Brasil se asemeja a un pulpo de inmenso potencial que no logra articular sus tentáculos. A lo largo de las dos últimas décadas, el país ha enfrentado el desafío de conciliar el crecimiento económico con la inclusión social en un contexto de polarización extrema y desigualdades persistentes. Según los datos del BTI, esta falta de coordinación responde a nudos estructurales: una burocracia asfixiante y una corrupción sistémica que frenan su capacidad de ejecución.

Por Lucila Fernández

El Bertelsmann Transformation Index (BTI) evalúa y compara el progreso de 137 países, de forma bienal, hacia una democracia constitucional y una economía de mercado socialmente responsable, además de medir la calidad de la gobernanza. Para ello, utiliza una metodología estandarizada que guía a expertos que evalúan hasta qué punto se ha cumplido cada indicador en cada uno de los países. Estas evaluaciones se someten a una revisión entre pares y calibración regional e interregional, en puntuaciones del 1 al 10 para cada indicador y en un informe descriptivo que justifica cada puntuación.

A continuación, se abordarán tres dimensiones centrales —Transformación Política, Índice de Gobernanza y Estado de la Economía— y sus respectivos criterios e indicadores que permiten observar los avances, retrocesos y desafíos de Brasil entre 2006 y 2026.

Brasil: condicionantes históricos y geográficos en su transformación

Para entender la situación económica, social y política de Brasil debemos tener en cuenta dos factores troncales: su historia y su geografía.

En cuanto a su historia como país, podemos rastrear el inicio de su transformación política hacia 1985 con la vuelta de la democracia. En este año el presidente fue electo por una asamblea electoral, y falleció poco después, por lo que fue sustituido por su vicepresidente José Sarney, quien gobernó hasta 1990. Estos pasos hacia la democracia marcaron el fin del régimen autoritario que controlaba el país desde 1964. Pero la transición democrática no fue inmediata ni plena, sino que se fue consolidando paso a paso.

La economía del país recién empezó a estabilizarse bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso marcando un antes y un después. Estas políticas de estabilización permitieron que luego los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) pudieran articular crecimiento económico con políticas sociales. Su principal referente, Luiz Inácio Lula da Silva, electo en 1994 y reelecto, fue quien fomentó estas políticas. Al finalizar su mandato en 2002, fue sucedido por su protegida Dilma Rousseff, reelecta en 2014, pero destituida en agosto de 2016 tras un proceso controversial. Esta destitución puso en práctica los mecanismos institucionales reafirmando que los conflictos se resuelven dentro del marco democrático. Luego su vicepresidente, Michel Temer, completó el mandato hasta las elecciones de 2018, en las que resultó electo Jair Bolsonaro. La presidencia de Bolsonaro puso a prueba la democracia brasileña, marcada por tensiones institucionales y escasa rotación partidaria. En 2022, Lula se alió con fuerzas democráticas conservadoras para ganar las elecciones, iniciando su tercer mandato y reafirmando la capacidad del sistema democrático brasileño de generar alternancia.

Por otro lado, la geografía de Brasil representa dos modelos de desarrollo contrastantes que se reflejan en casi todos los indicadores del BTI. Las regiones brasileñas se han desarrollado de manera fragmentada, condicionadas por su geografía. Para comprenderlo empleamos el concepto de determinismo geográfico. Este se define como la conducta que adoptan los pueblos incapaces de superar los obstáculos que les presenta la geografía. El espacio geográfico es determinante y define no solo sus condiciones de vida, sino también su conducta política. En Brasil tenemos dos zonas geográficas: el norte dominado por la Amazonia, con baja densidad poblacional y economías extractivas que generan dependencia de recursos naturales, con infraestructura escasa y baja densidad de carreteras y ferrocarriles; y el sur, con clima templado, los suelos fértiles y un desarrollo industrial que ha favorecido una alta urbanización y un modelo económico más diversificado.

Este recorrido histórico y geográfico permite comprender cómo las condiciones estructurales han influido en la trayectoria democrática de Brasil, en la calidad de su gobernanza y en su desempeño económico.

Estado de transformación política

Como podemos ver en el cuadro, en el estado de democracia, Brasil muestra variaciones leves a lo largo de los años, que reflejan las tensiones institucionales y políticas que atravesó el país en su proceso de consolidación democrática.

