Comunicados
Promoción de la Apertura Política en Cuba
Pedido a UE y CELAC sobre violaciones de derechos humanos en Cuba
A dos años del 11J, CADAL junto a otras organizaciones de la sociedad civil, piden a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que exijan a las autoridades de Cuba garantizar el derecho a la protesta y liberar a las personas privadas de libertad por exigir sus derechos.
Mural de César Santalo en el College of Law de la Florida International UniversityLas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba (en adelante 11J) fueron un grito de libertad en medio de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el país, sumado a la grave crisis sanitaria y económica. La respuesta de las autoridades, durante y después de las manifestaciones, ha sido reprimir a quienes se manifiestan mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de internet, exilio forzado, criminalización, vigilancia física y digital, amenazas, imposición de multas, juicios sumarios y ordinarios sin garantías al debido proceso, etc.
Dos años después de las manifestaciones, las organizaciones firmantes advierten con preocupación que las prácticas represivas del gobierno cubano contra todos aquellos que son percibidos como disidentes se mantienen, y que defender los derechos en Cuba hoy sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Desde 2022, el gobierno cubano ha aprobado leyes como el nuevo Código Penal o la Ley de Comunicación Social que buscan cerrar aún más el espacio cívico en Cuba y criminalizar a quienes expresan su disconformidad. Estas disposiciones restringen de manera grave la libertad de expresión tanto en las calles como en internet, y limitan cada vez más la labor de periodistas, activistas, artistas, y escritores.
En mayo de 2023, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente una protesta pacífica en la localidad de Caimanera utilizando los mismos mecanismos represivos del 11J. Además, según cifras de la organización Justicia 11J, 782 personas detenidas arbitrariamente durante las manifestaciones de 2021 continúan en prisión. A muchas de ellas, entre quienes se encuentran artistas, periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, les ha sido denegado su derecho al debido proceso, no se les permite las visitas de sus familiares, o el acceso a cuidados médicos.
Por eso, pedimos de manera urgente a los Estados miembros de la Unión Europa y de la CELAC, consideren poner en la agenda las violaciones de Derechos Humanos en Cuba y respondan de manera proporcional a la magnitud de la crisis que vive el país. Les pedimos que exijan a las autoridades cubanas que cumplan con sus obligaciones de derecho internacional relativas a la observancia y respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, aquellos estados deben exigir que se libere prontamente a todas las personas que se encuentran privadas de libertad de manera arbitraria con garantías de que no serán exiliados en contra de su voluntad.
Vemos en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC una oportunidad para que el liderazgo político de ambas regiones puedan escuchar a la sociedad civil cubana y tomen acciones concretas para que las autoridades cubanas dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos de las y los cubanos. Particularmente, los Estados latinoamericanos deberían aprovechar la presencia confirmada de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en la Cumbre, para solicitar las autorizaciones necesarias para que sus representantes diplomáticos puedan visitar, en privado, a las y los presos políticos.
Asimismo, extendemos este llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que sigan monitoreando y exigiendo el respeto de los derechos humanos en Cuba. Las organizaciones firmantes están convencidas de que la visibilidad internacional puede ser útil para salvaguardar la vida y los derechos de la sociedad civil cubana en estos tiempos tan difíciles.
Solicitamos a las autoridades de los estados miembros de la UE y de la CELAC que arbitren todas las medidas necesarias para:
● Instar al gobierno cubano que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluidos los casos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Felix Navarro, Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, Aymara Nieto, Sissi Abascal Zamora, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Félix Navarro, Saylí Navarro, al Pastor Lorenzo Rosales, y los artistas disidentes Richard Zamora Brito ‘El Radikal’, María Cristina Garrido Rodríguez, Randy Arteaga-Rivera y las Damas de Blanco detenidas;
● Promover a través de todos los mecanismos posibles para que se garantice el derecho humano a la participación política en condiciones de igualdad, de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
● Exhortar al Gobierno de Cuba que ponga fin al uso excesivo e injustificado de la fuerza y a las detenciones arbitrarias durante las protestas, y abstenerse de realizar cortes de internet que obstaculicen el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información;
● Trabajar en conjunto con el Gobierno de Cuba para establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; paralelamente, que se supriman aquellas disposiciones del nuevo Código Penal redactadas de manera imprecisa o ambigua; aquellas que contengan medidas represivas de la libertad de expresión;
● Hacer hincapié en que el Gobierno de Cuba ponga fin a la vigilancia y las detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, activistas, artistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes;
● Solicitar al Gobierno de Cuba que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
● Hacer un llamamiento al Gobierno de Cuba para que permita el acceso de organizaciones de derechos humanos, para que puedan dar seguimiento y asistir como observadores a los juicios contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra personas detenidas durante las protestas;
● Recomendar al Gobierno de Cuba a cursar invitaciones a las relatorías especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facilitar sus visitas para final de 2023;
● Urgir al Gobierno de Cuba a eliminar las restricciones de viaje, y garantizar el derecho a la movilidad y al retorno al país, permitiendo a los ciudadanos cubanos ejercer su derecho a circular libremente.
Firmantes:
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Artists At Risk Connection (ARC) - PEN America
CADAL
Civil Rights Defenders (CRD)
Cubalex
Democuba: Instituto Democrático para el Desarrollo en Cuba.
