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Monitoreo de la gobernabilidad democrática
29-06-2026Auge y ocaso de Bolivia en el BTI: señales de agotamiento de un modelo neoextractivista
El BTI 2026 certifica el agotamiento de un modelo, no documenta una crisis coyuntural. Existe una asimetría fundamental entre lo que ese ciclo dejó y lo que se llevó: se subordinaron instituciones, territorios y ciudadanía a un modelo de financiamiento estatal efímero por definición. El deterioro institucional acumulado no tiene la misma reversibilidad que el ciclo económico que lo generó. Mientras una recuperación de los precios de los commodities puede reactivarse en meses, reconstruir la independencia judicial, la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones requiere décadas.
Por Clara Wolmy
Bolivia constituye uno de los casos más emblemáticos del denominado “giro a la izquierda” latinoamericano en el siglo XXI. La llegada de Evo Morales al poder en 2006, bajo la conducción del Movimiento al Socialismo (MAS), inauguró un periodo definido por la soberanía sobre los recursos naturales, la redistribución de la renta y una reconfiguración constitucional orientada a la conformación de un Estado Plurinacional.
Siguiendo la evolución de los informes del Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2006-2026, se observa en el caso particular de Bolivia un recorrido de notable sinuosidad cuyo cenit se sitúa en el año 2014, con el pico del crecimiento y la redistribución, y su punto de inflexión descendente más pronunciado corresponde al informe de 2026, expresión del agotamiento estructural del modelo. Los puntos de inflexión, las aceleraciones y los colapsos que marcan esa trayectoria, responden a una lógica que trasciende las crisis coyunturales y que este artículo propone identificar y explicar: la lógica del neoextractivismo progresista como modelo de desarrollo, de acumulación y de legitimación política.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es un índice comparativo elaborado cada dos años por la Fundación Bertelsmann. Su metodología combina indicadores cuantitativos con evaluaciones cualitativas realizadas por expertos regionales. El BTI mide tres dimensiones principales en 137 países: la Transformación Política, la Transformación Económica y el Índice de Gobernanza, todas expresadas en una escala de 1 a 10. El Atlas del BTI permite visualizar la evolución temporal de cada país.
Este artículo presenta una lectura estructural y transversal de los datos del BTI para Bolivia entre 2006 y 2026, articulada bajo el marco teórico del neoextractivismo. La metodología empleada es mixta. En primer lugar, se analiza información cuantitativa y las puntuaciones del BTI en torno a las transformaciones democráticas, económicas y de gobernanza de Bolivia. La dimensión cualitativa articula esos datos con el marco teórico del neoextractivismo progresista, fundamentalmente a partir de Eduardo Gudynas y de Maristella Svampa y su conceptualización del «Consenso de los Commodities» (2013).
En este marco, el artículo sostiene como hipótesis central que el deterioro en la dimensión económica (vinculado a los límites estructurales del modelo neoextractivista) tiende a arrastrar, de manera progresiva, a las dimensiones institucionales y democráticas, afectando tanto la calidad de la gobernanza como los mecanismos de rendición de cuentas.
A efectos analíticos, el trabajo se organiza en cinco bloques: un primer bloque donde se presenta teoría y metodología del artículo, luego se comienza con el análisis del período de expansión y consolidación del modelo (2006-2013), un momento de inflexión y tensiones crecientes (2014-2019), una fase caracterizada por crisis política y reconfiguración institucional (2020-2025) y, por último, las conclusiones.
Del extractivismo clásico al neoextractivismo progresista: contexto y marco conceptual
El punto de partida conceptual es el “neoextractivismo”, término desarrollado por Eduardo Gudynas (2009) para caracterizar el giro que el extractivismo experimentó bajo los gobiernos progresistas latinoamericanos (la llamada “marea rosada”) durante la primera década del siglo XXI. Gudynas define el extractivismo como aquellas actividades orientadas a la extracción masiva de recursos naturales que se exportan con escaso o nulo valor agregado. Lo que el neoextractivismo cambia respecto de su versión clásica es quién capta la renta y cómo se redistribuye. El Estado asume un rol más activo y financia programas sociales que le procuran legitimación política. Lo que no varía es la lógica productiva:
“Bajo este nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos.” (Gudynas, 2009, p. 194)
Este fenómeno no fue, empero, exclusivo de Bolivia ni producto de decisiones aisladas. Respondió a un ciclo histórico regional que Maristella Svampa (2013) conceptualiza como “Consenso de los Commodities”. Con ese término, Svampa alude a la transición de América Latina desde el Consenso de Washington hacia un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y la demanda creciente de China y otras potencias emergentes. La consecuencia ideológica más profunda de ese ciclo fue hacer del extractivismo un dogma de desarrollo políticamente intocable. Al convertirse en la condición material del crecimiento y la redistribución, cuestionar el modelo implicaba cuestionar los logros sociales que financiaba. Svampa denomina a ese efecto “ideología de la resignación”: la instalación progresiva de la idea de que no existen alternativas, de que quien las propone es antimoderno, irracional o funcional a intereses externos.
