2020, unos 23 líderes sociales fueron asesinados en Colombia. Este preocupante registro aportado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz lleva a poner foco de vuelta sobre la urgencia de este problema y la insuficiencia de las políticas emprendidas por el gobierno de Iván Duque.
En los últimos meses se ha puesto el foco en los derechos humanos al cubrir los eventos que se estuvieron dando en Chile. El informe de Human Rights Watch enfatiza las situaciones problemáticas que se dieron durante las protestas del año pasado, tanto a partir del accionar de Carabineros como con algunos disturbios provocados por los manifestantes.
La toma de decisiones en materia de política exterior basadas más en la afinidad ideológica que en un mayor pragmatismo, podrían tener costos para el país. Situaciones, como la de reconocer a un embajador por sobre otro o apoyar una candidatura en lugar de otra, requieren necesariamente de posiciones definidas, que serán tanto más controversiales cuando se trate de países no democráticos.
Maduro movilizó su aparato represivo para neutralizar el último escollo que le faltaba para monopolizarlo todo, pero no lo logró. Igualmente habrá que ver cómo evoluciona esta dualidad de poderes legislativos, que por cierto se suma a la ya existente Asamblea constituyente y si le generará mayores desgastes a las fuerzas democráticas.
Comenzando el 2020, Chile, Brasil, y en marzo también Uruguay, tendrán una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, aunque con distintos grados de presión y distintas posturas sobre las medidas a tomar. Argentina, mientras tanto, bajó el nivel de sus críticas aunque tiene todavía una posición ambigua.
