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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
13-02-2026Uganda: democracia solo de nombre
Cuando los ugandeses acudieron a las urnas el pasado 15 de enero, el resultado nunca estuvo en duda. Al comenzar la votación, los servicios de internet móvil se paralizaron, minimizando las posibilidades de monitoreo y asegurando al presidente Yoweri Museveni la consecución de un séptimo mandato consecutivo.
Por Inés Pousadela
Lejos de ofrecer una opción entre alternativas, la elección reforzó una de las presidencias más longevas del continente, confiriendo una apariencia de legitimidad democrática a un régimen que anuló toda competencia.
Cuatro décadas en el poder
Las cuatro décadas de Museveni en el poder comenzaron con su victoria en una guerra de guerrillas en 1986. Argumentando que era necesario para la reconstrucción nacional, instaló entonces un régimen de partido único que duró casi dos décadas. La Constitución de 1995 consagró la independencia del Parlamento y el poder judicial e introdujo un límite de dos mandatos presidenciales y un tope de 75 años de edad, pero mantuvo la prohibición de los partidos políticos.
En respuesta a las crecientes críticas al régimen de partido único, Museveni restableció el multipartidismo en 2005. Sin embargo, en el mismo acto orquestó una enmienda constitucional para eliminar los límites al número de mandatos. En 2017 abolió también el límite de edad, lo que le permitió hacerse con un sexto mandato en 2021.
Las campañas para las últimas elecciones se han caracterizado por una violencia estatal desembozada. La campaña de 2021 de Museveni contra el líder opositor Bobi Wine se caracterizó por la brutalidad: más de cien personas fueron asesinadas en protestas que estallaron en respuesta a la detención de Wine en noviembre de 2020. Otro líder de la oposición, Kizza Besigye, ha sido arrestado o detenido más de mil veces a lo largo de los años.
En 2024 Museveni ascendió a su hijo, Muhoozi Kainerugaba, a jefe de las Fuerzas de Defensa. Kainerugaba se ha jactado abiertamente en las redes sociales de haber torturado a opositores políticos. Es la más clara expresión de un régimen que ya no se molesta en ocultar su brutalidad. Su ascenso señala en dirección de una posible sucesión familiar.
Cierre del espacio cívico
Ante el desafío creíble que presentaba la oposición, las elecciones de este año requirieron algo más que un simple retoque constitucional: demandaron la restricción sistemática del espacio cívico. La disolución de USAID por parte de la administración Trump a principios de 2025 contribuyó a los planes de Museveni, ya que tuvo efectos catastróficos sobre la sociedad civil ugandesa. Casi todos los programas de buen gobierno y sociedad civil financiados por Estados Unidos fueron cancelados, desfinanciando a las redes de educación cívica que solían llegar a votantes primerizos y de sectores rurales. El vacío fue llenado por la propaganda estatal.
A ello siguió un ataque coordinado contra el disenso. Entre junio y octubre, numerosos activistas climáticos y ambientales detenidos vieron sus solicitudes de libertad bajo fianza repetidamente denegadas y debieron pasar meses en prisión por protestar pacíficamente contra el oleoducto de África Oriental. El brazo represivo del régimen se extendió más allá de las fronteras: en noviembre de 2024, Besigye fue secuestrado en Nairobi y apareció días después ante un tribunal militar en Kampala, acusado de delitos capitales pese a que el Tribunal Supremo había declarado inconstitucionales los juicios militares para civiles. Museveni simplemente legalizó esta práctica en junio de 2025.
La intimidación se intensificó a medida que se acercaban las elecciones. Las autoridades detuvieron a Sarah Bireete, directora ejecutiva del Centro para la Gobernanza Constitucional, sin orden judicial, y la mantuvieron detenida durante cuatro días, violando los límites constitucionales. En su discurso de Nochevieja, Museveni ordenó explícitamente a las fuerzas de seguridad que utilizaran más gas lacrimógeno contra los partidarios de la oposición, a quienes calificó de delincuentes. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, además de gas pimienta y violencia física, para dispersar las manifestaciones de la oposición. Cientos de simpatizantes de Wine fueron secuestrados o detenidos.
El gobierno desmanteló la infraestructura necesaria para el monitoreo independiente. Las autoridades suspendieron a cinco destacadas organizaciones de derechos humanos y, dos días antes de la elección, la Comisión de Comunicaciones de Uganda implementó un bloqueo de internet en todo el país, supuestamente para combatir la desinformación. El bloqueo aseguró que las irregularidades del día de las elecciones no fueran documentadas.
Irregularidades electorales y violencia
El día de las elecciones se vio plagado de fallos técnicos, pero Wine, nuevamente el principal rival, denunció también un fraude electoral generalizado y el secuestro de agentes electorales. El jefe de la Comisión Electoral admitió haber recibido advertencias privadas de altos funcionarios de gobierno para que no declarara ganadores a ciertos candidatos de la oposición.