La ilusión del progreso (2006-2013)
Antes de analizar el período de Morales, conviene señalar que Bolivia no partía de una democracia sólida. Según el BTI 2008 (periodo 2006-2007), el país ya presentaba un Estado de derecho débil (5,8 puntos) y una separación de poderes precaria, catalogándose como una democracia defectuosa.
Bolivia llegó al ciclo neoextractivista cargando con una herencia pesada: dos décadas de ajuste estructural neoliberal habían dejado un Estado con capacidad fiscal minúscula y una deuda social acumulada enorme.
En ese contexto, la renta no solo fue una opción de política económica, como describe Gudynas (2009), significó un atajo de financiamiento estatal de una velocidad y magnitud que ninguna reforma tributaria podría replicar en el corto plazo. Luego de la nacionalización de hidrocarburos de mayo de 2006, acompañada de un aumento considerable en el precio promedio del gas natural exportado por Bolivia, las exportaciones de gas natural se multiplicaron por ocho, pasando de USD 815 millones a USD 6.595 millones, haciendo posible una expansión sin precedentes del gasto social. La pobreza extrema, que alcanzaba el 38,2% en 2005, registró una caída sostenida durante esta primera etapa, registrando una reducción de 18,18% para 2013; el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mejoró sostenidamente hasta ubicar a Bolivia en la categoría de “desarrollo humano alto”. El BTI vislumbra este impulso en la Transformación Económica, que ascendió de 5,4 en 2006 a 5,9 en 2016, el Índice de Gobernanza de 5,3 a 5,6, y la Transformación Política de 6,8 a 7,3.
La interconexión entre las tres dimensiones no era casual, sino constitutiva del modelo. La renta extractivista financiaba lo que Gudynas (2012) denomina el “Estado compensador”: un Estado que redistribuye excedentes extractivos en forma de compensaciones monetarias (en este caso el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy, todos financiados directamente mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos), logrando equilibrios políticos dinámicos, pero estructuralmente frágiles. En términos de gobernanza, esa redistribución se tradujo en una mejora real de la capacidad directiva, que ascendió de 5,33 en el BTI 2006 (cubriendo el período 2004-2005) a 7,0 en el BTI 2016 (2014-2015). Era un modelo que se sostenía sobre una promesa que el precio del gas renovaba cada año. Esa legitimidad era genuina, el MAS ganaba elecciones con amplias mayorías y la Transformación Política trepó a su pico histórico de 7,30 ese mismo informe.
Cuando las grietas se hicieron visibles (2014-2019)
Sin embargo, lo que ese ascenso no revelaba era a qué se había renunciado para sostenerlo. En primer lugar, una renuncia categórica a la diversificación productiva. Svampa (2013) lo describe como “reprimarización”: la reorientación de la economía hacia actividades primario-extractivas con escaso valor agregado, que condenaba al modelo a una dependencia estructural desde su origen. Ya en 2009, el 91,9% de las exportaciones bolivianas correspondía a bienes primarios (46,1% hidrocarburos y 24,8% minerales), la mayor concentración de toda América del Sur (CEPAL, 2009 citado en Gudynas, 2009).
La segunda renuncia fue a la autonomía frente al ciclo de precios internacionales. Como señala Gudynas, bajo el neoextractivismo los países siguen siendo tomadores de precio, de modo que su capacidad fiscal depende enteramente de decisiones que se toman en mercados que no gobiernan. Ambas renuncias constituyen las vulnerabilidades estructurales que el ciclo descendente de los commodities terminaría por exponer.
