Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Prensa

18 de julio de 2005

No permitir más ''escraches''

Fuente: La Nación (Buenos Aires, Argentina)

Una característica que distingue a una sociedad democrática de las demás son el pluralismo y la diversidad, entendidos como la posibilidad de que coexistan diversas ideas y opiniones en forma pacífica y armoniosa, sin que nadie tenga derecho a imponerlas por la fuerza o prohibir su expresión por los otros.

En los últimos tiempos, sin embargo, la acción de diferentes grupos en nuestro país ha puesto por momentos en peligro esos valores. Nos referimos a la metodología comúnmente denominada "escrache", que en no pocos ejemplos se asocia con distintas formas de violencia y que en todos los casos se vincula con un fuerte sentimiento de intolerancia.

No hace mucho, uno de los candidatos para las próximas elecciones, Ricardo López Murphy, sufrió un "escrache" durante la presentación de un libro. Es obvio que la presencia de un grupo de personas que se manifiestan a través de agresiones -físicas o verbales- contra otro grupo que asiste a un acto público constituye una clara acción intimidatoria y delictiva, aun cuando las autoridades nacionales no parezcan querer entenderlo así.

En tal sentido, resulta claro el artículo 213 bis vigente del Código Penal, que señala: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que [...] tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".

Este artículo es fruto de la ley 16.648 de reforma del Código Penal, sancionada por el gobierno democrático de 1964. Su fundamento era entonces la necesidad de enfrentar a sectores cuya acción, sin llegar a poner en peligro la estabilidad constitucional, se tradujera en "graves formas de intolerancia ideológica, racial o religiosa, incompatibles con la República democrática".

Se trata normalmente de un método de violencia política habitualmente empleado por los nazis en la Alemania de Hitler y por los fascistas en la Italia mussoliniana, similar también a la práctica que el gobierno cubano de Fidel Castro utiliza contra algunos de sus opositores políticos con la denominación de "mitin de repudio".

En la Argentina actual, los "escraches" han sido utilizados tanto para denostar a figuras representativas del último gobierno militar como a personas acusadas de cometer delitos. Tales acciones están muy lejos de lograr la justicia reparadora que cualquier ciudadano anhela. Y son doblemente peligrosas cuando están dirigidas a conculcarles a los demás su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones, nos gusten o no.

Los regímenes totalitarios del siglo último combatieron a las personas por motivos ideológicos hasta el extremo de procurar su aniquilación. Y, sin ir más lejos, el terrorismo que asoló a nuestro país, tanto en la versión de los grupos guerrilleros como en los excesos que caracterizaron a la represión estatal, se dirigió contra muchísimas personas por el solo hecho de pensar distinto y expresarse en ese sentido.

Nadie en su sano juicio que defienda la existencia de una comunidad civilizada, en la que imperen los mínimos presupuestos que hoy definen a una sociedad democrática, puede sostener que deban quedar impunes -y, por lo tanto, ser toleradas o permitidas- organizaciones de individuos que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza.

En una democracia, cualquier persona debe poder disfrutar de la diversidad, sin padecer la anarquía ni la tiranía de las verdades absolutas. Y son la política y el diálogo los que permiten la convivencia pacífica de las ideas y concepciones contrapuestas dentro de un clima de respeto y tolerancia, en un mundo que no tiene cabida para absolutos.

Si quien pretende conculcar esa posibilidad no recibe una digna sanción, estaríamos ante un caso de omisión por parte del Estado en su deber de garantizar el orden público. Cabe esperar que, en adelante, las autoridades pertinentes hagan cumplir la ley de forma responsable.