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29-12-2015Sabbatella y otra «resistencia» sin futuro
(TN) Aun antes de considerar lo faccioso y abusivo que ha sido su comportamiento, las muchas veces que violó la misma ley de medios que tan fervorosamente abraza, manipulando vergonzosamente trámites y concesiones, la ilegitimidad que derramó sobre su capacidad de ejercer dicha función al convertirse en candidato a vicegobernador bonaerense, al liderar una fuerza partidaria que colonizó vergonzosamente las oficinas a su cargo, y lo brutal y ofensivo que ha sido en todas sus apariciones públicas, hay que decir entonces que a Sabbatella no lo asiste derecho alguno a seguir en el cargo que ejercía.Por Marcos Novaro
(TN) Quienes sin caer en la fraseología y el fanatismo de la “lucha contra los medios hegemónicos” defienden la continuidad de Sabbatella y compañía en la AFSCA suelen aludir a la supuesta inconveniencia, o a la lisa y llana ilegitimidad, de que se interrumpa un mandato avalado por la llamada ley de medios a través de un decreto presidencial.
El argumento aparentemente tiene el respaldo de una elemental lógica jurisdiccional: una ley debe valer más que un decreto. Pero sólo aparentemente.
En primer lugar porque la ley en cuestión y su órgano de aplicación fueron reglamentados por medio de un decreto presidencial, que sí puede ser modificado por otro decreto de similar naturaleza. Que es lo que está haciendo el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones: no toca la ley, sino su reglamentación, para cambiar la jurisdicción de la AFSCA e intervenir su directorio.
En segundo lugar porque Sabbatella y los demás miembros del directorio que siguen en funciones y se alinean disciplinadamente detrás suyo incurrieron en tantas violaciones de esa ley y del derecho administrativo en general en estos años que cabe apelar a la necesidad y urgencia para poner freno cuanto antes a sus desatinos y desmanes.
Y en tercer lugar porque aunque la ley de medios fuera declarada constitucional por la Corte Suprema unos años atrás, en un fallo dividido que no es precisamente un dechado de racionalidad jurídica, pero es una resolución de mayoría al fin, a raíz de las últimas elecciones y del cambio de gobierno, se han modificado las condiciones básicas para su aplicación. Por lo que no hay que descartar que el tema deba volver a analizarse en ese ámbito. A lo que puede que esté apuntando precisamente el Ejecutivo nacional con su intervención del organismo de aplicación.
Para ilustrar este último punto basta considerar lo absurdo e inaplicable que se han vuelto los criterios enunciados en la ley para conformar el directorio de la AFSCA: se establece allí que el mismo estará compuesto, entre otros, por representantes de las mayorías y las minorías parlamentarias, que tendrán una duración en el cargo, igual que el director del organismo, que trascenderá los cambios que eventualmente se produzcan tanto en esas mayorías y minorías, como en el Ejecutivo Nacional.
Con lo cual, al menos durante parte de sus mandatos, estos representantes dejarán de tener relación con aquellos a quienes representan, pues muy probablemente, como ha sucedido en este caso, las relaciones de fuerza entre las bancadas habrán cambiado.
De allí que los representantes de quienes eran minorías legislativas en el momento de conformarse el primer directorio del organismo, Marcelo Stubrin y Gerardo Millman, hayan tenido el buen tino de renunciar a sus cargos. Carece de toda lógica suponer que lo que vale para ellos no vale para Sabbatella, quien fuera designado por Cristina Kirchner, con el respaldo de una mayoría que ya no existe.
Aun antes de considerar lo faccioso y abusivo que ha sido su comportamiento al frente de ese organismo, las muchas veces que violó la misma ley de medios que tan fervorosamente abraza, manipulando vergonzosamente trámites y concesiones, la ilegitimidad que derramó sobre su capacidad de ejercer dicha función al convertirse en candidato a vicegobernador bonaerense, al liderar una fuerza partidaria que colonizó vergonzosamente las oficinas a su cargo, y lo brutal y ofensivo que ha sido en todas sus apariciones públicas, hay que decir entonces que a Sabbatella no lo asiste derecho alguno a seguir en el cargo que ejercía. Por más que algunos artículos de la ley de medios y el decreto reglamentario de 2009 que la puso en funcionamiento parezcan avalarlo.
Sucede a este respecto algo que ya se ha podido comprobar en muchos otros terrenos que pretendió regular la desgraciada ley en cuestión: que ella está tan mal concebida y redactada, que resulta por completo imposible usarla para determinar con claridad derechos y obligaciones, límites y atribuciones.