El precio del gas boliviano, indexado al petróleo, se desplomó más de un 55% entre 2014 y 2015. Esto conllevó, en 2015, la reaparición de los déficits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) por primera vez en una década, y la Transformación Económica registró su primera inflexión descendente: de 5,9 en el informe del BTI 2016 a 5,7 en el de 2018 y 5,6 en el de 2020. El criterio de estabilidad monetaria y fiscal, que había alcanzado 8,5 en el apogeo de la venta de hidrocarburos, comenzó su caída. Ante la disminución de la renta extractivista, el gobierno optó por recurrir a la deuda externa y a la emisión monetaria para sostener el gasto social, sembrando presiones inflacionarias que no hicieron más que agravarse. El “Estado compensador” se quedaba sin renta para compensar, y eso no era un problema económico aislado, la misma renta que impulsaba la economía y financiaba la gobernanza redistributiva sostenía también la legitimidad democrática del régimen. Cuando la primera comenzó a declinar, las demás dimensiones la siguieron en esa trayectoria.
La pregunta es por qué el deterioro económico arrastró a la dimensión institucional. La respuesta reside en que ambas dimensiones estaban estructuralmente articuladas desde el origen: el modelo neoextractivista no se implementa sobre cualquier arquitectura institucional, requiere activamente cierto tipo de democracia para operar. Como plantea Gudynas (2015):
“Los extractivismos requieren variedades de democracia que les aseguren estabilidad en el acceso a los recursos naturales, distintas formas de protección estatal a sus inversiones, y una imagen de corrección política. Las democracias delegativas, en particular, se articulan cómodamente con un capitalismo benévolo, desde el papel de los líderes carismáticos y bondadosos que ayudan a los más pobres” (Gudynas, 2015, cap. 10).
Fue en ese momento de fragilidad económica cuando la estructura delegativa latente desde el inicio del ciclo dejó de poder ocultarse detrás de la legitimidad de la renta. El modelo, desde sus orígenes, demandó controles horizontales permeables para funcionar: que los contratos extractivos pudieran aprobarse con rapidez, que las concesiones territoriales no encontraran revisión judicial efectiva, que los reclamos de las comunidades afectadas pudieran ignorarse sin costo político. Mientras la renta fluía, esa permeabilidad pasaba inadvertida. Si bien, entre 2016 y 2019 la dimensión política se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 7,30 y 7,20, el deterioro se vio plasmado en los criterios que la integran y analizan el control horizontal.
El episodio más paradigmático en torno a los controles horizontales puede apreciarse en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017 que habilitó la reelección indefinida de Morales pese al resultado del referéndum del 21F de 2016, donde el 51,3% de los votantes la había rechazado. Un poder judicial subordinado al Ejecutivo convirtió la voluntad ciudadana en un obstáculo eludible. El BTI lo certifica. El poder efectivo del Ejecutivo alcanzó su máximo histórico de 9 en el informe de 2016 (cubriendo 2013-2015) y se mantuvo en ese mismo valor hasta el fin de este segundo período analizado; la independencia judicial cayó a 5 en el BTI 2018 y se sostuvo hasta el informe de 2020 (periodo 2017-2019). En general, el criterio Estado de derecho descendió de 6,0 a 5,3 en ese lapso. La separación de poderes que se había sostenido en 7 (2011-2017), registró también su declive en el informe 2020.
En términos de rendición de cuentas vertical (los mecanismos que limitan al Ejecutivo desde la ciudadanía), el cuadro es más complejo. Sin embargo, el propio BTI reconoce que Bolivia contó históricamente con organizaciones sociales de real capacidad de presión. Lo que el modelo fue produciendo fue su cooptación progresiva: las mismas estructuras que articularon demandas populares pasaron a funcionar como mecanismos de legitimación del gobierno. El caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) en 2011 ilustra ese proceso. En 2011, comunidades indígenas aliadas fundantes del MAS marcharon 600 kilómetros hasta La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que atravesaría dicho territorio, habilitando el avance extractivista sobre su territorio. La marcha fue violentamente reprimida en Chaparina, mientras organizaciones afines al gobierno respaldaban públicamente la decisión. Los más afectados fueron, en todos los casos, los grupos indígenas y las comunidades campesinas, para quienes la subordinación de los derechos territoriales y ambientales era una realidad cotidiana y no una abstracción.
