Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Artículos

Monitoreo de la gobernabilidad democrática

20-12-2022

Sociedad civil y seguridad ciudadana

Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador son países con bajo nivel de Estado de derecho y tasas altas de homicidios, se destacó durante una de las sesiones.
Por Hugo Machín Fajardo
 
Samuel González Ruiz, correlator de la Convención de Palermo contra el crimen organizado y Carlos Xavier Muñoz, del Banco Mundial.

La novedad que ofrece el primer encuentro de la Alianza de Ciudades por la Seguridad y la Paz, reunida en Medellín, Colombia, los días 18 y 19 de noviembre, es tener su origen en la sociedad civil.

La segunda novedad, es que procede de una crisis global: fue durante la pandemia de Covid-19 que comenzó a funcionar, vía zoom, la Red Iberoamericana de Observatorios y Organizaciones de Seguridad Ciudadana – RIOSPAZ, convocante de esta actividad que dio cabida a paneles de expertos en información, articulación y territorios seguros, así como conferencias magistrales con operadores judiciales que fueran alumnos del juez y fiscal italiano antimafia Giovani Falcone (1939 -1992), asesinado por el crimen organizado.

La tercera novedad, es que reunió académicos y representantes institucionales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Uruguay, con justificadas ausencias de Nicaragua y Paraguay. En total, la integran 35 Observatorios de 12 países.

La cuarta, no menos importante, es que el enfoque general de esta alianza privilegia la defensa de los derechos humanos, con lo que impregna a la institucionalidad — policía y fiscalía representados en la red— de los ejes transversales de esos derechos: universalidad, complementariedad e irrenunciabilidad, imprescindibles para la vida en democracia.

Los datos de la región llevan décadas de ser negativos. Según Carlos Xavier Muñoz Burgos, del Banco Mundial y participante del encuentro celebrado Medellín, América Latina es la región más violenta del planeta. La tasa de homicidios es 4 veces más alta que el resto del mundo: 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entre 2000 y 2018, se registraron 2, 4 millones de homicidios en el continente.

Violencia epidémica. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 38 se encuentran en un continente que alberga a 9% de la población mundial. Se vive una normalización del fenómeno que sin embargo se expande.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que, por cada homicidio, hay 30 a 40 personas afectadas que sufren decisivos cambios negativos en su conducta. Además, es una epidemia la violencia de género. La región tiene más de 3 veces la tasa mundial de homicidios de mujeres: 13 de 20 países con la tasa más alta de feminicidios son latinoamericanos.

Chile. Los niveles de «temor» ciudadano en Chile alcanzados en 2022 son los mayores en 20 años (28, %), según expuso la abogada Gayle McLean, de la fundación Paz Ciudadana, con sede en Santiago. ¿Quiénes temen mayormente? Mujeres que sufren diferentes formas de violencia de género, e integrantes de la 3ra. y 4ta. edad.

«Sabemos lo que no funciona y sabemos lo que funciona para comenzar a solucionar el incremento de la violencia en Chile», sostuvo McLean: debe trabajarse en «prevención situacional, iluminación, videovigilancia, patrullaje focalizado, prevención comunitaria, participación comunitaria, y fortalecimiento del tejido social».

Oswaldo Zapata, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Antioquia, al comparar la seguridad urbana y rural informó que «en Medellín se ha registrado una disminución de la violencia urbana si se compara con el área rural. Por cada 1 homicidio en Medellín, se registran 4 o 5 en el área rural». De 2.363 homicidios registrados en 2019, Medellín pasó a 1.678, equivalentes a 27 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras en el departamento de Antioquia la cifra es de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes. La capital antioqueña, junto a la ciudad italiana de Bari, durante el encuentro fueron puestos como ejemplos de reducción de la cifra de crímenes violentos.

Datos y subregistros. El Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC) y la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín, son los instrumentos con que se balancea la prevención y la represión, según el informe del especialista Cristian Vargas y la capitana de la Policía colombiana, Laura C. Núñez.

Medellín también es excepcional por lo que ha hecho en materia de datos, así como también lo son México y Brasil. No obstante, en la región no hay datos desagregados para niñas y datos de género. Latinoamérica tiene el porcentaje más alto de subregistro de datos.

