(La Tercera) La bancada de diputados concertacionista irreflexivamente abrió un flanco que complica a Bachelet en la semana que se espera su llegada para asumir su candidatura presidencial. Independientemente de los méritos que pueda tener la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, el que la Concertación haya puesto en el tapete la responsabilidad política del gobierno por no fiscalizar adecuadamente el lucro en la educación superior permite extender el cuestionamiento hacia los gobiernos anteriores, entre ellos, el de Bachelet.

Por Patricio Navia

(La Tercera) Si los cuidados del sacristán terminan por matar al cura, el comportamiento de la Concertación está dando innecesarios dolores de cabeza a Michelle Bachelet. Como para recordarle al electorado que el principal pasivo de la popular candidatura de Bachelet es su asociación con la Concertación, al presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer, los diputados concertacionistas se comportaron como los inoportunos invitados que quieren llamar la atención justo cuando la novia está por entrar a la iglesia.

Como en esas tragedias griegas en que al querer hacer lo mejor para avanzar sus objetivos, los personajes terminan saboteando su propio bienestar, la bancada de diputados concertacionista irreflexivamente abrió un flanco que complica a Bachelet en la semana que se espera su llegada para asumir su candidatura presidencial. Independientemente de los méritos que pueda tener la acusación constitucional, el que la Concertación haya puesto en el tapete la responsabilidad política del gobierno por no fiscalizar adecuadamente el lucro en la educación superior permite extender el cuestionamiento hacia los gobiernos de la Concertación. Más aún, ya que la discusión sobre el lucro se encendió precisamente con las marchas estudiantiles de 2006, el gobierno de Bachelet aparece tanto o más complicado que la administración actual por no haber hecho lo suficiente para evitar las triangulaciones que han permitido retirar utilidades a varias empresas creadas en torno a universidades privadas.

Pero aun si el gobierno anterior logra zafar del celo fiscalizador de la Cámara de Diputados, el solo hecho de cambiar el foco desde una discusión sobre los planes y propuestas de futuro hacia una evaluación retrospectiva de lo que se hizo y dejó de hacer antes resulta más conveniente para la Alianza que para las aspiraciones presidenciales de Bachelet. Sumado al avance del proceso judicial del caso tsunami, la acusación constitucional invita a los chilenos a evaluar a la ex presidenta a partir de sus aciertos y errores más que a partir de su capacidad para responder a las expectativas que los chilenos tienen para los próximos cuatro años.

Finalmente, la acusación constitucional da un contraproducente protagonismo a la desprestigiada clase política concertacionista. Para ayudar a que los electores voten a favor de que Bachelet se repita el plato, los conocidos líderes partidistas deberían sumergirse hasta después de las elecciones. La desmedida euforia de la vieja guardia el fin de semana pasado celebrando el anuncio sobre el retorno de Bachelet anticipó que será difícil esconder a los poderes fácticos que aspiran a repetirse hasta el postre en un segundo gobierno de la ex presidenta. Como la influencia de Bachelet disminuirá cuando aterrice en Chile -porque ya no tendrá la capacidad de disciplinar con la amenaza de no aceptar la candidatura- la incontinencia bacheletista que hoy predomina en la Concertación sólo debiera aumentar.

Habiendo creado enormes expectativas con su prolongado silencio, Bachelet aparece ahora obligada a decir cosas relevantes cuando aterrice en Chile. Lamentablemente para ella, la intempestiva decisión de la bancada concertacionista en la Cámara obligan ahora a Bachelet a explicitar su posición a favor o en contra de la polémica acusación constitucional contra el ministro Beyer.

Fuente: (La Tercera, Chile)

Patricio Navia

Consejero Académico

Doctor en ciencias políticas (New York University). Anteriormente obtuvo un master en la misma disciplina de la Universidad de Chicago y una licenciatura en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Illinois. Es profesor titular de estudios liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. En Chile, es profesor titular de ciencias políticas en la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros y especialista en elecciones, opinión pública, sistemas de partidos y relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina. Es columnista en varios medios, incluido El Líbero (Chile) y Americas Quarterly (EEUU).