Iniciando con el indicador de estabilidad del monopolio de la fuerza, vemos que, aunque el Estado lo conserva en principio, su ejercicio resulta limitado en la práctica. En grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, las leyes estatales coexisten con códigos criminales no escritos que gobiernan territorios dominados por bandas locales. Estas organizaciones, dedicadas al tráfico de drogas y armas, conviven con otra fuente ilegal de violencia: las milicias, grupos paramilitares conformados en gran parte por ex policías que controlan numerosas favelas y desafían la autoridad estatal. Estas limitaciones en el ejercicio del monopolio de la fuerza se reflejan también en la manera en la que la población reconoce y legitima al Estado. Durante el primer período de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el indicador de identidad estatal alcanzó el puntaje 9, ya que la mayoría de la población reconocía al Estado como legítimo y aceptaba la Constitución, pero a medida que han avanzado los años, esta situación ha cambiado.

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia, en 2011 se sancionó la Ley de Libertad de Información, que obligó al gobierno a publicar datos de manera proactiva y otorgó a los ciudadanos el derecho a solicitarlos. Esta mejora en la transparencia se inscribió en un contexto donde la administración pública, bajo Dilma Rousseff, mantenía la provisión de servicios públicos, aunque con deficiencias en el norte y nordeste, donde predomina el clientelismo y el patronazgo. La separación de poderes se mantuvo, con un sistema presidencialista que le permitía al poder ejecutivo emitir medidas provisionales. Esta situación debilitó la confianza en las instituciones y preparó el terreno para la posterior polarización.

Posteriormente, con Michel Temer, se implementó la reforma laboral de 2017, que eliminó la tasa sindical obligatoria y debilitó financieramente a los sindicatos. Aunque la cantidad de organizaciones sindicales siguió creciendo, muchas debieron reinventarse ofreciendo servicios a sus miembros para sostenerse. Esta situación, combinada con las crisis política y económica, erosionó parcialmente la capacidad de representación social y anticipó el clima de polarización que se profundizaría con la llegada de Bolsonaro.

Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro hubo una erosión en la protección de los derechos civiles. Su discurso cuestionando el sistema electoral en las elecciones de 2022 culminó con la denuncia de fraude sin pruebas. La Corte Suprema y el Tribunal Electoral respondieron con medidas para mitigar la desinformación y asegurar la integridad del proceso. Durante este período aumentó la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Posteriormente, la violencia policial alcanzó cifras alarmantes: en 2023 se registraron 6.393 muertes a manos de policías, más del 80% de ellas contra personas negras. Frente a la extrema polarización, el sistema de partidos se mostró altamente fragmentado con dinámicas de anti-petismo y anti-bolsonarismo que reflejaban la debilidad de las raíces sociales de los partidos. El apoyo popular a la democracia descendió: en 2024 solo el 45% de la población manifestó preferirla frente a otras formas de gobierno, y un porcentaje similar declaró que apoyaría un golpe militar en situaciones de criminalidad o corrupción generalizada.

Tras este retroceso en derechos civiles y debilitamiento institucional, el retorno de Lula buscó revertir estas tendencias: se reintrodujeron programas sociales y de derechos humanos, se reabrieron espacios para la sociedad civil y se adoptó una postura más respetuosa hacia periodistas. Sin embargo, persisten problemas estructurales como la sobrepoblación carcelaria, las malas condiciones de detención y la violencia policial, que continúan desafiando la garantía plena de los derechos civiles.

La corrupción persiste como un problema estructural, acompañado de la burocracia, obstaculizando la eficiencia del poder judicial y el desarrollo democrático pleno del país.  

Estado de la Economía

En el estado de economía podemos ver en el cuadro cómo Brasil pasó de niveles relativamente altos de estabilidad en la primera década del siglo XXI, a un descenso marcado, reflejo de crisis fiscales, recesión y pérdida del dinamismo productivo.

Iniciando por el indicador de barreras socioeconómicas, con un puntaje de 6 en el BTI 2006 que descendió a 5 en la edición de 2024, vemos que, si bien el país exhibe una alta tasa de desarrollo humano, la exclusión social sigue siendo estructural y pronunciada. Con un coeficiente de Gini de 52.0 en 2022, Brasil se ubica entre las naciones con mayor desigualdad de ingresos del mundo. La brecha de género y la desigualdad racial siguen siendo un problema: los sectores de mayores ingresos son predominantemente blancos, mientras que la población negra concentra los índices más altos de pobreza. Si bien en 2024 se registró la tasa más baja de pobreza y extrema pobreza desde 2012, el progreso ha sido desigual: el norte y el nordeste mantienen índices elevados de pobreza, mientras que en el sur y sudeste la reducción ha sido más marcada.

