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Promoción de la Apertura Política en Cuba

08-10-2021

Cuba y la soledad de las víctimas

(Clarín) Si una situación de este tipo hubiera tenido lugar en cualquier otro país de la región latinoamericana seguramente hubiera concitado un repudio unánime por parte de aquellos que se reconocen como integrantes del amplio campo progresista, pero eso no ocurrió, salvo excepciones. Si el principio rector que organiza la defensa de los derechos humanos es su carácter universal, es decir, que todas las vidas importan por igual, es necesario que la solidaridad con toda comunidad represaliada por el poder se exprese sin importar en qué lugar del arco político uno se encuentre, y sin anteponer de manera mezquina ninguna “ganancia” ideológica.
Por Rubén Chababo

Cuba y la soledad de las víctimas

(Clarín) El 11 de julio pasado, San Antonio de los Baños comenzó a ser el escenario de una situación singular cuando un grupo nutrido de vecinos comenzó a ganar las calles de esa pequeña localidad situada muy cerca de La Habana dando inicio a uno de los levantamientos populares más significativos que se hayan registrado en la isla de Cuba en los últimos sesenta años.  Acaso los más memoriosos recuerden las jornadas del año 1980 cuando miles de ciudadanos comenzaron a asaltar los edificios de algunas embajadas con la esperanza de quebrar el cerco que impedía el libre transito de personas hacia el extranjero. Otros tal vez recuerden el maleconazo, estallido fugaz que tuvo lugar en agosto de 1994, cuando un grupo nada menor de cubanos intentó manifestar su descontento ante la crisis social y económica agudizada como consecuencia del llamado período especial.

Sin embargo, este nuevo estallido, conocido como el del 11J, y que ha tenido lugar tan solo tres meses atrás, es diferente a los anteriores porque entre otras razones puede ser leído como la consecuencia inevitable de un lento y sostenido movimiento de resistencia civil que fue gestándose en sordina a lo largo de los últimos años. Tan solo unos meses antes de ese domingo 11 de julio, había comenzado a agudizarse la represión al Movimiento San Isidro con la detención arbitraria de artistas plásticos y raperos que intentaban hacer oír su voz desde su sede, emplazada en una derruida residencia ubicada en la zona más pauperizada del casco antiguo de la Habana.

En la gran mayoría de los países las protestas populares son parte de la vida cotidiana de las sociedades, modos en los que la ciudadanía expresa su disgusto o rechazo frente a las políticas públicas. La toma de las calles forma parte del paisaje social, por así decirlo, de ciudades tan diversas como San Pablo, París, Los Ángeles, Buenos Aires o México. No así en Cuba, donde desde hace más de sesenta años y con el triunfo de la Revolución el Estado hizo de la seguridad interna una verdadera maquinaria represiva dedicada a limitar, perseguir y punir todo pensamiento y toda acción que no se encuadre en las normativas impuestas por el régimen. Por eso, que un grupo de ciudadanos haya logrado salir a las calles sin permiso ni tutela, primero en La Habana y luego en otras ciudades del interior de la isla, merece ser considerado un hecho histórico.

Lo que siguió después, fue lo previsible: la profundización del accionar represivo traducido en más detenciones arbitrarias, más restricciones a la libertad de expresión, más control de los canales de comunicación, más hostigamiento a cualquier asomo de disidencia, es decir, un impiadoso aplastamiento de cualquier gesto de rebeldía ciudadana.

Si una situación de este tipo hubiera tenido lugar en cualquier otro país de la región latinoamericana seguramente hubiera concitado un repudio unánime por parte de aquellos que se reconocen como integrantes del amplio campo progresista, pero eso no ocurrió, salvo excepciones. Una vez más la sociedad cubana fue abandonada a su suerte, en especial los miles de víctimas de la acción represiva, como si ese dolor y esa injusticia no merecieran la más mínima consideración.

Lo que no se termina nunca de entender es que una persona salvajemente reprimida o injustamente encarcelada en Cuba, merece consideración y solidaridad, del mismo modo que deben recibirla y con justo derecho quienes son brutalmente reprimidos por los aparatos de seguridad en las calles de Colombia, Chile o Brasil.  Pero el doble estándar a la hora de juzgar los abusos y crímenes de Estado hace posible que la derecha consienta cuando se trata de gobiernos afines los que ejercen violencia y la izquierda actúe exactamente en espejo cuando esas violencias son cometidas por regímenes con los que se identifica y defiende. En el centro de esa ceguera voluntaria están, en primer y último lugar, siempre, las víctimas.

Si el principio rector que organiza la defensa de los derechos humanos es su carácter universal, es decir, que todas las vidas importan por igual, es necesario que la solidaridad con toda comunidad represaliada por el poder se exprese sin importar en qué lugar del arco político uno se encuentre, y sin anteponer de manera mezquina ninguna “ganancia” ideológica.

Hace más de 50 años, mirando desde la ventana de su casa cómo la policía estalinista se llevaba a prisión a su marido por haber escrito un poema considerado ofensivo, su mujer, Nadeya Maldestam, escribió en su libro de notas “para los fanáticos del régimen, para los ciudadanos adormecidos, ese hombre que marcha esposado es una silueta transparente a la que no ven. ¿Cómo hacer para que ese contorno cobre forma frente a los ojos indolentes, para que se perciba el temblor de su carne entre las esposas y nadie pueda alegar que no ha visto nada?”

De eso se trata, de estar dispuesto a ver. Porque la ceguera frente a los atropellos del poder es una de las formas que asume la complicidad moral. Y es la complicidad moral la que hace posible que lo injusto siga teniendo lugar en torno nuestro.

Rubén Chababo
Rubén Chababo
Consejero Académico
Profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario donde dicta anualmente el Seminario sobre Memoria y Derechos Humanos. Es docente y miembro del Consejo académico de la Maestría de Estudios Culturales dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y fue integrante del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de Memoria Histórica de Bogotá (Colombia). Ha dictado cursos y conferencias en diferentes universidades nacionales y extranjeras en torno a los dilemas de la memoria en la escena contemporánea. Entre 2002 y 2014 fue Director del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, una de las primeras instituciones museológicas dedicadas a abordar el tema del Terrorismo de Estado en la Argentina. Se desempeñó también como Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es Director del Museo Internacional para la Democracia.
 
 
 

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