El BTI lo confirma no con un deterioro lineal sino con una oscilación que replica el ciclo de la renta. La gestión del conflicto bajó a 4 puntos durante el conflicto del TIPNIS (BTI 2010-2012), subió a 7 en el pico de la bonanza (BTI 2016) y volvió a caer a 6 en el BTI 2018, donde se estabilizó. La consulta pública siguió la misma lógica.
El Ocaso (2020-2025)
Luis Arce asumió en noviembre de 2020 con el 55% de los votos, una victoria que parecía la recuperación del proyecto del MAS tras el interregno de Áñez. Las reservas internacionales que en 2014 alcanzaron USD 15.122,8 millones habían caído a USD 5.275,9 millones al cierre de 2020, cuando Arce tomó posesión en noviembre de ese año, y la producción de gas continuaba su declive sin que ninguna alternativa productiva estuviera lista para reemplazarla. La Transformación Económica, que se había mantenido en 5,6 en el informe de 2020, se desplomó a 5,3 en 2022, 5,1 en 2024 y 4,6 en 2026: su valor más bajo en toda la historia del índice para Bolivia, categorizado por primera vez como “economía muy limitada”. El criterio de desempeño económico cayó de 7 a 4, y la organización del mercado, que había permanecido estable en 7,0 durante toda la serie, cedió finalmente a 6,0 en el informe de 2026. La escasez de divisas y combustible paralizó sectores enteros de la economía en 2023-2024.
Sin renta para compensar, el Estado compensador perdió tanto su capacidad redistributiva como su capacidad de gobernanza. El Índice de Gobernanza cayó de 5,5 en el informe de 2022 a 4,6 en el de 2026, su mínimo histórico. La capacidad directiva se desplomó de 6,3 en 2022 a 4,3 en 2026, y la eficiencia en el uso de recursos cayó a 3,7. La fractura entre las facciones de Arce y Morales (dos expresiones del MAS enfrentadas en los tribunales, bloqueando nombramientos y paralizando el legislativo) completó el cuadro. Una organización política construida sobre el liderazgo carismático de un solo hombre y la renta de los hidrocarburos no tenía mecanismos institucionales propios para procesar su crisis cuando ambos pilares fallaron simultáneamente.
La Transformación Política cayó a 6,6 en el BTI 2026. La separación de poderes colapsó a 4, la independencia judicial a 4, y el Estado de derecho a 4,8, todos mínimos históricos. El intento de golpe de Estado del general Juan José Zúñiga el 26 de junio de 2024 fue la expresión más dramática del deterioro institucional. En este sentido, los tanques en la Plaza Murillo que intentaron derribar las puertas del Palacio de Gobierno dieron una clara señal de que un Estado que había gobernado durante dos décadas mediante compensaciones económicas, y que ya no podía compensar, tampoco podía garantizar el orden institucional básico.
Conclusión
Como se analizó, el BTI 2026 certifica el agotamiento de un modelo, no documenta una crisis coyuntural. Existe una asimetría fundamental entre lo que ese ciclo dejó y lo que se llevó: se subordinaron instituciones, territorios y ciudadanía a un modelo de financiamiento estatal efímero por definición. El deterioro institucional acumulado no tiene la misma reversibilidad que el ciclo económico que lo generó. Mientras una recuperación de los precios de los commodities puede reactivarse en meses, reconstruir la independencia judicial, la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones requiere décadas.
Human Rights Watch documentó de forma consistente que el sistema judicial boliviano fue instrumentalizado según los intereses del poder político en turno, que los pueblos indígenas no contaron con procesos reales de consulta previa frente a proyectos extractivos, y que los defensores de territorio y medioambiente fueron sistemáticamente hostigados y atacados sin protección estatal.
Lo más paradójico, como señala Gudynas, es que el neoextractivismo progresista no rompió con la herencia extractivista, más bien la reformuló en sus propios términos, erosionando en el proceso los espacios políticos desde los que podría haberse construido una alternativa e imposibilitando la imaginación de otros horizontes de desarrollo.