En cuanto a la organización y competencia de mercado, Brasil cuenta con una estructura institucional sólida, pero el sector informal sigue siendo significativo -en 2023 representaba el 37% del mercado laboral-, lo que limita la formalización y la productividad. A su vez, la fuerte presencia estatal en sectores estratégicos (combustibles, electricidad, transporte, telecomunicaciones) y el déficit de cerca de 200 empresas públicas en 2024 reflejan las tensiones entre regulación y eficiencia. La burocracia y los altos costos para iniciar negocios continúan restringiendo la inversión y la competencia doméstica, mientras que, en paralelo, existen leyes de defensa de la competencia aplicadas por el CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), cuya capacidad de supervisión se ve debilitada por la falta de recursos. Estos elementos, considerados por el BTI, muestran cómo las barreras estructurales persisten en el desempeño económico brasileño, condicionando su capacidad de sostener un desarrollo inclusivo y competitivo.

El país conserva vestigios de sus políticas proteccionistas heredadas de la industrialización por sustitución de importaciones. Las exportaciones e importaciones representan menos del 30% del PIB, y la participación en cadenas globales de valor sigue siendo limitada por barreras internas. A pesar de ello, el país mantiene un puntaje de 7 en liberalización del comercio exterior, siendo miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y fundador del Mercosur.

Este desempeño en comercio exterior se complementa con un marco de política monetaria orientado al control de la inflación, vigente desde 1999. Es el Conselho Monetário Nacional el que fija las metas de inflación y coordina la política fiscal, mientras que el Banco Central, autónomo desde 2021, implementa las medidas a través de la tasa SELIC (Sistema Especial de Liquidación y Custodia). Esta tasa se ha convertido en la principal herramienta de política monetaria, ajustándose para controlar la inflación y regular préstamos e inversiones. Las fluctuaciones de esta tasa reflejan los desafíos de estabilidad macroeconómica que se registran en el BTI.

Sin embargo, la estabilidad macroeconómica no se sostiene solo de la política monetaria, sino también en la disciplina fiscal, otro indicador evaluado por el BTI. Este indicador muestra un retroceso: de un puntaje perfecto de 10 en el BTI 2006 a 8 en la actualidad. La Ley de Responsabilidad Fiscal y el límite constitucional al gasto han sido mecanismos claves, pero la creciente influencia del poder legislativo sobre el presupuesto ha agregado complejidad al proceso. Este retroceso fiscal se vincula con la capacidad del Estado de garantizar derechos, como la propiedad privada y la protección de comunidades indígenas. En Brasil los derechos de propiedad privada están bien definidos y regulados. Con respecto a la protección de comunidades indígenas, en 2024 Lula demarcó 13 territorios indígenas, revirtiendo la política de Bolsonaro, que había negado protección a estas comunidades. Para acceder a la demarcación, las comunidades deben demostrar ocupación desde 1988, año de formulación de la Constitución.

Del mismo modo, la provisión de servicios básicos, como salud y pensiones, refleja la capacidad estatal de sostén del bienestar social. En Brasil el sistema de salud público cubre al 75% de la población y ofrece servicios gratuitos. La expectativa de vida alcanzó los 76 años en 2024, seis más que en el 2000, pero el sistema enfrenta presiones por enfermedades tropicales como el zika y el chikungunya. El sistema de pensiones, dual desde 1988, fue reformado en 2019, estableciendo una edad mínima de retiro de 65 años para hombres y 62 para mujeres, con contribuciones mínimas de 15 y 20 años respectivamente.

Finalmente, el indicador de igualdad de oportunidades y sus puntajes, que han oscilado entre 6 y 7, muestran cómo las políticas sociales aún conviven con profundas desigualdades estructurales. El 56% de la población se identifica como negra o mestiza, pero este grupo sigue subrepresentado en política y en liderazgo económico. Las mujeres ganan menos que los hombres, y en 2024 el índice de brecha de género fue de 0,716, lo que refleja un 28% menos de oportunidades. La población indígena enfrenta vulnerabilidades extremas: 96% vive en pobreza, un tercio carece de electricidad y más de la mitad no tiene acceso a agua potable.

Índice de gobernanza

El índice de gobernanza es el que más deterioro ha sufrido a lo largo de estas dos décadas. Mientras que el estado de democracia y economía muestran variaciones moderadas, la gobernanza cae de manera sostenida desde 2014, alcanzando su mínimo en 2024. Este retroceso refleja la fragilidad institucional, la corrupción y la dificultad del Estado para implementar políticas de manera eficaz. El BTI evidencia que la gobernanza es el aspecto más crítico del desempeño brasileño, condicionando tanto la estabilidad política como la capacidad para sostener el desarrollo.