Homicidios y desempleo. La Policía de Colombia incorporó al trabajo del observatorio de criminalidad a entidades de la sociedad civil. Allí están la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), que colabora para contrarrestar el crimen cibernético; hay centros de investigación privada; la Universidad del Norte, la Mesa de Violencia de Género - Familiar y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) un centro de pensamiento y acción independiente creado en 1999 por empresarios colombianos.

Las tasas más altas de homicidios se registran en 20 países con más desempleo: Brasil, Honduras, México, El Salvador, Ecuador, Colombia, entre ellos. (B. Mundial, 2020)

No hay asociación definitiva entre desempleo y violencia (Bringas, 2021), pero debe repensarse el tema del empleo para millones de jóvenes: «no solo formar panaderos», se dijo.

Según informe del BID del 2020, 3.5 del PIB de la región se pierden por la violencia: 16,5 billones de USD. Solo en Brasil suman 9.2 billones.

Los países con mayor cantidad de NINIS (ni estudian, ni trabajan) tienen a su vez las mayores tasas de delitos y homicidios (Cepal, 2021). Asumir pobreza con violencia puede estigmatizar. La pobreza puede disminuir, pero la violencia igualmente mantenerse alta. No es definitivo, según Muñoz.

Estado de derecho. Hay sí una correlación negativa entre Estado de derecho y homicidios (B. Mundial, 2020). Cuando existen sistemas judiciales débiles, como en Honduras, menos del 10% de homicidios son resueltos. Ecuador está en el número 18 de hacinamiento penitenciario, y las recientes y reiteradas masacres carcelarias confirman esa situación.

Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, son países con bajo nivel de Estado de derecho y tasas altas de homicidios, se destacó durante una de las sesiones.

Hace 25 años que desde la academia viene advirtiéndose sobre la necesidad de modificar las prácticas arbitrarias de los agentes estatales desde que «los pobres siguen siendo las victimas predilectas de la violencia, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos». («La efectividad de la ley y los desfavorecidos en América Latina»- Proyecto América Latina 2000, realizado en 1997, Editorial Paidós).

En este seminario de noviembre 2022, se constató que en Venezuela 1/3 de los homicidios han sido cometidos por fuerzas del orden. Y que en Colombia, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional, entre el 2018 y el 2020, hubo 697 civiles muertos con armas de fuego presuntamente por acción de la fuerza policial. Y, según otros datos, en Brasil, entre 2018 y 2020, 5.500 personas fueron asesinadas por la policía cada año. En 2021 esa cifra asciende a 6.400.

El 0.5% de la población regional es responsable del 75% de los homicidios cometidos en Latinoamérica. «Hay que focalizar el trabajo en ese segmento», es una de las muchas conclusiones a que arribaron los expertos. Y en ese campo, México, a través de Samuel González Ruiz y José Enríquez aportaron un completo enfoque sobre la utilización de los datos con base a diferentes programas de software. «Producimos data y producimos conocimiento basado en esos datos, con gráficos y mapas que documenten nuestra investigación», dijo Enríquez quien presentó el caso de Ciudad Juárez. En esta ciudad mexicana «los delincuentes no residen en el foco de violencia. Se alojan en otros puntos de la ciudad. Ese dato surge de confrontar direcciones de los delincuentes con los sitios donde se producen los delitos violentos» y esa claridad permite centralizar la labor preventiva y represiva.

«Los datos y la información deben generar preguntas y supuestos, no respuestas. Hay que validar las hipótesis», advirtió el especialista en informática.

González Ruiz, —correlator de la Convención de Palermo patrocinada por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, adoptada en 2000— destacó que «en Ciudad México los delitos se resuelven por las videocámaras. Se disminuyó el 50% de los delitos graves. Miles de cámaras en las calles de la ciudad» y destacó la importancia de «abrir los datos» sobre criminalidad en un país, para realizar diagnósticos certeros. Así, por ejemplo, se puede saber que «en México el 75% de los delitos son responsabilidad de los gobernadores, no del presidente del país». Cuatro estados: Colima, Zacatecas, Morelos, Baja California, cargan con todo el peso de los homicidios registrados en los 32 estados el país más Ciudad de México.