Se vuelve por ello inevitable que, si antes no la reforma de raíz el Congreso, o directamente la reemplaza con una nueva norma general para todo el sector de las comunicaciones, deba volver a consideración de la Corte. Que esperemos esta vez no falle condicionada por ninguna presión ni amenaza de asalto a los tribunales, ni compelida por ninguna “democratización de la justicia” que nuble su juicio.
Marcos NovaroConsejero AcadémicoEs licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Teoría Política Contemporánea” en la Carrera de Ciencia política y columnista de actualidad en TN. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) y "Dinero y poder, la difícil relación entre empresarios y políticos en Argentina" (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2019).
(TN) Quienes sin caer en la fraseología y el fanatismo de la “lucha contra los medios hegemónicos” defienden la continuidad de Sabbatella y compañía en la AFSCA suelen aludir a la supuesta inconveniencia, o a la lisa y llana ilegitimidad, de que se interrumpa un mandato avalado por la llamada ley de medios a través de un decreto presidencial.
El argumento aparentemente tiene el respaldo de una elemental lógica jurisdiccional: una ley debe valer más que un decreto. Pero sólo aparentemente.
En primer lugar porque la ley en cuestión y su órgano de aplicación fueron reglamentados por medio de un decreto presidencial, que sí puede ser modificado por otro decreto de similar naturaleza. Que es lo que está haciendo el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones: no toca la ley, sino su reglamentación, para cambiar la jurisdicción de la AFSCA e intervenir su directorio.
En segundo lugar porque Sabbatella y los demás miembros del directorio que siguen en funciones y se alinean disciplinadamente detrás suyo incurrieron en tantas violaciones de esa ley y del derecho administrativo en general en estos años que cabe apelar a la necesidad y urgencia para poner freno cuanto antes a sus desatinos y desmanes.
Y en tercer lugar porque aunque la ley de medios fuera declarada constitucional por la Corte Suprema unos años atrás, en un fallo dividido que no es precisamente un dechado de racionalidad jurídica, pero es una resolución de mayoría al fin, a raíz de las últimas elecciones y del cambio de gobierno, se han modificado las condiciones básicas para su aplicación. Por lo que no hay que descartar que el tema deba volver a analizarse en ese ámbito. A lo que puede que esté apuntando precisamente el Ejecutivo nacional con su intervención del organismo de aplicación.
Para ilustrar este último punto basta considerar lo absurdo e inaplicable que se han vuelto los criterios enunciados en la ley para conformar el directorio de la AFSCA: se establece allí que el mismo estará compuesto, entre otros, por representantes de las mayorías y las minorías parlamentarias, que tendrán una duración en el cargo, igual que el director del organismo, que trascenderá los cambios que eventualmente se produzcan tanto en esas mayorías y minorías, como en el Ejecutivo Nacional.
Con lo cual, al menos durante parte de sus mandatos, estos representantes dejarán de tener relación con aquellos a quienes representan, pues muy probablemente, como ha sucedido en este caso, las relaciones de fuerza entre las bancadas habrán cambiado.
De allí que los representantes de quienes eran minorías legislativas en el momento de conformarse el primer directorio del organismo, Marcelo Stubrin y Gerardo Millman, hayan tenido el buen tino de renunciar a sus cargos. Carece de toda lógica suponer que lo que vale para ellos no vale para Sabbatella, quien fuera designado por Cristina Kirchner, con el respaldo de una mayoría que ya no existe.
Aun antes de considerar lo faccioso y abusivo que ha sido su comportamiento al frente de ese organismo, las muchas veces que violó la misma ley de medios que tan fervorosamente abraza, manipulando vergonzosamente trámites y concesiones, la ilegitimidad que derramó sobre su capacidad de ejercer dicha función al convertirse en candidato a vicegobernador bonaerense, al liderar una fuerza partidaria que colonizó vergonzosamente las oficinas a su cargo, y lo brutal y ofensivo que ha sido en todas sus apariciones públicas, hay que decir entonces que a Sabbatella no lo asiste derecho alguno a seguir en el cargo que ejercía. Por más que algunos artículos de la ley de medios y el decreto reglamentario de 2009 que la puso en funcionamiento parezcan avalarlo.
Sucede a este respecto algo que ya se ha podido comprobar en muchos otros terrenos que pretendió regular la desgraciada ley en cuestión: que ella está tan mal concebida y redactada, que resulta por completo imposible usarla para determinar con claridad derechos y obligaciones, límites y atribuciones.
Se vuelve por ello inevitable que, si antes no la reforma de raíz el Congreso, o directamente la reemplaza con una nueva norma general para todo el sector de las comunicaciones, deba volver a consideración de la Corte. Que esperemos esta vez no falle condicionada por ninguna presión ni amenaza de asalto a los tribunales, ni compelida por ninguna “democratización de la justicia” que nuble su juicio.
