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Promoción de la Apertura Política en Cuba

11-07-2022

Cuba y la represión

Es llamativo que este código, tan alabado por los personeros del gobierno, despierte en la izquierda denuncias acerca de que es un nuevo Código Penal para la criminalización de la protesta social y que se endurecen las condenas al servicio de la represión y la opresión política. Específicamente, el Frente de Izquierda dice: “Es evidente que esta reforma perfecciona los mecanismos punitivos y aumenta las penas que pueden ser aplicadas contra manifestantes que participen de acciones de protesta contra el gobierno”.
Por Rut Diamint

La represión del 11 de julio de 2021, ¿impactó al gobierno cubano? Los argumentos expresados en la prensa oficial no dieron cuenta de la amplia movilización ciudadana. No. Fueron tergiversados para convertir una expresión genuina de la población en una trillada frase: “Los sucesos del 11 de julio fueron gestados, organizados y financiados desde EE. UU.” Agrega la nota: “Fue una acción bien urdida desde afuera, que contó con alta tecnología, que fue promovida por cientos de cuentas falsas, de bots y trolls, como se ha denunciado en estos días por nuestros medios”.

Unos días después, el 17 de julio, Granma completaba su ficción: “se construyó el relato falso de los hechos para generar reacciones emotivas, de solidaridad con los manifestantes”. Cada vez queda menos gente que cree a estas infundadas denuncias de la prensa oficial.

No se trata de una repentina politización de la sociedad, sino del hartazgo de vivir sin las condiciones básicas de un gobierno popular, y además, sin libertad. El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en una reunión desde el Palacio de la Revolución con los gobernadores de todo el país, analizó la difícil situación económica que atraviesa Cuba. No puede eludir el desguace de la propuesta gubernamental. Sin embargo, allí dijo: “Tenemos la convicción de que siempre vamos a vencer, aun en la peor de las situaciones; tenemos capacidad y lo vamos a hacer”.

Ante este discurso, ¿qué se puede hacer? El gobierno cubano se respalda en el control. Tal como sucedió el 11 de julio, se insiste en mantener mecanismos de control que no controlan nada. El Estado cubano fortalece su monopolio, crea legislaciones para asegurarlo, pero no puede inmovilizar a la sociedad.

Mientras los ciudadanos son perseguidos, encarcelados y expulsados, la comunidad internacional premia a un gobierno autoritario. Aún después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, Cuba fue elegida en abril 2022 para integrar tres órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ha recibido muchos millones en asistencia directa de decenas de gobiernos, incluidas democracias como Suiza y Francia que exportan una retórica democrática.

Cuba también fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2020 a 2023) y de la Comisión de la ONU para el Desarrollo Social (2020 a 2024).

Ello sucede porque persiste un romanticismo acerca de la revolución en las izquierdas, especialmente las latinoamericanas, aunque por detrás aseguran no querer imitar el modelo cubano. Ninguno de estos románticos quiere padecer los sufrimientos de la población cubana.

Su reconocible influencia internacional, apoyada en la eficiencia de sus diplomáticos y sus agentes de inteligencia, también va disfrazada de solidaridad. Así, enviando médicos y educadores, los paladines de la revolución solventan la pobreza de otros países mientras el pueblo cubano sufre de todo tipo de privaciones.

Ante ello repetimos: ¿qué se puede hacer? El pueblo no puede reclamar pues Cuba destina inmensos recursos para mantener un Estado policial. El control de la población es extenso y capilar. A ello se suma la persecución interna que ha sumado un mecanismo perverso en el mes de mayo: El nuevo código penal.

El perfeccionamiento represivo del Código Penal

Granma, el periódico oficial del PCC justificaba el nuevo código diciendo que las normas jurídicas se crean para una realidad concreta y que, con el paso del tiempo, cambian las circunstancias, pierden eficacia y deben ser sustituidas por otras normas.

Ese código penal, según el oficialismo, reafirma el carácter humanista de la Revolución y el Estado socialista de derecho. Es más, el gobierno se jacta de tener un código procesalmente de avanzada.