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humano (Raza e Igualdad)
Justicia 11J
Movimiento San Isidro
Observatorio de Libertad Académica (OLA)
Observatorio de Derechos Culturales (ODC)
Organización De Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre
PEN Internacional
Red de Líderes y Lideresas de Cuba - RELLIC
4Métrica
Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba (en adelante 11J) fueron un grito de libertad en medio de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el país, sumado a la grave crisis sanitaria y económica. La respuesta de las autoridades, durante y después de las manifestaciones, ha sido reprimir a quienes se manifiestan mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de internet, exilio forzado, criminalización, vigilancia física y digital, amenazas, imposición de multas, juicios sumarios y ordinarios sin garantías al debido proceso, etc.
Dos años después de las manifestaciones, las organizaciones firmantes advierten con preocupación que las prácticas represivas del gobierno cubano contra todos aquellos que son percibidos como disidentes se mantienen, y que defender los derechos en Cuba hoy sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Desde 2022, el gobierno cubano ha aprobado leyes como el nuevo Código Penal o la Ley de Comunicación Social que buscan cerrar aún más el espacio cívico en Cuba y criminalizar a quienes expresan su disconformidad. Estas disposiciones restringen de manera grave la libertad de expresión tanto en las calles como en internet, y limitan cada vez más la labor de periodistas, activistas, artistas, y escritores.
En mayo de 2023, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente una protesta pacífica en la localidad de Caimanera utilizando los mismos mecanismos represivos del 11J. Además, según cifras de la organización Justicia 11J, 782 personas detenidas arbitrariamente durante las manifestaciones de 2021 continúan en prisión. A muchas de ellas, entre quienes se encuentran artistas, periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, les ha sido denegado su derecho al debido proceso, no se les permite las visitas de sus familiares, o el acceso a cuidados médicos.
Por eso, pedimos de manera urgente a los Estados miembros de la Unión Europa y de la CELAC, consideren poner en la agenda las violaciones de Derechos Humanos en Cuba y respondan de manera proporcional a la magnitud de la crisis que vive el país. Les pedimos que exijan a las autoridades cubanas que cumplan con sus obligaciones de derecho internacional relativas a la observancia y respeto de los derechos humanos, sin discriminación alguna, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, aquellos estados deben exigir que se libere prontamente a todas las personas que se encuentran privadas de libertad de manera arbitraria con garantías de que no serán exiliados en contra de su voluntad.
Vemos en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC una oportunidad para que el liderazgo político de ambas regiones puedan escuchar a la sociedad civil cubana y tomen acciones concretas para que las autoridades cubanas dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos de las y los cubanos. Particularmente, los Estados latinoamericanos deberían aprovechar la presencia confirmada de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en la Cumbre, para solicitar las autorizaciones necesarias para que sus representantes diplomáticos puedan visitar, en privado, a las y los presos políticos.
Asimismo, extendemos este llamado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que sigan monitoreando y exigiendo el respeto de los derechos humanos en Cuba. Las organizaciones firmantes están convencidas de que la visibilidad internacional puede ser útil para salvaguardar la vida y los derechos de la sociedad civil cubana en estos tiempos tan difíciles.
Solicitamos a las autoridades de los estados miembros de la UE y de la CELAC que arbitren todas las medidas necesarias para:
● Instar al gobierno cubano que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, incluidos los casos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Felix Navarro, Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, Aymara Nieto, Sissi Abascal Zamora, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Félix Navarro, Saylí Navarro, al Pastor Lorenzo Rosales, y los artistas disidentes Richard Zamora Brito ‘El Radikal’, María Cristina Garrido Rodríguez, Randy Arteaga-Rivera y las Damas de Blanco detenidas;
● Promover a través de todos los mecanismos posibles para que se garantice el derecho humano a la participación política en condiciones de igualdad, de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
● Exhortar al Gobierno de Cuba que ponga fin al uso excesivo e injustificado de la fuerza y a las detenciones arbitrarias durante las protestas, y abstenerse de realizar cortes de internet que obstaculicen el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información;
● Trabajar en conjunto con el Gobierno de Cuba para establecer un marco legislativo nacional para salvaguardar el derecho a la protesta; paralelamente, que se supriman aquellas disposiciones del nuevo Código Penal redactadas de manera imprecisa o ambigua; aquellas que contengan medidas represivas de la libertad de expresión;
● Hacer hincapié en que el Gobierno de Cuba ponga fin a la vigilancia y las detenciones arbitrarias contra personas defensoras de los derechos humanos, activistas, artistas y periodistas, incluido el uso del arresto domiciliario contra voces disidentes;
● Solicitar al Gobierno de Cuba que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
● Hacer un llamamiento al Gobierno de Cuba para que permita el acceso de organizaciones de derechos humanos, para que puedan dar seguimiento y asistir como observadores a los juicios contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra personas detenidas durante las protestas;
● Recomendar al Gobierno de Cuba a cursar invitaciones a las relatorías especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y facilitar sus visitas para final de 2023;
● Urgir al Gobierno de Cuba a eliminar las restricciones de viaje, y garantizar el derecho a la movilidad y al retorno al país, permitiendo a los ciudadanos cubanos ejercer su derecho a circular libremente.
Firmantes:
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Artists At Risk Connection (ARC) - PEN America
CADAL
Civil Rights Defenders (CRD)
Cubalex
Democuba: Instituto Democrático para el Desarrollo en Cuba.
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humano (Raza e Igualdad)
Justicia 11J
Movimiento San Isidro
Observatorio de Libertad Académica (OLA)
Observatorio de Derechos Culturales (ODC)
Organización De Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre
PEN Internacional
Red de Líderes y Lideresas de Cuba - RELLIC
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