La nueva gestión de gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre del año pasado, aún no ha podido encontrar una alternativa al agotamiento del modelo. Sin renta para sostener el Estado compensador, el ajuste fiscal y el desabastecimiento de combustible alimentaron demandas salariales y sectoriales que, en mayo de 2026, derivaron en semanas de bloqueos y protestas masivas. En un escenario en donde ya está latente el reclamo por la renuncia del presidente, la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de mayo y el 15 de junio de 2026, registró al menos catorce muertos.
Clara WolmyEstudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta y voluntaria de CADAL.
Bolivia constituye uno de los casos más emblemáticos del denominado “giro a la izquierda” latinoamericano en el siglo XXI. La llegada de Evo Morales al poder en 2006, bajo la conducción del Movimiento al Socialismo (MAS), inauguró un periodo definido por la soberanía sobre los recursos naturales, la redistribución de la renta y una reconfiguración constitucional orientada a la conformación de un Estado Plurinacional.
Siguiendo la evolución de los informes del Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2006-2026, se observa en el caso particular de Bolivia un recorrido de notable sinuosidad cuyo cenit se sitúa en el año 2014, con el pico del crecimiento y la redistribución, y su punto de inflexión descendente más pronunciado corresponde al informe de 2026, expresión del agotamiento estructural del modelo. Los puntos de inflexión, las aceleraciones y los colapsos que marcan esa trayectoria, responden a una lógica que trasciende las crisis coyunturales y que este artículo propone identificar y explicar: la lógica del neoextractivismo progresista como modelo de desarrollo, de acumulación y de legitimación política.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es un índice comparativo elaborado cada dos años por la Fundación Bertelsmann. Su metodología combina indicadores cuantitativos con evaluaciones cualitativas realizadas por expertos regionales. El BTI mide tres dimensiones principales en 137 países: la Transformación Política, la Transformación Económica y el Índice de Gobernanza, todas expresadas en una escala de 1 a 10. El Atlas del BTI permite visualizar la evolución temporal de cada país.
Este artículo presenta una lectura estructural y transversal de los datos del BTI para Bolivia entre 2006 y 2026, articulada bajo el marco teórico del neoextractivismo. La metodología empleada es mixta. En primer lugar, se analiza información cuantitativa y las puntuaciones del BTI en torno a las transformaciones democráticas, económicas y de gobernanza de Bolivia. La dimensión cualitativa articula esos datos con el marco teórico del neoextractivismo progresista, fundamentalmente a partir de Eduardo Gudynas y de Maristella Svampa y su conceptualización del «Consenso de los Commodities» (2013).
En este marco, el artículo sostiene como hipótesis central que el deterioro en la dimensión económica (vinculado a los límites estructurales del modelo neoextractivista) tiende a arrastrar, de manera progresiva, a las dimensiones institucionales y democráticas, afectando tanto la calidad de la gobernanza como los mecanismos de rendición de cuentas.
A efectos analíticos, el trabajo se organiza en cinco bloques: un primer bloque donde se presenta teoría y metodología del artículo, luego se comienza con el análisis del período de expansión y consolidación del modelo (2006-2013), un momento de inflexión y tensiones crecientes (2014-2019), una fase caracterizada por crisis política y reconfiguración institucional (2020-2025) y, por último, las conclusiones.
Del extractivismo clásico al neoextractivismo progresista: contexto y marco conceptual
El punto de partida conceptual es el “neoextractivismo”, término desarrollado por Eduardo Gudynas (2009) para caracterizar el giro que el extractivismo experimentó bajo los gobiernos progresistas latinoamericanos (la llamada “marea rosada”) durante la primera década del siglo XXI. Gudynas define el extractivismo como aquellas actividades orientadas a la extracción masiva de recursos naturales que se exportan con escaso o nulo valor agregado. Lo que el neoextractivismo cambia respecto de su versión clásica es quién capta la renta y cómo se redistribuye. El Estado asume un rol más activo y financia programas sociales que le procuran legitimación política. Lo que no varía es la lógica productiva:
“Bajo este nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la Naturaleza, que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas, y que si bien el Estado juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos.” (Gudynas, 2009, p. 194)
Este fenómeno no fue, empero, exclusivo de Bolivia ni producto de decisiones aisladas. Respondió a un ciclo histórico regional que Maristella Svampa (2013) conceptualiza como “Consenso de los Commodities”. Con ese término, Svampa alude a la transición de América Latina desde el Consenso de Washington hacia un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y la demanda creciente de China y otras potencias emergentes. La consecuencia ideológica más profunda de ese ciclo fue hacer del extractivismo un dogma de desarrollo políticamente intocable. Al convertirse en la condición material del crecimiento y la redistribución, cuestionar el modelo implicaba cuestionar los logros sociales que financiaba. Svampa denomina a ese efecto “ideología de la resignación”: la instalación progresiva de la idea de que no existen alternativas, de que quien las propone es antimoderno, irracional o funcional a intereses externos.
