Artículos
24-06-2012Demasiados frentes abiertos
(La Nación/Argentina) No puede soslayarse la notoria amnesia de todos los funcionarios a la hora de demonizar al titular de la CGT. Los superpoderes que acumuló fueron directamente proporcionales a las concesiones otorgadas por el kirchnerismo a lo largo de ocho años. Hasta mediados de 2011, nunca había recibido un no. Más curioso resulta que hasta hace poco más de un año integró (junto con el detenido gremialista ferroviario José Pedraza y el empresario Franco Macri) el heterogéneo consorcio que operaba el Ferrocarril Belgrano Cargas, en este caso, como representante de un sector que compite con ese medio de transporte.
Por Néstor Scibona
(La Nación/Argentina) Aunque se veía venir, el enfrentamiento político entre Hugo Moyano y la presidenta Cristina Kirchner estalló en un mal momento para el Gobierno, que ya tiene abiertos demasiados frentes de conflicto por sus malabarismos en el manejo de la economía y cuyos resultados, a diferencia de los últimos años, hoy se traducen en más costos que beneficios.
También oculta altas dosis de hipocresía. Los criticables métodos extorsivos aplicados en estos días por Moyano son los mismos que el gobierno kirchnerista toleró entre 2003 y 2011. La diferencia es que esta vez van directamente en su contra, ahora que se rompió el matrimonio por conveniencia que aportó apoyos a los candidatos K y múltiples beneficios económicos al líder camionero, a costa de haber cosechado un tendal de enemigos sindicales, una pésima imagen en la opinión pública y varias causas judiciales pendientes. En medio de este ruidoso divorcio, que reedita prematuramente la típica interna ideológica del peronismo con miras a 2015, la vista gorda pasó a las filas de dirigentes propios y ajenos. Muchos tienden a exculpar a Moyano por su tumultuoso pasado oficialista, sólo para darle la bienvenida a su nuevo y abierto discurso anti-CFK.
Sin embargo, no puede soslayarse la notoria amnesia de todos los funcionarios a la hora de demonizar al titular de la CGT. Los superpoderes que acumuló fueron directamente proporcionales a las concesiones otorgadas por el kirchnerismo a lo largo de ocho años. Hasta mediados de 2011, nunca había recibido un no.
Así pudo bloquear libremente empresas para hacerse de afiliados o de negocios (distribución de diarios) para su gremio, a cambio de actuar como fuerza de choque en conflictos políticos (como el del campo) o impedir en su momento la salida de Clarín y LA NACION. También pudo obtener por ley un porcentaje del precio del gasoil para un fondo de profesionalización de choferes del que nunca rindió cuentas; presionar por contratos de recolección de basura en numerosos municipios para empresas vinculadas (como Covelia) y hasta conseguir la adjudicación directa para que otra (Ivetra) cobre peaje por la entrada y salida de contenedores en las terminales portuarias porteñas. En el área de salud, hasta no hace mucho manejó APE y su cuantiosa caja para tratamientos de alto costo en obras sociales, que dio origen a su reclamo al Estado por una deuda multimillonaria, pero también a la famosa causa judicial de troqueles truchos. Y contó con la presencia de Cristina y Néstor Kirchner en el multitudinario acto de reinauguración "simbólica", a fin de 2009, del Sanatorio Antártida como centro médico de su sindicato, que todavía sigue sin terminar. En la ciudad de Buenos Aires, donde apoyó a Amado Boudou como frustrado precandidato a jefe de gobierno, Moyano tiene chances de quedarse con el Club Comunicaciones a raíz de un fallo judicial a su favor apelado por Mauricio Macri. Todo este despliegue de conquistas sindicales, no le impidió en su momento conseguir beneficios para el sector patronal del transporte de cargas (como exenciones de peaje y subsidios en cargas sociales), que luego fueron apagándose como su estrella dentro del oficialismo.
Más curioso resulta que hasta hace poco más de un año integró (junto con el detenido gremialista ferroviario José Pedraza y el empresario Franco Macri) el heterogéneo consorcio que operaba el Ferrocarril Belgrano Cargas, en este caso, como representante de un sector que compite con ese medio de transporte.
RESTRICCIONES EXTERNAS Y FISCALES
La recuperación del Belgrano Cargas volverá en estos días a la agenda oficial. Y no precisamente por Moyano, sino por la visita que realiza a la Argentina el primer ministro chino, Wen Jiabao. Hace casi dos años, CFK acordó en Pekín un crédito por 2500 millones de dólares para financiar el reequipamiento -a cargo de empresas chinas- de esa red ferroviaria, cuya crónica obsolescencia impide su pleno aprovechamiento para bajar los costos del transporte de graneles desde 14 provincias del norte argentino hacia el litoral (y eventualmente hacia el Pacífico). Pero su desembolso está paralizado por la demora argentina en integrar una contrapartida local de 15% (375 millones), que impide el arranque del programa.