«Los jueces requieren apoyo popular», decía Falcone, el fiscal antimafia italiano asesinado y que fuera profesor de González Ruíz. La cita apunta a la necesidad de integrar a la comunidad en la labor preventiva, subraya quien, como funcionario de la Procuraduría de México (1995-1999), también trabajó con la fiscal Carla de Ponte, ex jefa del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y para la antigua Yugoslavia

«Aumentar salarios a policías, jueces, fiscales por sí mismo no sirve, ya lo dijo el Banco Mundial hace 25 años» sostuvo, e hizo énfasis en que no se trata de cuánto dinero se invierta en prevención, represión y sanción, «mucho más importante es saber cómo utilizarlo a ese dinero». González Ruíz sostiene que «la omertá solo se puede romper desde adentro de la organización criminal» y «es desde abajo a arriba que debe planificarse la estrategia contra el crimen organizado».

«Cuando asume Andrés López Obrador, la Policía Federal de México administraba el secuestro en el país. Esperaba a que los secuestradores llegaran al secuestro número 7 para hacerse con el botín pagado por las familiares de las víctimas», dice González Ruíz para ejemplificar el grado de corrupción policial.

«López Obrador le quita en 2019 a la Policía Federal la potestad de actuar y se la pasa a los militares. Lo que ha sido muy criticado, pero fue la única forma de acabar con esa corrupción», afirma.

Y detalló casos concretos que se desmarcan de la media nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, actualmente ubicada en 27. «El estado de Durango logró cambiar el circulo vicioso por un círculo virtuoso. A octubre 2022, Durango cuenta con 10.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En Coahuila se logró bajar la tasa de homicidios a 4.6 por cada 100 mil habitantes». En Yucatán la tasa era de 36 homicidios por cada 100 mil en 1997. Hoy es de 2. por cada 1000 mil hablantes.

Brasil. El delegado de la Policía Federal de Brasil en Bogotá, Wellington Santiago, destacó que en 2022 esa institución policial que actúa después de cometido el delito, llevaba 60.000 casos adelantados y que la tasa de resolución anual es del 82,36%. Con base a la recolección de datos, el sistema informativo y las herramientas de inteligencia utilizadas. Santiago informó que, en materia de delitos ambientales, Brasil cuenta con 36 satélites de monitoreo sobre Amazonas.

Las restantes intervenciones por países fueron desarrolladas por la abogada Vilma Vaquerano (El Salvador) y el sociólogo Javier Donnangelo (Uruguay).

Vaquerano presentó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, un instrumento para la recopilación, análisis, información, intercambio y difusión sobre la violencia y delincuencia que atentan contra la seguridad de las mujeres. Toma en cuenta indicadores de educación, inclusión, inclusión financiera, acceso a las TICS, toma de decisiones, seguimiento, Justicia y discriminación de hecho. Uno de los datos elocuentes es que 60% de mujeres en El Salvador son NINI.

El uruguayo Donnangelo, director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad (ONVC), del Ministerio del Interior de Uruguay, explicó paso a paso cómo la metodología de recopilación de datos de víctimas de homicidios a través de sus redes sociales, permitió llegar a una conclusión certera que determinó «un cambio de foco en la investigación policial».

En San Carlos, una población del este uruguayo de 33 mil habitantes, la tasa de homicidios pasó de 6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2013, gobierno de José Mujica, a una cifra de dos dígitos en 2016, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Como en otros países de la región, el inusual incremento de homicidios violentos se debía aun un enfrentamiento de bandas dedicadas al narcomenudeo. La lucha de 21 camarillas por el control territorial de una pequeña ciudad generó ese nuevo contexto homicida, que también hoy sacude sociedades de la región tradicionalmente menos violentas.

Nuevo pacto social. La variable con mayor asociación positiva con el homicidio es la desigualdad. (Caro y Rojido, 2017) ¿Dónde reside la mayor vinculación con la violencia? En la desigualdad existente en la región, la mayor del mundo, que, además, es heredada, según último informe del banco de desarrollo de América Latina (CAF). Del estudio de las economistas Lucila Berniel y Dolores de la Mata, surge la impostergable necesidad de llegar a un nuevo pacto social en Latinoamérica.

Conclusión a la que también arribaron los participantes del encuentro de RIOPAZ como surge de la Declaración de Medellín suscrita el 19 de noviembre de 2022.

Lo reafirmó no hace mucho la actual directora del FMI, Kristalina Georgieva: «Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva.  En el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico».

Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Redactor Especial del Portal Análisis Latino
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
 
 
 

 
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