La ilusión del progreso (2006-2013)
Antes de analizar el período de Morales, conviene señalar que Bolivia no partía de una democracia sólida. Según el BTI 2008 (periodo 2006-2007), el país ya presentaba un Estado de derecho débil (5,8 puntos) y una separación de poderes precaria, catalogándose como una democracia defectuosa.
Bolivia llegó al ciclo neoextractivista cargando con una herencia pesada: dos décadas de ajuste estructural neoliberal habían dejado un Estado con capacidad fiscal minúscula y una deuda social acumulada enorme.
En ese contexto, la renta no solo fue una opción de política económica, como describe Gudynas (2009), significó un atajo de financiamiento estatal de una velocidad y magnitud que ninguna reforma tributaria podría replicar en el corto plazo. Luego de la nacionalización de hidrocarburos de mayo de 2006, acompañada de un aumento considerable en el precio promedio del gas natural exportado por Bolivia, las exportaciones de gas natural se multiplicaron por ocho, pasando de USD 815 millones a USD 6.595 millones, haciendo posible una expansión sin precedentes del gasto social. La pobreza extrema, que alcanzaba el 38,2% en 2005, registró una caída sostenida durante esta primera etapa, registrando una reducción de 18,18% para 2013; el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mejoró sostenidamente hasta ubicar a Bolivia en la categoría de “desarrollo humano alto”. El BTI vislumbra este impulso en la Transformación Económica, que ascendió de 5,4 en 2006 a 5,9 en 2016, el Índice de Gobernanza de 5,3 a 5,6, y la Transformación Política de 6,8 a 7,3.
La interconexión entre las tres dimensiones no era casual, sino constitutiva del modelo. La renta extractivista financiaba lo que Gudynas (2012) denomina el “Estado compensador”: un Estado que redistribuye excedentes extractivos en forma de compensaciones monetarias (en este caso el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy, todos financiados directamente mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos), logrando equilibrios políticos dinámicos, pero estructuralmente frágiles. En términos de gobernanza, esa redistribución se tradujo en una mejora real de la capacidad directiva, que ascendió de 5,33 en el BTI 2006 (cubriendo el período 2004-2005) a 7,0 en el BTI 2016 (2014-2015). Era un modelo que se sostenía sobre una promesa que el precio del gas renovaba cada año. Esa legitimidad era genuina, el MAS ganaba elecciones con amplias mayorías y la Transformación Política trepó a su pico histórico de 7,30 ese mismo informe.
Cuando las grietas se hicieron visibles (2014-2019)
Sin embargo, lo que ese ascenso no revelaba era a qué se había renunciado para sostenerlo. En primer lugar, una renuncia categórica a la diversificación productiva. Svampa (2013) lo describe como “reprimarización”: la reorientación de la economía hacia actividades primario-extractivas con escaso valor agregado, que condenaba al modelo a una dependencia estructural desde su origen. Ya en 2009, el 91,9% de las exportaciones bolivianas correspondía a bienes primarios (46,1% hidrocarburos y 24,8% minerales), la mayor concentración de toda América del Sur (CEPAL, 2009 citado en Gudynas, 2009).
La segunda renuncia fue a la autonomía frente al ciclo de precios internacionales. Como señala Gudynas, bajo el neoextractivismo los países siguen siendo tomadores de precio, de modo que su capacidad fiscal depende enteramente de decisiones que se toman en mercados que no gobiernan. Ambas renuncias constituyen las vulnerabilidades estructurales que el ciclo descendente de los commodities terminaría por exponer.