Los observadores internacionales intentaron utilizar un lenguaje diplomático, señalando que el clima había sido “relativamente pacífico” en comparación con 2021, al tiempo que expresaron su profunda preocupación por el acoso, la intimidación y las detenciones documentadas. Asimismo, reconocieron que el bloqueo de internet les había impedido documentar las irregularidades.
La violencia postelectoral se cobró al menos 12 vidas. El incidente más letal se produjo en el distrito de Butambala, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a entre siete y diez simpatizantes de la oposición. Wine fue puesto bajo arresto domiciliario mientras el recuento se llevaba a cabo en condiciones opacas. Los resultados se anunciaron por regiones en lugar de por colegios electorales, lo que limitó la capacidad de los observadores para validarlos. Según el recuento oficial, Museveni ganó con alrededor de 71%, mientras que la cifra obtenida por Wine se redujo a 25%, diez puntos menos que en 2021. La participación se situó en apenas 52%, lo que significa que más de 10 millones de potenciales votantes se quedaron en su casa.
Ruptura generacional
La edad mediana de la población es de 17 años y el 78% de la población tiene menos de 35 años. La mayoría solo ha conocido a un presidente en toda su vida. Wine, un cantante de 44 años convertido en político cuya música reflejaba las frustraciones de la juventud ugandesa, hizo campaña con promesas de cambio. Pero ya ha sido derrotado dos veces en una competencia muy desigual.
La juventud ha buscado otras formas de hacer oír su voz. En 2024 salió a las calles para protestar contra la corrupción, pero fue repelida con violencia por las fuerzas de seguridad y padeció detenciones masivas.
Las vías de cambio parecen bloqueadas. La representación parlamentaria de la oposición es insuficiente para llevar a cabo una reforma significativa. La sociedad civil enfrenta leyes restrictivas y carece de apoyo internacional. Los socios internacionales de Uganda guardan silencio porque el país tiene un gran valor estratégico: proporciona tropas para operaciones regionales, acoge a dos millones de refugiados, facilita la actividad petrolera china y francesa y recientemente ha aceptado acoger a personas deportadas de los Estados Unidos.
Dada su avanzada edad, es poco probable que Museveni se presente a elecciones nuevamente en 2031. Pero en vistas de que la autoridad se encuentra cada vez más concentrada en un estrecho círculo íntimo de familiares, una eventual transferencia del poder a su hijo es más probable que una transición democrática. La mayoría joven de Uganda se enfrentará entonces a una difícil elección: aceptar un statu quo que no ofrece perspectivas o hacer frente a un aparato de seguridad que ha pasado años perfeccionando el uso de la violencia.
Inés PousadelaVicepresidentaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.
Lejos de ofrecer una opción entre alternativas, la elección reforzó una de las presidencias más longevas del continente, confiriendo una apariencia de legitimidad democrática a un régimen que anuló toda competencia.
Cuatro décadas en el poder
Las cuatro décadas de Museveni en el poder comenzaron con su victoria en una guerra de guerrillas en 1986. Argumentando que era necesario para la reconstrucción nacional, instaló entonces un régimen de partido único que duró casi dos décadas. La Constitución de 1995 consagró la independencia del Parlamento y el poder judicial e introdujo un límite de dos mandatos presidenciales y un tope de 75 años de edad, pero mantuvo la prohibición de los partidos políticos.
En respuesta a las crecientes críticas al régimen de partido único, Museveni restableció el multipartidismo en 2005. Sin embargo, en el mismo acto orquestó una enmienda constitucional para eliminar los límites al número de mandatos. En 2017 abolió también el límite de edad, lo que le permitió hacerse con un sexto mandato en 2021.
Las campañas para las últimas elecciones se han caracterizado por una violencia estatal desembozada. La campaña de 2021 de Museveni contra el líder opositor Bobi Wine se caracterizó por la brutalidad: más de cien personas fueron asesinadas en protestas que estallaron en respuesta a la detención de Wine en noviembre de 2020. Otro líder de la oposición, Kizza Besigye, ha sido arrestado o detenido más de mil veces a lo largo de los años.
En 2024 Museveni ascendió a su hijo, Muhoozi Kainerugaba, a jefe de las Fuerzas de Defensa. Kainerugaba se ha jactado abiertamente en las redes sociales de haber torturado a opositores políticos. Es la más clara expresión de un régimen que ya no se molesta en ocultar su brutalidad. Su ascenso señala en dirección de una posible sucesión familiar.
Cierre del espacio cívico
Ante el desafío creíble que presentaba la oposición, las elecciones de este año requirieron algo más que un simple retoque constitucional: demandaron la restricción sistemática del espacio cívico. La disolución de USAID por parte de la administración Trump a principios de 2025 contribuyó a los planes de Museveni, ya que tuvo efectos catastróficos sobre la sociedad civil ugandesa. Casi todos los programas de buen gobierno y sociedad civil financiados por Estados Unidos fueron cancelados, desfinanciando a las redes de educación cívica que solían llegar a votantes primerizos y de sectores rurales. El vacío fue llenado por la propaganda estatal.
