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Libertades restringidas: el informe de la SIP sobre Cuba y la multa a la periodista Camila Acosta
6 de abril de 2020
El reciente documento evidencia la represión presente en el país. En línea, el Índice de Libertad de Internet de Freedom House da cuenta de que en la Isla persisten la censura, la baja conectividad y los elevados costos en el soporte virtual.
Por Victoria Ariagno
@victoriaariagno
Camila Acosta en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó el martes 31 de marzo su Informe sobre la Libertad de Prensa en Cuba. El documento analiza el período desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, incluyendo numerosos casos que evidencian la persistencia de la represión en el país. El texto fue elaborado por Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente para la Isla de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP que, gracias a la contribución de trabajadores de la prensa cubana, logró detectar el panorama sobre la situación actual de la libertad de prensa local.

El papel del gobierno sigue siendo monopolizador, negador de toda individualidad y diferencia; y, operando a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), consigue el manejo casi absoluto del uso de las redes de conectividad en el país. A punto tal que diversos medios de comunicación, como la señal Televisión Martí, otros canales producidos en el exterior, y también sitios webs relacionados al periodismo, como La Joven Cuba, OnCuba y El Toque, son constantemente vigilados y censurados.

Las telecomunicaciones y el acceso a Internet son herramientas que el Estado considera armas letales contra la integridad de la nación. Con ese pretexto, arrollador de toda dignidad humana, persisten los amedrentamientos contra periodistas y todo tipo de persona que pueda estar vinculada directa o remotamente a actos de tal índole.

Cuba, junto con Venezuela, califica como un país “No Libre” en el Índice de Libertad de Internet de Freedom House, porque, aun a pesar de haber mejorado la infraestructura técnica, “persisten la censura, la baja conectividad y los elevados costos” en el ámbito virtual, como investigó recientemente la organización Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Al tener cooptados también todos los poderes, la Justicia juega ciegamente a favor de sus gobiernos, habilitando así la impunidad total de las agresiones. Arrestos arbitrarios, amenazas e incluso asesinatos son la moneda corriente de estos regímenes.

Lejos de todo estándar internacional en la materia que sea, resultan especialmente atroces las condiciones en las que se da el tratamiento hacia las personas presas: hacinamiento, iluminación escasa o nula y otras características se asemejan a lo que se define como tortura.

Las modalidades de agresión a periodistas son cada vez más diversas y reforzadas: son corrientes las amenazas en forma de “actas de advertencia”, cuya acumulación puede llevar al encarcelamiento.

También es común la emisión de multas por causas diversas, como recibió la periodista independiente Camila Acosta quien, por sus publicaciones en la red social Facebook, recibió el viernes 27 de marzo un castigo tal, con motivo de “violación del Inciso i, del Decreto Ley 370 del Código Penal de Cuba”.

Su caso tuvo resonancia dentro de la comunidad de asociaciones en defensa de los derechos humanos y civiles, y alrededor de diversos medios periodísticos como Cibercuba.com y 14ymedio.com. En tanto, tras ser interrogada por cuatro personas (una capitana y tres inspectores del Ministerio de Comunicaciones), fue acusada de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Por tal motivo, recibió una multa de 3 mil pesos (aproximadamente unos 100 dólares) y la incautación de su celular. Su móvil ya había sido retenido el 9 de marzo, cuando fue encarcelada por violar dicho inciso al participar de una protesta por la liberación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara -detenido durante 12 días en la prisión de Valle Grande, en La Habana-.

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) viene rastreando desde hace ya unos meses las acusaciones que recibe la periodista en su contra, por el solo hecho de cumplir con su labor comunicativa, sobre la cual debería disponer de total libertad y protección ante cualquier silenciamiento.

En su descargo a través de la web cubanet.org, la periodista reclamó especial atención a la amenaza que recibió por parte de un oficial de la Seguridad del Estado, de nombre Alejandro. Le aclaró: “contigo va a ser al duro y sin guante” y “sabemos que tus abuelos están delicados de salud, y lo que les pase a ellos a partir de ahora será tu culpa”, en referencia a una continuidad en la vigilancia que recibirá no sólo Acosta, sino todo su círculo íntimo.

Más aun, siguiendo órdenes de superiores, el oficial le puso una advertencia por “violación de domicilio”, por ser considerada una transeúnte ilegal en La Habana. Es algo curioso, dado que Acosta, según sus palabras, dispone de domicilio en La Habana, por lo que la acusación es completamente injusta y despótica.

La periodista, graduada de la Universidad de La Habana, consideró el cobro del dinero como “un impuesto por hacer periodismo”, en burla a la dictatorial medida y aseguró no haber firmado ningún documento, ni siquiera la multa.

Respecto del caso del artista Otero Alcántara, detenido por el supuesto delito de daños a la propiedad, él mismo proclama que su liberación significó un ejercicio de civilidad para Cuba. Es la evidencia de cómo la sociedad civil cubana se está organizando, puesto que esto fue producto de la presión por un grupo de artistas cubanos que levantaron su voz en las redes sociales.

Otras modalidades de violación de todo tipo de pluralidad se dan en forma de ciberbullying hacia grupos específicos, como lo es la comunidad LGBTI y periodistas de ésta, como Nelson Álvarez Mairata, Zekie Fuentes, Lien Estrada y Maykel González Vivero. “El acoso también se extiende a las fuentes” menciona el informe, hacia personas que conceden entrevistas a medios tildados de disidentes al régimen. La confiscación de medios de trabajo es otra forma con la que el gobierno se maneja para desabastecer a los comunicadores y dejarlos sin posibilidades de seguir emitiendo contenido que pueda “generar disturbio social o molestar a las autoridades”.