El precio del gas boliviano, indexado al petróleo, se desplomó más de un 55% entre 2014 y 2015. Esto conllevó, en 2015, la reaparición de los déficits gemelos (fiscal y de cuenta corriente) por primera vez en una década, y la Transformación Económica registró su primera inflexión descendente: de 5,9 en el informe del BTI 2016 a 5,7 en el de 2018 y 5,6 en el de 2020. El criterio de estabilidad monetaria y fiscal, que había alcanzado 8,5 en el apogeo de la venta de hidrocarburos, comenzó su caída. Ante la disminución de la renta extractivista, el gobierno optó por recurrir a la deuda externa y a la emisión monetaria para sostener el gasto social, sembrando presiones inflacionarias que no hicieron más que agravarse. El “Estado compensador” se quedaba sin renta para compensar, y eso no era un problema económico aislado, la misma renta que impulsaba la economía y financiaba la gobernanza redistributiva sostenía también la legitimidad democrática del régimen. Cuando la primera comenzó a declinar, las demás dimensiones la siguieron en esa trayectoria.
La pregunta es por qué el deterioro económico arrastró a la dimensión institucional. La respuesta reside en que ambas dimensiones estaban estructuralmente articuladas desde el origen: el modelo neoextractivista no se implementa sobre cualquier arquitectura institucional, requiere activamente cierto tipo de democracia para operar. Como plantea Gudynas (2015):
“Los extractivismos requieren variedades de democracia que les aseguren estabilidad en el acceso a los recursos naturales, distintas formas de protección estatal a sus inversiones, y una imagen de corrección política. Las democracias delegativas, en particular, se articulan cómodamente con un capitalismo benévolo, desde el papel de los líderes carismáticos y bondadosos que ayudan a los más pobres” (Gudynas, 2015, cap. 10).
Fue en ese momento de fragilidad económica cuando la estructura delegativa latente desde el inicio del ciclo dejó de poder ocultarse detrás de la legitimidad de la renta. El modelo, desde sus orígenes, demandó controles horizontales permeables para funcionar: que los contratos extractivos pudieran aprobarse con rapidez, que las concesiones territoriales no encontraran revisión judicial efectiva, que los reclamos de las comunidades afectadas pudieran ignorarse sin costo político. Mientras la renta fluía, esa permeabilidad pasaba inadvertida. Si bien, entre 2016 y 2019 la dimensión política se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 7,30 y 7,20, el deterioro se vio plasmado en los criterios que la integran y analizan el control horizontal.
El episodio más paradigmático en torno a los controles horizontales puede apreciarse en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017 que habilitó la reelección indefinida de Morales pese al resultado del referéndum del 21F de 2016, donde el 51,3% de los votantes la había rechazado. Un poder judicial subordinado al Ejecutivo convirtió la voluntad ciudadana en un obstáculo eludible. El BTI lo certifica. El poder efectivo del Ejecutivo alcanzó su máximo histórico de 9 en el informe de 2016 (cubriendo 2013-2015) y se mantuvo en ese mismo valor hasta el fin de este segundo período analizado; la independencia judicial cayó a 5 en el BTI 2018 y se sostuvo hasta el informe de 2020 (periodo 2017-2019). En general, el criterio Estado de derecho descendió de 6,0 a 5,3 en ese lapso. La separación de poderes que se había sostenido en 7 (2011-2017), registró también su declive en el informe 2020.
En términos de rendición de cuentas vertical (los mecanismos que limitan al Ejecutivo desde la ciudadanía), el cuadro es más complejo. Sin embargo, el propio BTI reconoce que Bolivia contó históricamente con organizaciones sociales de real capacidad de presión. Lo que el modelo fue produciendo fue su cooptación progresiva: las mismas estructuras que articularon demandas populares pasaron a funcionar como mecanismos de legitimación del gobierno. El caso del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) en 2011 ilustra ese proceso. En 2011, comunidades indígenas aliadas fundantes del MAS marcharon 600 kilómetros hasta La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que atravesaría dicho territorio, habilitando el avance extractivista sobre su territorio. La marcha fue violentamente reprimida en Chaparina, mientras organizaciones afines al gobierno respaldaban públicamente la decisión. Los más afectados fueron, en todos los casos, los grupos indígenas y las comunidades campesinas, para quienes la subordinación de los derechos territoriales y ambientales era una realidad cotidiana y no una abstracción.
El BTI lo confirma no con un deterioro lineal sino con una oscilación que replica el ciclo de la renta. La gestión del conflicto bajó a 4 puntos durante el conflicto del TIPNIS (BTI 2010-2012), subió a 7 en el pico de la bonanza (BTI 2016) y volvió a caer a 6 en el BTI 2018, donde se estabilizó. La consulta pública siguió la misma lógica.
