La ONU hace responsable en parte al crimen organizado. Sin embargo, también acusa a distintas «autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la policía y algunas partes del Ejército», que han actuado a partir de intereses personales y propios como también en conjunto con el crimen organizado.

Por Lucía Borello Taiana

México vive desde hace décadas bajo la inseguridad y el narcotráfico. Todas las semanas hay asesinatos a manos del crimen organizado en distintos estados, y esta no fue la excepción. La noche del pasado miércoles 10 de mayo, día de la madre en México, fue asesinada la defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez en su departamento en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas (noreste de México).

Karen Alejandra, su hija, fue secuestrada en 2012. Tras su desaparición, Rodríguez se transformó en activista. En 2014, encontró los restos de Karen, asesinada por miembros de Los Zetas, en una fosa clandestina. Los asesinos fueron encarcelados a partir de la información que la activista les proveyó a autoridades de la policía.

Luego, Rodríguez Martínez continuó contribuyendo con organizaciones de familiares de desaparecidos a pesar de haber develado el triste misterio del paradero de su hija, creando el Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando. Desde 2014, Rodríguez se ha convertido en una de las figuras y voces más reconocidas de la búsqueda de personas desaparecidas mexicanas, tanto en su país como en el resto del mundo.

La Procuraduría General de la República de México manifiesta que Tamaulipas se ubica entre los estados con mayor cantidad de desaparecidos en el país. Muchas de las desapariciones se deben a enfrentamientos y rivalidades entre bandas de narcos de la zona. Activistas como Rodríguez se han convertido en target para el crimen organizado por combatir la violencia. Esta madre luchadora había sido amenazada en diversas oportunidades y sabía que su vida corría peligro. Según la BBC, la víctima había pedido protección a diferentes instituciones como “la Procuraduría (fiscalía), la Secretaría de Seguridad Pública y la Gobernación estatal”.

Si bien no existen cifras exactas, la agrupación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos calcula que el número real de víctimas podría llegar a superar los 300.000 casos. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el asesinato de la activista "confirma el incumplimiento de las autoridades para proveer seguridad y prevenir violaciones a los derechos humanos de quienes luchan por su defensa".

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado repudiando el asesinato de la activista y en el cual exige justicia a las autoridades. Asimismo, la ONU-DH llamó a investigar el caso “con perspectiva de género y que no quede en la impunidad”.

Las Naciones Unidas no encuentra casual que el asesinato haya ocurrido en el Día de la Madre, ya que considera esa fecha como un “emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas”, por lo que es “escalofriante” la elección del día para matar a Rodríguez. Amnistía Internacional también demanda que se investigue el caso de manera profunda y objetiva.

Este no fue el único asesinato brutal de la última semana. El lunes 15 de mayo, el conocido periodista y escritor mexicano Javier Valdez fue asesinado a balazos mientras se dirigía en su auto hacia la redacción del medio en donde trabajaba en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Su cuerpo fue hallado a plena luz del día tendido en medio de la calle. Sus colegas sospechan que el Cártel de Sinaloa es el responsable de su muerte, ya que Valdez los investigaba de manera incisiva. El fundador del portal Ríodoce y reportero de La Jornada era especialista en temáticas de seguridad y narcotráfico y ha publicado libros como “Narcoperiodismo”, en el que se narran historias de periodistas que han sido víctimas del escenario violento mexicano, e incluso ha escrito novelas como “Miss Narco”.

El constante ataque a los periodistas ha causado que los profesionales de este oficio tengan terror constante al tratar temas relacionados al narcotráfico. Hay periodistas o incluso medios que ya no publican noticias acerca de los narcos o por lo menos sobre los carteles de su región.

El Committee to Protect Journalists (CPJ) publicó en abril un informe titulado “Editado por capos del narcotráfico”, en el que analiza la situación en México y sugiere que los narcos se han convertido en invisibles e indirectos editores de los distintos medios de comunicación. Con la muerte de Valdez, son seis los periodistas asesinados en lo que va de 2017. Por otro lado, la ONU-DH en su último Exámen Periódico Universal sobre México (2015), se manifiesta preocupación acerca de “altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.

Incluso hay estados, como Veracruz, que a pesar de mayores medidas de seguridad y más policías en la vía pública, han tenido un incremento en crímenes con respecto a los primeros meses del año pasado. Además, en el informe se afirma que “estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver”.

La ONU hace responsable en parte al crimen organizado. Sin embargo, también acusa a distintas “autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la policía y algunas partes del Ejército”, que han actuado a partir de intereses personales y propios como también en conjunto con el crimen organizado.

De esta manera, las Naciones Unidas consideran que el poder de estos grupos de criminales debilitan y desvalidan ciertas instituciones claves en algunas regiones. Debido a estas razones, la ONU-DH hace hincapié en que se tomen cuatro medidas claves en las que se encuentran el fortalecimiento de las procuradurías para “asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo”. A su vez, fortalecer en carácter de urgente “la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones” a partir de “las obligaciones de derechos humanos” incluyendo a la legalidad en el uso de la fuerza.

Asimismo, en el informe, el Alto Comisionado de la ONU realiza una serie de catorce recomendaciones al estado de México, para mejorar en materia de derechos humanos y seguridad. Entre estas, se encuentra la adopción de “leyes generales sobre tortura y desaparición forzada” a partir ciertos modelos internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta la opinión de víctimas y familiares de las mismas, como de organizaciones, como puede ser el caso de activistas como lo era Rodríguez. Y luego poder tener una implementación exitosa a nivel nacional y estatal de las leyes.

En conclusión, como bien manifestó la ONU en 2015, el gobierno mexicano debe tomar medidas para contrarrestar los hechos de inseguridad y de violación de los derechos humanos para devolverles la calidad de vida a sus ciudadanos. Un buen comienzo sería el intentar aplicar la serie de recomendaciones otorgadas por la ONU-DH, y empezar a investigar casos como el de Rodríguez y proveer a los medios de comunicación y a los periodistas un respaldo seguro para poder ejercer su profesión con tranquilidad.

Lucía Borello Taiana

Lucía Borello es estudiante de periodismo en la Universidad del Salvador (USAL) y pasante de CADAL como colaboradora en el portal Análisis Latino.