Prensa
Un espejo para el desarrollo
Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Adrián Lucardi
Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
El informe Democracia, Mercado y Transparencia de CADAL se basa en la premisa de que los países verdaderamente desarrollados son aquellos que combinan amplias libertades civiles y económicas con gobiernos democráticamente electos y un sector público transparente. Estos elementos pueden no ir juntos, como en el caso de Singapur, que combina un régimen autoritario con una economía abierta y competitiva, y un sector público sumamente transparente. Sin embargo el informe demuestra que generalmente van juntas. El análisis de los casos de Nueva Zelanda y Dinamarca, quienes encabezan el ránking, indica que existen poderosas razones teóricas para sostener que van de la mano.
Cuando el estado es poco transparente, no es posible identificar a funcionarios que hacen las cosas mal, lo que se traduce en un gasto público ineficiente. Las leyes y regulaciones no funcionan como reglas de juego para todos sino como herramientas para beneficiar a los amigos lo que desalienta la innovación y redistribuye recursos hacia actividades ineficientes. Los mecanismos de mercado son la mejor manera de mejorar la transparencia y eficiencia del sector público. Si los funcionarios públicos compiten en un mercado libre con empresas privadas y/o otros organismos, tendrán incentivos para brindar mejores bienes y servicios en lugar de hacer lobby para agrandar el presupuesto. Esto permite incrementar la productividad del sector público sin aumentar el gasto. Un estado ágil y transparente contribuye a elevar la calidad de la democracia. Como las decisiones de gasto las toman funcionarios electivos y no en burócratas, los ciudadanos pueden ejercer mayor influencia sobre el rumbo de las políticas públicas y recibir, además, mejores servicios por los impuestos que pagan.
Finalmente, los regímenes democráticos, aunque imperfectos, son más proclives a liberalizar la economía, reformar el estado y mejorar la calidad de las políticas públicas. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que en las democracias el poder político suele estar más extensamente distribuido que en las autocracias, lo que eleva el costo de implementar reformas que perjudiquen a los sectores más protegidos. Pero sólo los gobiernos democráticos enfrentan presiones continuas y consistentes para introducir reformas que mejoren el desempeño de la economía y la calidad de la administración pública. Los gobernantes autoritarios son menos proclives a introducir reformas pro mercado, o mejorar la administración pública, ya que reduce su capacidad de sumar acólitos mediante la entrega de beneficios particularistas.
Nueva Zelanda y Dinamarca lideran el ránking mencionado desde 2007, no por factores idiosincrásicos, sino debido a las reformas que se vienen aplicando desde mediados de los años ochenta. Aunque fueron más radicales en Nueva Zelanda, en ambos casos la orientación general fue la misma: abrir la economía al comercio internacional para volverla más competitiva, y reformar el aparato estatal para que dejara de ser un peso muerto y pasara a estar al servicio de los ciudadanos.
Su éxito ofrece importantes lecciones para Argentina, donde el desarrollo sigue siendo obstaculizado por la vigencia de ciertas ideologías perimidas, de izquierda y de derecha.
No es cierto que el autoritarismo sea el mejor camino hacia el mercado y el desarrollo económico y es un mito que las economías basadas en la exportación de productos agropecuarios estén condenadas a permanecer en el subdesarrollo. El caso de Nueva Zelanda lo demuestra.
En las economías aisladas, el estado es el principal distribuidor de beneficios y prebendas, lo que fomenta la corrupción, el déficit fiscal y por consiguiente, el endeudamiento y la inflación. En las economías abiertas el estado está sujeto a una fuerte presión de los mercados internacionales para ser eficiente y no endeudarse más allá de lo razonable.