Las limitaciones estructurales a la gobernanza que enfrenta Brasil han sido de moderadas a altas. El país enfrenta profundas desigualdades regionales y socioeconómicas que influyen en el comportamiento de los votantes y en la cohesión social. Brasil posee un inmenso potencial económico, pero sus recursos han sido subutilizados. Uno de sus mayores desafíos ha sido reconciliar el crecimiento económico con el desarrollo social, abordando la sostenibilidad y promoviendo mayor igualdad de oportunidades. Estos esfuerzos se ven obstaculizados por un déficit de infraestructura en carreteras, aeropuertos y puertos, lo que afecta tanto al comercio interno como externo y exige inversiones adicionales.

En los últimos quince años, la sociedad política brasileña se ha vuelto profundamente polarizada. Figuras como Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva son veneradas u odiadas por distintos segmentos de la población. Esta polarización puso a prueba las instituciones democráticas y alcanzó su punto crítico con el ataque violento de enero de 2023 contra los símbolos democráticos del país. El rechazo generalizado a ese episodio reflejó el deseo público de paz y estabilidad, aunque las encuestas posteriores muestran que la polarización social sigue siendo significativa. Tras las elecciones municipales de 2024, la tensión se atenuó parcialmente con el triunfo de candidatos centristas en varias ciudades, pero la polarización continúa marcando la dinámica política.

La corrupción, por su parte, ha sido un problema persistente. A pesar de contar con leyes anticorrupción y mecanismos de transparencia, las prácticas clientelistas y la falta de supervisión en la distribución de fondos federales han debilitado la confianza ciudadana. Los puntajes del BTI en políticas anticorrupción han oscilado entre 5 y 7, reflejando avances legales, pero también la dificultad de erradicar prácticas arraigadas.

Durante su último mandato, Lula ha perseguido objetivos específicos y prioritarios como, por ejemplo, estimular el crecimiento y la creación de empleo, promoviendo igualdad de género e inclusión social. Sin embargo, la pérdida de poder en el Congreso ha dificultado mantener estos objetivos, generando negociaciones complejas y cobertura mediática negativa. En este contexto, la administración se ha concentrado en metas de corto plazo.

En política exterior, Lula ha intentado reinsertar a Brasil como un actor neutral, activo e influyente. Promovió la diplomacia con socios clave como Estados Unidos, China, Europa, Japón y Argentina, y buscó reactivar la cooperación latinoamericana. Su estrategia se basa en el multilateralismo y la multipolaridad, fortaleciendo el poder blando del país. Sin embargo, la polarización interna, la independencia creciente del Congreso y las tensiones geopolíticas globales han limitado estos objetivos, como se evidenció cuando Brasil no logró establecerse como mediador neutral en el conflicto de Ucrania. En contraste, durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil se había apartado de las orientaciones diplomáticas predominantes, adoptando un enfoque pragmático y anti globalista que lo volvió un actor imprevisible, con amenazas de retirarse de acuerdos como el de París o incluso de los BRICS. Bajo Lula, el país ha retomado las posiciones tradicionales de política exterior, consolidadas por el Partido de los Trabajadores a lo largo del siglo XXI. La hegemonía del PT en el poder ha permitido cohesionar lineamientos de Estado y dar continuidad a una visión diplomática basada en la integración regional y el multilateralismo, lo que explica que Brasil sea percibido nuevamente como un socio confiable, aunque su liderazgo regional enfrenta resistencias y el futuro del Mercosur sigue siendo incierto.

Por último, la administración pública presenta un desempeño desigual: conviven instituciones eficientes con otras marcadas por corrupción y clientelismo. Aunque existen tradiciones de servicio civil y reclutamiento por mérito, los nombramientos políticos en niveles altos siguen reflejando prácticas clientelistas.

Brasil más allá de sus problemas estructurales

El análisis del BTI evidencia que Brasil enfrenta problemas estructurales persistentes —burocracia, corrupción, desigualdad racial y tensiones geopolíticas— que han limitado la consolidación plena de su democracia y la eficiencia de su economía. Estas fragilidades internas han condicionado la gobernanza y han generado ciclos de avances y retrocesos en la articulación entre desarrollo social y crecimiento económico.

Sin embargo, Brasil se mantiene como un líder de gran relevancia en la región y con proyección internacional. Su capacidad de influir en la agenda latinoamericana lo consolida como un actor estratégico, capaz de proyectar estabilidad y cooperación más allá de sus fronteras. En determinados momentos de su historia, el país logró acompañar el desarrollo económico con políticas de inclusión social, mostrando que, pese a sus debilidades estructurales, posee el potencial de ejercer un liderazgo transformador en América Latina y en el escenario global.

Lucila Fernández

Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta (Argentina).