El Ocaso (2020-2025)
Luis Arce asumió en noviembre de 2020 con el 55% de los votos, una victoria que parecía la recuperación del proyecto del MAS tras el interregno de Áñez. Las reservas internacionales que en 2014 alcanzaron USD 15.122,8 millones habían caído a USD 5.275,9 millones al cierre de 2020, cuando Arce tomó posesión en noviembre de ese año, y la producción de gas continuaba su declive sin que ninguna alternativa productiva estuviera lista para reemplazarla. La Transformación Económica, que se había mantenido en 5,6 en el informe de 2020, se desplomó a 5,3 en 2022, 5,1 en 2024 y 4,6 en 2026: su valor más bajo en toda la historia del índice para Bolivia, categorizado por primera vez como “economía muy limitada”. El criterio de desempeño económico cayó de 7 a 4, y la organización del mercado, que había permanecido estable en 7,0 durante toda la serie, cedió finalmente a 6,0 en el informe de 2026. La escasez de divisas y combustible paralizó sectores enteros de la economía en 2023-2024.
Sin renta para compensar, el Estado compensador perdió tanto su capacidad redistributiva como su capacidad de gobernanza. El Índice de Gobernanza cayó de 5,5 en el informe de 2022 a 4,6 en el de 2026, su mínimo histórico. La capacidad directiva se desplomó de 6,3 en 2022 a 4,3 en 2026, y la eficiencia en el uso de recursos cayó a 3,7. La fractura entre las facciones de Arce y Morales (dos expresiones del MAS enfrentadas en los tribunales, bloqueando nombramientos y paralizando el legislativo) completó el cuadro. Una organización política construida sobre el liderazgo carismático de un solo hombre y la renta de los hidrocarburos no tenía mecanismos institucionales propios para procesar su crisis cuando ambos pilares fallaron simultáneamente.
La Transformación Política cayó a 6,6 en el BTI 2026. La separación de poderes colapsó a 4, la independencia judicial a 4, y el Estado de derecho a 4,8, todos mínimos históricos. El intento de golpe de Estado del general Juan José Zúñiga el 26 de junio de 2024 fue la expresión más dramática del deterioro institucional. En este sentido, los tanques en la Plaza Murillo que intentaron derribar las puertas del Palacio de Gobierno dieron una clara señal de que un Estado que había gobernado durante dos décadas mediante compensaciones económicas, y que ya no podía compensar, tampoco podía garantizar el orden institucional básico.
Conclusión
Como se analizó, el BTI 2026 certifica el agotamiento de un modelo, no documenta una crisis coyuntural. Existe una asimetría fundamental entre lo que ese ciclo dejó y lo que se llevó: se subordinaron instituciones, territorios y ciudadanía a un modelo de financiamiento estatal efímero por definición. El deterioro institucional acumulado no tiene la misma reversibilidad que el ciclo económico que lo generó. Mientras una recuperación de los precios de los commodities puede reactivarse en meses, reconstruir la independencia judicial, la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones requiere décadas.
Human Rights Watch documentó de forma consistente que el sistema judicial boliviano fue instrumentalizado según los intereses del poder político en turno, que los pueblos indígenas no contaron con procesos reales de consulta previa frente a proyectos extractivos, y que los defensores de territorio y medioambiente fueron sistemáticamente hostigados y atacados sin protección estatal.
Lo más paradójico, como señala Gudynas, es que el neoextractivismo progresista no rompió con la herencia extractivista, más bien la reformuló en sus propios términos, erosionando en el proceso los espacios políticos desde los que podría haberse construido una alternativa e imposibilitando la imaginación de otros horizontes de desarrollo.
La nueva gestión de gobierno de Rodrigo Paz, que asumió en noviembre del año pasado, aún no ha podido encontrar una alternativa al agotamiento del modelo. Sin renta para sostener el Estado compensador, el ajuste fiscal y el desabastecimiento de combustible alimentaron demandas salariales y sectoriales que, en mayo de 2026, derivaron en semanas de bloqueos y protestas masivas. En un escenario en donde ya está latente el reclamo por la renuncia del presidente, la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de mayo y el 15 de junio de 2026, registró al menos catorce muertos.