Aunque esa cláusula probablemente sea renegociada, la situación pone de relieve la restricción externa que enfrenta el Gobierno: cualquier desembolso de divisas choca contra la necesidad de preservar las reservas del Banco Central. Sobre todo, cuando, al cabo de ocho meses de rígidos controles cambiarios, su stock muestra un incremento de apenas 300 millones de dólares (pasó de 46.000 millones a 46.300 millones).
Otro frente abierto está en la necesidad de impulsar inversiones, externas e internas, para estimular una economía que se encamina hacia un estancamiento productivo con alta inflación. Aquí la proliferación de controles y trabas comerciales complicó todo: provocó un derrumbe de la inversión privada en los últimos tres trimestres y una brecha cambiaria que, al mantenerse entre 30 y 45%, estimula la salida y cierra la entrada de capitales.
Los intentos oficiales para revertir este cuadro revelan una alta improvisación. La intempestiva expropiación de YPF fue justificada en la necesidad de revertir el creciente déficit energético y generar inversiones por 7000 millones de dólares anuales en el sector de hidrocarburos. Pero todavía está en veremos el nuevo modelo de contratos de explotación y también el marco legal necesario para encarar la exploración de petróleo y gas no convencional. Sencillamente porque no hay definiciones sobre el futuro de la política energética y los subsidios.
En el caso del megaplán de construcción de viviendas, el Gobierno se quedó corto con la estimación de demanda de créditos a tasa subsidiada. Por lo tanto, lo que iba a ser una adjudicación directa para interesados con terreno propio, ahora se convertirá en incierta asignación por sorteo.
Para todos estos frentes abiertos, el Gobierno tiene un relato. Pero el desafío de Moyano lo obliga a modificar el discurso en la cuestión más sensible: ya no es posible indexar salarios sin hacer lo mismo con el mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las ganancias, porque, de lo contrario, la presión tributaria aumenta exponencialmente. Esto de por sí resulta complicado sin reconocer la verdadera inflación; pero mucho más cuando comienzan a aparecer restricciones fiscales. Hasta ahora, se creía que CFK iba a postergar la decisión sobre Ganancias hasta que se defina la sucesión de Moyano al frente de la CGT, para no concederle el rédito político de la medida. Sin embargo, también hay preocupación por su costo fiscal: una suba de 20% en el MNI implicaría sacrificar ingresos por 3500 millones de pesos anuales, la mitad de los cuales afecta a las alicaídas cuentas provinciales. Sólo podría financiarse con mayor emisión e impuesto inflacionario, que, según cálculos del Banco Ciudad, aporta el equivalente de 2% del PBI a los ingresos del gobierno nacional. El problema es que, con un escenario de estanflación, el aumento de la recaudación impositiva comienza a debilitarse en términos reales por primera vez en muchos años.
Fuente: La Nación (Buenos Aires, Argentina)
Néstor ScibonaNéstor Scibona es Periodista, columnista del diario "La Nación", conductor del programa "Mañana es Tarde" en Radio "El Mundo", Editor de la revista del Instituto del Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) y fue Director Periodístico del diario "El Cronista Comercial", de la revista "Panorama" y prosecretario de redacción del diario "Clarín".
(La Nación/Argentina) Aunque se veía venir, el enfrentamiento político entre Hugo Moyano y la presidenta Cristina Kirchner estalló en un mal momento para el Gobierno, que ya tiene abiertos demasiados frentes de conflicto por sus malabarismos en el manejo de la economía y cuyos resultados, a diferencia de los últimos años, hoy se traducen en más costos que beneficios.
También oculta altas dosis de hipocresía. Los criticables métodos extorsivos aplicados en estos días por Moyano son los mismos que el gobierno kirchnerista toleró entre 2003 y 2011. La diferencia es que esta vez van directamente en su contra, ahora que se rompió el matrimonio por conveniencia que aportó apoyos a los candidatos K y múltiples beneficios económicos al líder camionero, a costa de haber cosechado un tendal de enemigos sindicales, una pésima imagen en la opinión pública y varias causas judiciales pendientes. En medio de este ruidoso divorcio, que reedita prematuramente la típica interna ideológica del peronismo con miras a 2015, la vista gorda pasó a las filas de dirigentes propios y ajenos. Muchos tienden a exculpar a Moyano por su tumultuoso pasado oficialista, sólo para darle la bienvenida a su nuevo y abierto discurso anti-CFK.
Sin embargo, no puede soslayarse la notoria amnesia de todos los funcionarios a la hora de demonizar al titular de la CGT. Los superpoderes que acumuló fueron directamente proporcionales a las concesiones otorgadas por el kirchnerismo a lo largo de ocho años. Hasta mediados de 2011, nunca había recibido un no.