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, explicó que se realizaron consultas especializadas, en las que participaron 1347 personas y se recibieron 333 propuestas, de las cuales se aceptó el 56, el 2 %. A ojos de quienes no conocen como se toman las decisiones en Cuba, puede parecer un mecanismo democrático, similar a la aprobación de la Constitución de 2019. Es un engaño. Las disidencias no tienen ni voz ni voto para modificar la posición oficial. Incluso, el control popular establecido en la Constitución bajo el discurso que la soberanía de Cuba reside en el pueblo (arts. 3, 9, 10 y 61) es otra fábula ya que no hay en la isla ninguna posibilidad de accountability.

En su título I, el nuevo Código Penal enumera las disposiciones para reprimir conductas que pongan en peligro el statu quo, e impone 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

En interpretación libre de los jueces, nombrados por el gobierno, caerán muchos que sólo informan sobre la ficción imperante. Los principios de democracia socialista quedan relegados por la supremacía de la clase burocrática.

Para esconder las reales intenciones de prohibir las expresiones ciudadanas, este código fue acompañado de otros proyectos de ley: Ley del Código de las Familias; ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional; ley de Protección de Datos Personales; ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales; ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. La prensa oficial se ocupó más del Código de Familias que del análisis del Código Penal.

Tal como expresara Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba: “El recién aprobado Código Penal refuerza su función protectora de todos aquellos hechos que lesionan bienes jurídicos de importancia para las personas y el Estado”. ¿Qué se puede hacer?

La justicia no es sólo parcial. Es un instrumento más de control, de propaganda y de sumisión. Los juicios no son públicos. Pero tal como sucedió con los manifestantes del 11 de julio, la policía sí participa de los juicios.

Luis Manuel Otero Alcántara, Félix Roque Delgado, Juslid Justiz Lazo, Maykel Castillo Pérez, Yoan de la Cruz, y Reina Sierra Duvergel, los enjuiciados del 11 de julio, según Granma no se trata de presos políticos ni de conciencia. No. Están imputados por cargos de delitos contra la Seguridad del Estado, por ir en contra del orden social. No es un reclamo por la libertad de expresión, son delitos comunes.

En consonancia, se estipulan las prohibiciones en varios pasajes del código: “propaganda contra el orden constitucional” (art. 124)”; “divulgación de noticias falsas (art. 133)”; “Delitos de desacato y de vilipendio (arts. 182, 185 y 269)”; “clandestinidad de las publicaciones” (art. 216), y muchos más: “El actual tipo legal de “rebelión” se convierte en “delito contra el orden constitucional”, que incluye una figura destinada a sancionar el deliberado uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos, con fines de subvertir el orden político, económico y social de la nación, teniendo presente que el inciso g) del Artículo 90 de la Constitución de la República fija como responsabilidad de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

El gobierno exporta propaganda irreal. Otra ficción de la revolución. Las garantías del debido proceso en la toma de decisiones, principio básico de la justicia, no se respeta en Cuba.

Es llamativo que este código, tan alabado por los personeros del gobierno, despierte en la izquierda denuncias acerca de que es un nuevo Código Penal para la criminalización de la protesta social y que se endurecen las condenas al servicio de la represión y la opresión política. Específicamente, el Frente de Izquierda dice: “Es evidente que esta reforma perfecciona los mecanismos punitivos y aumenta las penas que pueden ser aplicadas contra manifestantes que participen de acciones de protesta contra el gobierno”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) califica de retrógrado nuevo Código Penal de Cuba. Ha recibido otras denuncias que sostienen que el Código asfixiará la protesta social y el periodismo independiente.

Activistas han manifestado que abre la puerta a una mayor represión. El diario Página 12 alerta sobre el nuevo Código Penal que castiga la participación en "actividades subversivas". La social democracia lo considera “una victoria de las fuerzas del inmovilismo”.

Todo ello es una evidente demostración que en Cuba no existe una política de derechos humanos. Menos aún una justicia imparcial.

En su discurso del 10 de junio pasado Díaz-Canel sostuvo que el código es una demostración de la concepción del Derecho al servicio de la justicia social y aclamó a los juristas: “Gracias por estar siempre al servicio de la Patria enriqueciendo sus leyes”. Tal vez sea la única riqueza de Cuba que el presidente puede confesar.

Rut Diamint
Rut Diamint
Investigadora Principal de CONICET y Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella.
 
 
 

 
 
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