Pedir un estado más ágil y eficiente, cuyos empleados estén sujetos a reglas similares a los del sector privado, no es ser inhumano ni de derecha, sino reconocer que el estado es un proveedor de servicios (salud, educación, seguridad y justicia); que una burocracia politizada reduce la calidad de dichos servicios; y que ello perjudica a los pobres, que son los principales consumidores de estos servicios.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
Adrián Lucardi
Investigador Asociado del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
El informe Democracia, Mercado y Transparencia de CADAL se basa en la premisa de que los países verdaderamente desarrollados son aquellos que combinan amplias libertades civiles y económicas con gobiernos democráticamente electos y un sector público transparente. Estos elementos pueden no ir juntos, como en el caso de Singapur, que combina un régimen autoritario con una economía abierta y competitiva, y un sector público sumamente transparente. Sin embargo el informe demuestra que generalmente van juntas. El análisis de los casos de Nueva Zelanda y Dinamarca, quienes encabezan el ránking, indica que existen poderosas razones teóricas para sostener que van de la mano.
Cuando el estado es poco transparente, no es posible identificar a funcionarios que hacen las cosas mal, lo que se traduce en un gasto público ineficiente. Las leyes y regulaciones no funcionan como reglas de juego para todos sino como herramientas para beneficiar a los amigos lo que desalienta la innovación y redistribuye recursos hacia actividades ineficientes. Los mecanismos de mercado son la mejor manera de mejorar la transparencia y eficiencia del sector público. Si los funcionarios públicos compiten en un mercado libre con empresas privadas y/o otros organismos, tendrán incentivos para brindar mejores bienes y servicios en lugar de hacer lobby para agrandar el presupuesto. Esto permite incrementar la productividad del sector público sin aumentar el gasto. Un estado ágil y transparente contribuye a elevar la calidad de la democracia. Como las decisiones de gasto las toman funcionarios electivos y no en burócratas, los ciudadanos pueden ejercer mayor influencia sobre el rumbo de las políticas públicas y recibir, además, mejores servicios por los impuestos que pagan.
Finalmente, los regímenes democráticos, aunque imperfectos, son más proclives a liberalizar la economía, reformar el estado y mejorar la calidad de las políticas públicas. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que en las democracias el poder político suele estar más extensamente distribuido que en las autocracias, lo que eleva el costo de implementar reformas que perjudiquen a los sectores más protegidos. Pero sólo los gobiernos democráticos enfrentan presiones continuas y consistentes para introducir reformas que mejoren el desempeño de la economía y la calidad de la administración pública. Los gobernantes autoritarios son menos proclives a introducir reformas pro mercado, o mejorar la administración pública, ya que reduce su capacidad de sumar acólitos mediante la entrega de beneficios particularistas.
Nueva Zelanda y Dinamarca lideran el ránking mencionado desde 2007, no por factores idiosincrásicos, sino debido a las reformas que se vienen aplicando desde mediados de los años ochenta. Aunque fueron más radicales en Nueva Zelanda, en ambos casos la orientación general fue la misma: abrir la economía al comercio internacional para volverla más competitiva, y reformar el aparato estatal para que dejara de ser un peso muerto y pasara a estar al servicio de los ciudadanos.
Su éxito ofrece importantes lecciones para Argentina, donde el desarrollo sigue siendo obstaculizado por la vigencia de ciertas ideologías perimidas, de izquierda y de derecha.
No es cierto que el autoritarismo sea el mejor camino hacia el mercado y el desarrollo económico y es un mito que las economías basadas en la exportación de productos agropecuarios estén condenadas a permanecer en el subdesarrollo. El caso de Nueva Zelanda lo demuestra.
En las economías aisladas, el estado es el principal distribuidor de beneficios y prebendas, lo que fomenta la corrupción, el déficit fiscal y por consiguiente, el endeudamiento y la inflación. En las economías abiertas el estado está sujeto a una fuerte presión de los mercados internacionales para ser eficiente y no endeudarse más allá de lo razonable.
Pedir un estado más ágil y eficiente, cuyos empleados estén sujetos a reglas similares a los del sector privado, no es ser inhumano ni de derecha, sino reconocer que el estado es un proveedor de servicios (salud, educación, seguridad y justicia); que una burocracia politizada reduce la calidad de dichos servicios; y que ello perjudica a los pobres, que son los principales consumidores de estos servicios.
Fuente: Diario El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)