Así pudo bloquear libremente empresas para hacerse de afiliados o de negocios (distribución de diarios) para su gremio, a cambio de actuar como fuerza de choque en conflictos políticos (como el del campo) o impedir en su momento la salida de Clarín y LA NACION. También pudo obtener por ley un porcentaje del precio del gasoil para un fondo de profesionalización de choferes del que nunca rindió cuentas; presionar por contratos de recolección de basura en numerosos municipios para empresas vinculadas (como Covelia) y hasta conseguir la adjudicación directa para que otra (Ivetra) cobre peaje por la entrada y salida de contenedores en las terminales portuarias porteñas. En el área de salud, hasta no hace mucho manejó APE y su cuantiosa caja para tratamientos de alto costo en obras sociales, que dio origen a su reclamo al Estado por una deuda multimillonaria, pero también a la famosa causa judicial de troqueles truchos. Y contó con la presencia de Cristina y Néstor Kirchner en el multitudinario acto de reinauguración "simbólica", a fin de 2009, del Sanatorio Antártida como centro médico de su sindicato, que todavía sigue sin terminar. En la ciudad de Buenos Aires, donde apoyó a Amado Boudou como frustrado precandidato a jefe de gobierno, Moyano tiene chances de quedarse con el Club Comunicaciones a raíz de un fallo judicial a su favor apelado por Mauricio Macri. Todo este despliegue de conquistas sindicales, no le impidió en su momento conseguir beneficios para el sector patronal del transporte de cargas (como exenciones de peaje y subsidios en cargas sociales), que luego fueron apagándose como su estrella dentro del oficialismo.
Más curioso resulta que hasta hace poco más de un año integró (junto con el detenido gremialista ferroviario José Pedraza y el empresario Franco Macri) el heterogéneo consorcio que operaba el Ferrocarril Belgrano Cargas, en este caso, como representante de un sector que compite con ese medio de transporte.
RESTRICCIONES EXTERNAS Y FISCALES
La recuperación del Belgrano Cargas volverá en estos días a la agenda oficial. Y no precisamente por Moyano, sino por la visita que realiza a la Argentina el primer ministro chino, Wen Jiabao. Hace casi dos años, CFK acordó en Pekín un crédito por 2500 millones de dólares para financiar el reequipamiento -a cargo de empresas chinas- de esa red ferroviaria, cuya crónica obsolescencia impide su pleno aprovechamiento para bajar los costos del transporte de graneles desde 14 provincias del norte argentino hacia el litoral (y eventualmente hacia el Pacífico). Pero su desembolso está paralizado por la demora argentina en integrar una contrapartida local de 15% (375 millones), que impide el arranque del programa.
Aunque esa cláusula probablemente sea renegociada, la situación pone de relieve la restricción externa que enfrenta el Gobierno: cualquier desembolso de divisas choca contra la necesidad de preservar las reservas del Banco Central. Sobre todo, cuando, al cabo de ocho meses de rígidos controles cambiarios, su stock muestra un incremento de apenas 300 millones de dólares (pasó de 46.000 millones a 46.300 millones).
Otro frente abierto está en la necesidad de impulsar inversiones, externas e internas, para estimular una economía que se encamina hacia un estancamiento productivo con alta inflación. Aquí la proliferación de controles y trabas comerciales complicó todo: provocó un derrumbe de la inversión privada en los últimos tres trimestres y una brecha cambiaria que, al mantenerse entre 30 y 45%, estimula la salida y cierra la entrada de capitales.
Los intentos oficiales para revertir este cuadro revelan una alta improvisación. La intempestiva expropiación de YPF fue justificada en la necesidad de revertir el creciente déficit energético y generar inversiones por 7000 millones de dólares anuales en el sector de hidrocarburos. Pero todavía está en veremos el nuevo modelo de contratos de explotación y también el marco legal necesario para encarar la exploración de petróleo y gas no convencional. Sencillamente porque no hay definiciones sobre el futuro de la política energética y los subsidios.
En el caso del megaplán de construcción de viviendas, el Gobierno se quedó corto con la estimación de demanda de créditos a tasa subsidiada. Por lo tanto, lo que iba a ser una adjudicación directa para interesados con terreno propio, ahora se convertirá en incierta asignación por sorteo.
Para todos estos frentes abiertos, el Gobierno tiene un relato. Pero el desafío de Moyano lo obliga a modificar el discurso en la cuestión más sensible: ya no es posible indexar salarios sin hacer lo mismo con el mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las ganancias, porque, de lo contrario, la presión tributaria aumenta exponencialmente. Esto de por sí resulta complicado sin reconocer la verdadera inflación; pero mucho más cuando comienzan a aparecer restricciones fiscales. Hasta ahora, se creía que CFK iba a postergar la decisión sobre Ganancias hasta que se defina la sucesión de Moyano al frente de la CGT, para no concederle el rédito político de la medida. Sin embargo, también hay preocupación por su costo fiscal: una suba de 20% en el MNI implicaría sacrificar ingresos por 3500 millones de pesos anuales, la mitad de los cuales afecta a las alicaídas cuentas provinciales. Sólo podría financiarse con mayor emisión e impuesto inflacionario, que, según cálculos del Banco Ciudad, aporta el equivalente de 2% del PBI a los ingresos del gobierno nacional. El problema es que, con un escenario de estanflación, el aumento de la recaudación impositiva comienza a debilitarse en términos reales por primera vez en muchos años.
Fuente: La Nación (Buenos Aires, Argentina)