A ello siguió un ataque coordinado contra el disenso. Entre junio y octubre, numerosos activistas climáticos y ambientales detenidos vieron sus solicitudes de libertad bajo fianza repetidamente denegadas y debieron pasar meses en prisión por protestar pacíficamente contra el oleoducto de África Oriental. El brazo represivo del régimen se extendió más allá de las fronteras: en noviembre de 2024, Besigye fue secuestrado en Nairobi y apareció días después ante un tribunal militar en Kampala, acusado de delitos capitales pese a que el Tribunal Supremo había declarado inconstitucionales los juicios militares para civiles. Museveni simplemente legalizó esta práctica en junio de 2025.
La intimidación se intensificó a medida que se acercaban las elecciones. Las autoridades detuvieron a Sarah Bireete, directora ejecutiva del Centro para la Gobernanza Constitucional, sin orden judicial, y la mantuvieron detenida durante cuatro días, violando los límites constitucionales. En su discurso de Nochevieja, Museveni ordenó explícitamente a las fuerzas de seguridad que utilizaran más gas lacrimógeno contra los partidarios de la oposición, a quienes calificó de delincuentes. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, además de gas pimienta y violencia física, para dispersar las manifestaciones de la oposición. Cientos de simpatizantes de Wine fueron secuestrados o detenidos.
El gobierno desmanteló la infraestructura necesaria para el monitoreo independiente. Las autoridades suspendieron a cinco destacadas organizaciones de derechos humanos y, dos días antes de la elección, la Comisión de Comunicaciones de Uganda implementó un bloqueo de internet en todo el país, supuestamente para combatir la desinformación. El bloqueo aseguró que las irregularidades del día de las elecciones no fueran documentadas.
Irregularidades electorales y violencia
El día de las elecciones se vio plagado de fallos técnicos, pero Wine, nuevamente el principal rival, denunció también un fraude electoral generalizado y el secuestro de agentes electorales. El jefe de la Comisión Electoral admitió haber recibido advertencias privadas de altos funcionarios de gobierno para que no declarara ganadores a ciertos candidatos de la oposición.
Los observadores internacionales intentaron utilizar un lenguaje diplomático, señalando que el clima había sido “relativamente pacífico” en comparación con 2021, al tiempo que expresaron su profunda preocupación por el acoso, la intimidación y las detenciones documentadas. Asimismo, reconocieron que el bloqueo de internet les había impedido documentar las irregularidades.
La violencia postelectoral se cobró al menos 12 vidas. El incidente más letal se produjo en el distrito de Butambala, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a entre siete y diez simpatizantes de la oposición. Wine fue puesto bajo arresto domiciliario mientras el recuento se llevaba a cabo en condiciones opacas. Los resultados se anunciaron por regiones en lugar de por colegios electorales, lo que limitó la capacidad de los observadores para validarlos. Según el recuento oficial, Museveni ganó con alrededor de 71%, mientras que la cifra obtenida por Wine se redujo a 25%, diez puntos menos que en 2021. La participación se situó en apenas 52%, lo que significa que más de 10 millones de potenciales votantes se quedaron en su casa.
Ruptura generacional
La edad mediana de la población es de 17 años y el 78% de la población tiene menos de 35 años. La mayoría solo ha conocido a un presidente en toda su vida. Wine, un cantante de 44 años convertido en político cuya música reflejaba las frustraciones de la juventud ugandesa, hizo campaña con promesas de cambio. Pero ya ha sido derrotado dos veces en una competencia muy desigual.
La juventud ha buscado otras formas de hacer oír su voz. En 2024 salió a las calles para protestar contra la corrupción, pero fue repelida con violencia por las fuerzas de seguridad y padeció detenciones masivas.
Las vías de cambio parecen bloqueadas. La representación parlamentaria de la oposición es insuficiente para llevar a cabo una reforma significativa. La sociedad civil enfrenta leyes restrictivas y carece de apoyo internacional. Los socios internacionales de Uganda guardan silencio porque el país tiene un gran valor estratégico: proporciona tropas para operaciones regionales, acoge a dos millones de refugiados, facilita la actividad petrolera china y francesa y recientemente ha aceptado acoger a personas deportadas de los Estados Unidos.
Dada su avanzada edad, es poco probable que Museveni se presente a elecciones nuevamente en 2031. Pero en vistas de que la autoridad se encuentra cada vez más concentrada en un estrecho círculo íntimo de familiares, una eventual transferencia del poder a su hijo es más probable que una transición democrática. La mayoría joven de Uganda se enfrentará entonces a una difícil elección: aceptar un statu quo que no ofrece perspectivas o hacer frente a un aparato de seguridad que ha pasado años perfeccionando el uso de la violencia.
