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Monitoreo de la gobernabilidad democrática

5 de octubre de 2010

Nuevo invitado a su mesa: el proyecto Recalde

La iniciativa de Recalde consiste en distribuir el 10% de las utilidades de todas las empresas del país entre sus trabajadores, lo cual, en un primer momento, puede ser “música” divina para los oídos de las personas que trabajan en relación de dependencia para las empresas. Pero no todo lo que reluce es oro.
Por Pablo E. Guido

Lo relevante cuando uno percibe un ingreso es la cantidad de bienes y servicios que podamos adquirir con el mismo, es decir, hablamos del ingreso en términos reales. ¿Qué es lo que determina que la capacidad de compra promedio de un argentino sea la mitad que la de un neozelandés o la cuarta parte de un noruego? ¿Qué es lo que hace que el ingreso promedio de un residente en Argentina sea el doble que el de un chino o cuatro veces mayor que el de un indio?

El empresario está dispuesto a pagarle un salario a una persona porque “tiene sentido” hacerlo. Es decir, porque supone que abonándole a una persona un salario, obtendrá un ingreso por la venta de bienes o servicios que, a su vez, genere una rentabilidad mayor al costo del capital. Si abono un salario de $1000 mensuales a Juan es porque creo que lo producido por Juan me va a generar un ingreso que, deducidos los costos de producción, me traerá una rentabilidad de, por ejemplo, 10%, superior a un costo de oportunidad del capital (la mejor alternativa de inversión que tendría para asignar mis recursos de capital) de, por ejemplo, 5%.

Si esa alternativa de inversión, por ejemplo un plazo fijo, aumenta al 12% entonces no me conviene continuar con el negocio actual y, por ende, seguir pagando el salario a Juan. Por otro lado, cuanto mayor es la productividad lograda por Juan (en base a mejores maquinarias, equipos, tecnología y/o capacitación) mayor será la rentabilidad obtenida por la empresa. Si el mercado es competitivo (ninguna o pocas barreras legales para que nuevos competidores ingresen al mercado atraídos por la mayor rentabilidad del negocio) entonces los salarios deberán subir al incrementarse la demanda de servicios laborales provocada por los nuevos oferentes.

Una vez entendido cómo se determinan los salarios en la economía, puede deducirse que el proyecto de ley presentado por el diputado Héctor Recalde, afectará el nivel real salarial de la población.

La iniciativa de Recalde consiste en distribuir el 10% de las utilidades de todas las empresas del país entre sus trabajadores, lo cual, en un primer momento, puede ser “música” divina para los oídos de las personas que trabajan en relación de dependencia para las empresas.

Pero no todo lo que reluce es oro. Supongamos que la empresa X tiene una rentabilidad del 10% y, como consecuencia de la ley, se le reduce al 8%. ¿Qué puede suceder? Varias cosas: que la empresa evalúe que esa tasa de rentabilidad no compensa el riesgo de operar en la Argentina (despidiendo así a los trabajadores y dejándolos sin ingresos); que intente compensar dicha rebaja de rentabilidad mediante otra ley, trasladándole este mayor costo a otro sector de la economía (un arancel que proteja el mercado, un crédito subsidiado del gobierno, menor carga tributaria, etc., que “alguien” en el sector privado tendrá que pagar, con lo que se reduce el ingreso de “alguien” en el sector privado); que decida reducir la inversión presente dado el menor nivel de rentabilidad, afectando así las ganancias futuras de la empresa y generando cada vez menos bienes (afectando así a los consumidores del producto); que intente compensar esta menor rentabilidad mediante el recorte de beneficios salariales y no salariales a los trabajadores que vayan siendo contratados en el futuro por la empresa.

Hay que agregar que el proyecto Recalde obliga a las empresas a presentar información de las mismas a los sindicatos, para de esa manera ser controladas y que no presenten balances contables con cifras diferentes a las reales.

En síntesis, el proyecto es una norma más encuadrada en la línea populista, es decir, consumirse el stock de capital para beneficiar en el corto plazo a algún grupo. Con la consecuencia, en el mediano y largo plazo, de una menor capitalización de la economía y, por lo tanto, menores niveles de productividad que terminarán afectando los ingresos de aquellos que se decía beneficiar, a los mismos trabajadores.

La Argentina es un país que en las últimas siete u ocho décadas ha venido, en términos generales, generando un marco institucional poco amigable para el establecimiento de inversiones de riesgo. Dada la inseguridad jurídica que enfrentan todos aquellos que quieran arriesgar su capital en el país, las tasas de rentabilidad que compensan dicho riesgo tienen que ser cada vez más elevadas. Y esas altas tasas de rentabilidad solo pueden ser obtenidas si el “calor” del gobierno es más cercano, es decir, si se obtienen privilegios que permiten “tener la vaca atada”.

Por eso observamos por doquier mercados cerrados para los empresarios nacionales, protegidos por altísimas barreras arancelarias o políticas de tipo de cambio alto; regulaciones a favor de sectores de la economía específicos que obligan a los consumidores a adquirirles a algunos empresarios determinados bienes o servicios; la búsqueda incesante por parte de los empresarios de créditos subsidiados por el gobierno para mejorar sus costos financieros o la presión de lobby de muchos otros para que su sector o empresa esté exenta del pago de determinados tributos.

Si comparamos el período 2006-2009 con el lapso entre 1996-2000 nos encontramos que en latinoamérica la Inversión Extranjera Directa aumentó un 50%, pero para Argentina retrocedió un 42% en el mismo período (datos de la CEPAL). La inversión extranjera per cápita en la Argentina, durante los años que van desde el 2004 al 2008, fue de 145 dólares. Para el mismo período, países con tamaños de sus economías mucho menores que el nuestro tenían montos mayores: Costa Rica (323 dólares), Chile (636 dólares), Colombia (173 dólares).

Las políticas de redistribución de ingresos y patrimonios, como la que impulsa Recalde y es apoyada en líneas generales por el amplio espectro político del país, no hacen otra cosa que reducir la probabilidad de lograr bajar la pobreza en el país y mejorar los salarios reales. Este tipo de proyectos ocultan el objetivo confiscatorio sobre aquellos individuos que todos los días se levantan en el país para intentar generar riqueza, a pesar de las dificultades propias de la vida.

Pablo Guido es analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

 

Pablo E. Guido
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